Un total de 2.952 bienes se ha inmatriculado de la Iglesia de Nafarroa desde el año 1900 y que ocupan en su conjunto una superficie de cuatro millones de metros cuadrados, es decir, de 575 campos de fútbol, según ha explicado en comisión parlamentaria el consejero del Gobierno navarro Eduardo Santos.

Santos ha recordado que, con la recopilación de los datos de inmatriculaciones de la Iglesia de Nafarroa, su departamento estaba cumpliendo con un mandato de la Cámara al respecto y que, de hecho, ha entregado personalmente al presidente del Parlamento, Unai Hualde, aunque el estudio que ha presentado ha ido mucho más lejos de lo previsto para ofrecer una imagen «exhaustiva y sin fragmentación» de esta cuestión.

De hecho, las notas simples que ha ido recopilando a través del Colegio de Registradores de la Propiedad se han remontado hasta el año 1900, para arrojar un total de 2.952 bienes inmatriculados entre ese año y 2015, cuando la Iglesia católica perdió la capacidad de realizar esa inmatriculaciones que poseía en exclusiva gracias a la legislación franquista de 1946 y de la reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por el Gobierno de Aznar en 1998.

En el siglo analizado, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Nafarroa ha explicado que se han producido varios momentos de mayor actividad de inmatriculaciones. El primero en 1931, a los dos meses de la proclamación de la Segunda República española, con 113 bienes. Tras la firma del Concordato con la Santa Sede, entre 1979 y 1981, la Iglesia navarra se inmatriculó 1.329 bienes y tan solo entre 2003 y 2006, un total de 865.

Dentro de la tipología de los bienes inmatriculados, los templos y edificios asimilados son 981, lo que supone el 33% del total, mientras que en el resto figuran terrenos de labranza y campos, espacios forestales, viviendas, frontones, cementerios, asilos y hasta un hórreo, entre un largo etcétera.

La superficie que ocupan esos bienes asciende a 4.107.605 metros cuadrados, el equivalente a 575 campos de fútbol con las dimensiones de El Sadar, ha indicado Santos.

Son bienes que se encuentran situados «a lo largo y ancho de Navarra», ya que están presentes en 267 núcleos de población, con el valle de Esteribar como lugar donde más figuran, con 109, seguido de Iruñea con 87. En general se concentran especialmente en las zonas rurales.

Tomando como referencia las merindades en que se divide el territorio del herrialde, las de Zangoza, Iruñea y Lizarra concentran el 86% de las inmatriculaciones.

¿Y ahora qué?

Una vez realizada esta amplia radiografía de los bienes inmatriculados por la Iglesia en Nafarroa, surge la pregunta de ¿y ahora qué? El consejero ha recordado que la posibilidad de litigar por esas propiedades corresponde a los ayuntamientos, aunque ha reconocido que es una tarea «muy compleja», que incluso se hace más dificultosa porque algunos bienes han sido ya vendidos.

En cualquier caso, el consejero ha mostrado su disposición a colaborar y ayudar a los consistorios y a analizar la posible inmatriculación de bienes comunales, donde el Ejecutivo sí que puede intervenir directamente. Incluso ha anunciado que se está estudiando habilitar partidas presupuestarias para hacer un estudio de estos bienes en concreto con el objeto de determinar cuáles son y «las posibilidades de recuperarlos».

Tras la exposición del consejero, el primer portavoz en tomar la palabra ha sido Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, quien, tras restar importancia a las inmatriculaciones señalando que «no ha existido ningún contubernio para robar los bienes del pueblo», ha reconocido que es posible que se hayan producido «inmatriculaciones incorrectas o irregulares», aunque ha dejado en manos de los tribunales el que se decida la propiedad de los bienes en litigio.

Por el PSN, Magdalena Alegría ha denunciado contundente que «una institución privada ha hurtado parte del patrimonio histórico de nuestro país« y ha abogado por «hacer todo lo que esté en nuestra mano para defender esos bienes» apoyando a los ayuntamientos desde el Gobierno en su empeño por recuperarlos. Una labor por la que también ha apostado Blanca Regúlez Álvarez, de Geroa Bai.

Desde EH Bildu, Arantxa Izurdiaga ha recordado que «hemos tenido que esperar 14 años para conocer los datos» y ha abogado por buscar «una solución global, una solución colectiva» para aquellos consistorios que quieren recuperar bienes que consideran de su propiedad.

Ainhoa Aznarez, de Podemos, ha vuelto a denunciar «el expolio con total impunidad« acometido por la Iglesia gracias a la legislación franquista de 1946 y a la reforma de la Ley Hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar, que posibilitó a la Iglesia inmatricular también los templos. Y, como otros grupos, ha apostado por apoyar a las entidades locales en esta cuestión.

Por último, Marisa de Simón, de I-E, ha destacado que la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia la ha convertido en «la mayor inmobiliaria de Navarra» y que esta «es una cuestión que compete a toda la sociedad, porque la mayoría de esos bienes nos pertenecen».