El Govern de la Generalitat denunciará «en los próximos días» ante el Consejo de Europa el fallo del Tribunal Supremo español que limita la enseñanza del catalán en los colegios, por «vulnerar la Carta Europea de Lenguas Minoritarias», ha revelado este miércoles en Londres la consejera catalana de Acción Exterior, Victòria Alsina.
«El golpe del Tribunal Supremo al modelo de inmersión lingüística, que es un modelo de amplio consenso tanto a nivel político como social y una línea roja que este Gobierno, no está dispuesto a que se cruce, es muy grave», ha declarado a un grupo de periodistas, durante un viaje de trabajo a Gran Bretaña.
«En este sentido, desde mi departamento denunciaremos ante el Consejo de Europa esta vulneración de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias, que en su momento el Estado español ratificó y que incumple sistemáticamente», ha afirmado.
Numerosos políticos y representantes de la sociedad civil catalana han criticado este dictamen, que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha considerado una «injerencia» y «una falta de respeto a los docentes» en Catalunya.
Aragonès ha exigido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que haga una «clara defensa» del modelo de inmersión lingüística después de que el Tribunal Supremo (TS) haya ratificado la obligación de un mínimo del 25% de enseñanza en castellano dentro del sistema educativo catalán.
Además, ha asegurado que la Generalitat actuará en consecuencia para defender el modelo de inmersión lingüística y no delegará la responsabilidad a los centros educativos: «Por lo tanto, esperamos que el Gobierno del Estado también lo haga».
Por su parte, el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que la ministra de Educación, Pilar Alegría, le ha dado «garantías» de que no ejecutará la decisión del TS.
En una entrevista en RAC1, ha asegurado que «no se está exponiendo a los directores de los centros» porque el departamento les da cobertura y no les pasa ninguna presión. «La escuela no debe decidir nada. Debe seguir haciendo el trabajo como hasta ahora y desplegando los proyectos lingüísticos como los tenía hasta hoy. La sentencia no nos afecta», ha manifestado.
Gonzàlez-Cambray ha dicho que, al contrario, frente al retroceso del uso del catalán que sugieren los estudios del departamento, tomarán «decisiones para que los proyectos lingüísticos den respuesta a la Ley de Educación de Catalunya».
El Gobierno español pasa el balón a la Generalitat
Las reacciones fuera del Govern tampoco se han hecho esperar. La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del TS, ya que la Educación está en manos de las comunidades y, por lo tanto, de la Generalitat.
En todo caso, fuentes gubernamentales explican que, como ocurre con cualquier sentencia, los ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones. Rodríguez ha defendido que el Ejecutivo central respeta las sentencias y las ejecutiva cuando le corresponde.
En cambio, el secretario de organización del PSC, Salvador Illa, ha asegurado que preferiría que el porcentaje de enseñanza en castellano en las escuelas catalanas fuera «flexible» y que cada centro pudiera escoger en función de su situación.
En una entrevista en Ser Catalunya, Illa también ha expresado su respeto por las decisiones judiciales y ha destacado que los socialistas mantienen un «compromiso claro» con el catalán como lengua vehicular.
Finalmente, UGT Catalunya ha reafirmado su «compromiso» con la inmersión lingüística después de conocer la decisión del TS. En un comunicado, el sindicato ha calificado el modelo catalán de «herramienta de cohesión de primer orden e imprescindible de la escuela catalana».
«Se ha convertido en un modelo de éxito, reconocido internacionalmente, basado en el consenso y que asegura la igualdad de oportunidades para todo el alumnado», ha manifestado.