El informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas que analiza los gastos del Gobierno de Lakua durante el año 2019 contiene un tirón de orejas al Ejecutivo, puesto que han encontrado deficiencias en contratos y subvenciones que, en conjunto, suman 625,1 millones de euros. De ellos 439,7 corresponden a licitaciones públicas con carencias en su tramitación, mientras que los restantes 185,3 millones se deben a distintos tipos de subvenciones que también presentan algún tiempo de contradicción con la legalidad.

El documento, recientemente remitido al Parlamento, arranca ya con un apartado dedicado al «cumplimiento de la legalidad» en el que se recoge que dos expedientes adjudicados de forma directa por 325.558 y 255.028 euros, respectivamente, se tramitaron por un procedimiento excepcional de emergencia sin que quede debidamente justificada la utilización de dicho procedimiento.

Pero el TVCP incide más en que los Consejos de Gobierno de 11 de junio de 2019 y 2 de junio de 2020, mediante un procedimiento excepcional, asumieron la fiscalización jurídico-económica favorable de gastos por importe de 50,9 millones de euros, que fueron informados negativamente por la Oficina de Control Económico del propio Ejecutivo autonómico.

Según recoge el informe, «los principales incumplimientos han sido realizar las prestaciones sin tramitar el oportuno expediente contractual y sin observar los principios de publicidad y concurrencia que hubieran correspondido conforme a lo establecido en la normativa contractual. La Administración había hecho efectivo el pago de estas obligaciones con anterioridad a la autorización contenida en dichos acuerdos».

Por lo demás, el TVCP señala que, «en nuestra opinión, excepto por los incumplimientos anteriormente descritos, la Administración General de la CAPV ha cumplido razonablemente, en el ejercicio 2019, la normativa legal que regula su actividad económico-financiera».

573,5 millones «razonables»

Según este último párrafo del TVCP, se podría entender que el resto de contratos y subvenciones en los que el propio órgano fiscalizador refleja la existencia de «deficiencias» y que suman, al menos, 573,5 millones de euros, entran dentro del «cumplimiento razonable» de la ley.

Por ejemplo, el informe recoge que en el tramo Urnieta-Hernani y en el tramo Hernialde-Zizurkin, adjudicados por un importe de 301,4 millones de euros, la aprobación del modificado superó en 70 y 29 meses, respectivamente, (es decir, casi seis meses y casi dos años y medio) los plazos legales. Por otra parte, en un total de nueve expedientes, adjudicados por 54,8 millones de euros, no consta la publicación del contrato en el perfil del contratante.

De los 20 expedientes adjudicados antes de 2019, pero con incidencia en este año, en nada menos que la mitad, en 10, hubo algún tipo de deficiencia. Y de los 23 seleccionados entre los adjudicados en 2019, el TVCP descubre defectos en un total de 16. Esto supone que un 69,5% de los expedientes contienen deficiencias.

Contratos menores excesivos

El TVCP también informa de que en 128 contratos menores para la adquisición de bienes y servicios, por valor de 1,1 millones de euros, se han adjudicado de forma directa, cuando por su importe deberían haberse realizado por procedimiento abierto. Más de la mitad, 67, son del Departamento de Seguridad.

En otros 2,8 millones de euros, correspondientes a 126 contratos de obras menores de Educación, contempla que se han dividido para que no tener que someterlos a concurrencia o que, al menos, deberían haberse agrupado. El TVCP también observa deficiencias por valor de 185 millones de euros en subvenciones directas, en subvenciones nominativas y en subvenciones sujetas a concurrencia, que se detallan debidamente en el informe remitido por el organismo fiscalizador al Parlamento.