La portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, y el parlamentario Josu Estarrona, han anunciado este martes la presentación de una ley para evitar las puertas giratorias. Han explicado que «no nos oponemos al legítimo salto profesional a la empresa privada de personas con experiencia en el ámbito público y viceversa. Simplemente, creemos que ese trasvase debe estar regulado y limitado por ley por higiene democrática y responsabilidad política».

Según ha expuesto Maddalen Iriarte, «hace poco interpelamos al lehendakari sobre este tema y nos invitó expresamente a proponer mejoras para prever, controlar y sancionar comportamientos irregulares. Pues bien, hemos recogido el guante».

Ha recordado que las puertas giratorias son «multidireccionales». Por un lado están las grandes empresas que «pretenden aprovechar los contactos y la experiencia de responsables políticos a cambio de una jugosa retribución económica». Pero también hay otras puertas, a modo de agencia de colocación, que en la CAV, son «entendidas como una pieza más de la red clientelar que el PNV ha construido en este país durante años».

Ambas fórmulas suponen, al entender de EH Bildu, «un modelo de relación que entraña un grave peligro: el de supeditar el poder político al económico».

28 artículos y cambios en el Código Ético

Josu Estarrona ha explicado que la proposición que presentan pretende «crear y fortalecer los mecanismos para poner coto a las puertas giratorias y también para detectar y regular los casos de conflicto de intereses». Está compuesta de 28 artículos y modifica también la norma sobre el código ético de los cargos públicos y la comisión que debería velar por su cumplimiento.

Entre otros puntos, la propuesta de EH Bildu extiende las obligaciones en esta materia al campo de las empresas privadas. No solo se establecen condiciones y obligaciones a los sujetos del ámbito público, como hasta ahora. Es decir, no se regulará únicamente lo que puede o no hacer un político que deja un cargo público, sino también, por ejemplo, qué pueden o no hacer Iberdrola o Repsol si quiere contratarlo.

Junto a ello, se da rango de ley al periodo de carencia de dos años y se establece la limitación para los ex cargos públicos en el uso de sus influencias para acceder a consejos de administración después de abandonar las responsabilidades públicas del ámbito de aplicación de esta ley. Estarrona ha señalado que esto es «algo obvio pero no recogido en la legislación actual», poniendo como ejemplo la reciente renovación de la ley del TVCP.

En esta propuesta de ley de EH Bildu también se crea un Órgano Independiente para el Código de Ética y el Buen Gobierno, que actuaría «con plena independencia, pilar indispensable para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta legislación» y que «sustituya a la Comisión Ética actual compuesta por cargos políticos». Sería el organismo «competente para recibir las observaciones, consultas y responsable de emitir acuerdos y elevarlos para resolución a la consejera responsable en función pública», según ha explicado Josu Estarrona.

Los parlamentarios de EH Bildu han recordado que «esta no es la primera propuesta que presentamos en este sentido. Ya propusimos crear una oficina anticorrupción, pero al contrario de la anterior legislatura, el Gobierno se negó a tramitar nuestra iniciativa. Esperamos que en esta ocasión su respuesta sea diferente y admita a trámite la ley que proponemos».