![Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa. (www.elysee.fr)](/media/asset_publics/resources/000/848/922/article_main_landscape/eliseo.jpeg)
Cerca de tres centenares de mujeres que trabajan en el ámbito político y universitario del Estado francés han suscrito un texto que se publica este lunes en el rotativo ‘Le Monde’, en el que denuncian que tres de los candidatos o potenciales candidatos a la Presidencia francesa en los comicios de abril de 2022 «han sido citados en numerosos testimonios de agresiones sexuales».
Resaltan que eso no les impide considerarse «dignos de ocupar la magistratura suprema», lo que a su juicio ilustra «hasta qué punto la condición de las mujeres y de las víctimas les resulta indiferente».
También destacan que entre los 577 diputados de la Asamblea Nacional francesa hay algunos que son «autores de violencias sexistas y sexuales», y recuerdan que en junio del año que viene se celebrarán elecciones legislativas.
En este contexto, estas 285 mujeres defienden que «la política debe asumir sus responsabilidades y descartar a los autores de violencia sexual y sexista de sus filas y ser ejemplar en sus designaciones», ya que son estas personas las encargadas de aprobar leyes y políticas públicas que conciernen al conjunto de la ciudadanía.
Las firmantes apuntan que corresponde a los partidos decidir si nominan o no a un determinado candidato, y sus integrantes deciden si rechazan o dan cobertura a las prácticas denunciadas.
Entre las firmantes hay conocidas figuras de los ecologistas, como la diputada Karima Delli; del Partido Socialista, como la senadora Laurence Rossignol; o de Francia Insumisa, como la diputada Danièle Obono.
También aparece la diputada Delphine Bagarry, que fue elegida bajo las siglas de La République En Marche del presidente, Emmanuel Macron, pero que por diferentes disensiones se ha marchado a un nuevo grupo bautizado como Ecología, Democracia, Solidaridad.
Estas 285 mujeres constatan que en los últimos años ha habido «progresos» en la transparencia financiera de la política y afirman que hace falta algo similar en lo que respecta a la violencia contra las mujeres y los menores. «Garantizar el carácter democrático de nuestra política significa permitir que cualquiera se comprometa en movimientos políticos sin correr el riesgo de ser víctima de violencia sexual y sexista. Significa respetar a las electoras y a los electores. Significa afirmar que la tolerancia cero contra la violencia contra las mujeres y los menores es una línea que no permite ninguna derogación».
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