El Tribunal Supremo español (TS) no ha admitido el recurso de casación que la Generalitat presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ordenaba al Govern garantizar que el castellano sea la lengua vehicular, como mínimo, en el 25% de las materias, por lo que este fallo pasa a ser firme. De este modo, la sentencia obliga a las escuelas a cambiar sus proyectos lingüísticos basados en la inmersión de la Ley de Educación de Catalunya.

Así lo han informado en una rueda de prensa de urgencia este martes el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, y la titular de Cultura, Natàlia Garriga, que han denunciado que esta sentencia que debilita la inmersión lingüística en Catalunya es «un nuevo ataque a los fundamentos de la escuela catalana perpetrado por un tribunal alejado y desconocedor de la realidad de los centros educativos catalanes».

Gonzàlez-Cambray ha añadido que los centros educativo no deberían hacer cambios en sus proyectos lingüísticos: «Confiamos que continuarán trabajando como hasta ahora. El Departamento de Educación continuará a su lado».

Ha recordado asimismo que el modelo lingüístico catalán se ha construido sobre una gran cohesión social que garantiza que todos los alumnos dominen tanto el catalán como el castellano cuando acaban la educación obligatoria.

«Hay que poner de relieve la ausencia de un conflicto real. No estamos ante un conflicto lingüístico, sino de unos tribunales que toman decisiones sin saber lo que pasa en los centros educativos de nuestro país», ha agregado.

Ômnium llama a desobedecer

Òmnium Cultural ha llamado a «agotar todas las vías» para blindar el modelo educativo en Catalunya y, si hace falta, a desobedecer el fallo del TS «que representa un nuevo insulto a la pluralidad cultural y lingüística».

La entidad considera que «esta nueva intromisión injustificable de los tribunales es un ataque intolerable que rompe el consenso alrededor de un modelo de éxito como es la escuela en catalán».

«La escuela catalana no se toca», ha reivindicado el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y ha añadido: «Desde la sociedad civil, defenderemos este gran éxito de país e instamos las instituciones a hacer todo lo que tengan a su alcance para blindar el modelo de escuela, ejemplo de cohesión, y proteger la comunidad educativa. Incluido, si hace falta, desobedecer las leyes injustas».

«Objetivo de aniquilarnos»

La Assemblea Nacional Catalana se ha sumado también a la denuncia de este «ataque» que considera «inadmisible» contra la inmersión lingüística.

«El Estado tiene el objetivo de aniquilarnos como nación y no parará gobierne quien gobierne», ha señalado en redes sociales, al tiempo que ha exigido una «respuesta firme y decidida».

Desde Euskal Herria, Euskalgintzaren Kontseilua ha considerado, en una primera reacción que anuncia que en breve valorará de forma más profunda, que la «injerencia» del Tribunal Supremo español es «muy grave».

Sentencia de 2020

En diciembre del año pasado, el TSJC estimó parcialmente el recurso presentado en 2015 por el Ministerio de Educación español, a través de la Abogacía del Estado, contra varias resoluciones de la Conselleria de Educación de la Generalitat en materia de uso de las lenguas vehiculares en la enseñanza y obligaba a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo de Catalunya.

El Ejecutivo catalán presentó un recurso de casación contra esta sentencia, que no ha sido admitido por el TS.