En una cumbre del clima que más allá de la tensión final ante la perspectiva de un fracaso bochornoso cumplió con las expectativas –pues estas eran bastante malas de partida–, uno de los puntos objeto de debate en Glasgow fue el de la regulación de los mercados de carbono. Se trata de un mecanismo controvertido, ideado a priori para limitar y controlar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), pero que ha derivado, y no era difícil predecir que lo haría, en una suerte de casino donde siempre gana la banca, en este caso los grandes emisores.

Aunque con una menor exposición que otros temas, la regulación de estos mercados, nacidos de las negociaciones del Protocolo de Kioto a finales de los 90, y contemplados en el artículo 6 del Acuerdo de París, se perfilaba como uno de los elementos de discusión más intensos en la COP26. Finalmente, se llegó a un acuerdo para operativizar el contenido de ese artículo, y hubo avances, por ejemplo, en el camino a la erradicación de la tan criticada doble contabilidad, según la cual tanto el país vendedor como el comprador de un bono de carbono lo descontarían de sus objetivos de reducción de emisiones; un fraude en toda regla.

Sin embargo, aun con ese avance, quedan lagunas que hacen posible esa doble contabilidad, y en términos generales, la valoración negativa que muchos expertos medioambientales y organismos ecologistas hacen de esos mercados permanece inalterado.

¿Qué son los mercados de carbono?

Como su propio nombre indica, son mercados que se basan en la venta o adquisición de los denominados bonos de carbono o certificados de reducción de emisión de CO2 u otros GEI. Estos bonos son documentos que capacitan a su poseedor a emitir una determinada cantidad de gases. Es decir, si una entidad tiene un número determinado de bonos puede emitir una cantidad determinada de GEI en un año. Por lo general, cada uno de estos bonos equivale a una tonelada de CO2, aunque, según el tipo de gas del que se trate, se puede fijar una cantidad distinta.

Estos certificados son repartidos entre los emisores, que están obligados a emitir una cantidad de gases igual o inferior a lo estipulado. Sin embargo, y aquí es donde entra en juego el mercado, estos bonos pueden ser vendidos y comprados, de modo que si una firma o un país no va a consumir los que le han sido asignados puede venderlos a otro que sí y, de este modo, este puede superar las emisiones de GEI que se le había atribuido. Del mismo modo, los créditos de carbono permiten a un gran emisor, como una aerolínea, comprar por ejemplo el carbono absorbido por un nuevo bosque en Indonesia. Así, se equilibraría el CO2 emitido a la atmósfera por los aviones de la aerolínea.

«Colonialismo de carbono»

La idea que subyace en este mecanismo es que una empresa, sector o país que invierta en tecnologías limpias tendrá un superávit de bonos de carbono, que podrá vender y amortizar así el desarrollo y aplicación de la tecnología. Por contra, una compañía que sea muy contaminante y que no invierta, por ejemplo, en la renovación de sus equipos, necesitará comprar bonos para contaminar acorde a sus “necesidades”, por lo que su actividad le saldrá mucho más cara que a la menos contaminante. Hoy por hoy, la mayor parte de los planes estatales para hacer frente a la crisis climática prevén acudir a los mercados de carbono, y en la UE hay un sistema de intercambio de emisiones desde 2005. Hay mercados similares en más de 60 países o entidades supraestatales, y el principal emisor, China, ha puesto en marcha este verano el mayor mercado mundial.

Sin embargo, aunque el papel lo aguanta todo, el desarrollo de este sistema ha puesto de relieve todas sus fallas, que no son pocas.

La primera es de origen, y hace referencia a su carácter autolimitativo, en el sentido de que al fijar un mecanismo compensatorio sobre las emisiones, a través del cual las reducciones de una parte son compensadas por quienes, pagando, expulsan una mayor cantidad de GEI a la atmósfera, se ejerce un efecto desincentivador en las compañías que pueden permitirse abonar el sobrecoste.

En este sentido, hace dos años, en el marco de la COP25, la organización Red de Indígenas por el Medioambiente denunció que al permitir a los emisores seguir contaminando mientras las emisiones combinadas de todos ellos no superen un límite, los mercados de carbono «no reducen las emisiones ni representan ninguna acción verdadera frente al cambio climático», además de que «acarrean impactos terribles para los pueblos indígenas y las comunidades locales».

Hace tiempo que expertos en la crisis climática han expuesto la necesidad de erradicar la expresión «cero emisiones netas», y sustituirlo por el más entendible, y eficaz, «cero emisiones», sin aditivos. Destacan que cuando se añade el neto se habla de compensar, no de reducir, que es la única manera de evitar un calentamiento global catastrófico de más de 1,5 grados de temperatura.

Por otra parte, el mercado de carbono está acentuando la brecha económica en un planeta donde los países pobres venden bonos, no porque les sobren por ser tecnológicamente más eficientes, sino en un ejercicio de supervivencia ante a los ricos. Lo que pretendía ser una promoción de las tecnologías limpias está siendo una venta del derecho a contaminar. Fue muy gráfico, a este respecto, el negociador jefe de Bolivia, Diego Pacheco, que durante la COP26 declaró que los países más desarrollados «han sobreutilizado su espacio de carbono –lo que se puede emitir sin superar un calentamiento de dos grados– y ahora están usando el de los países en desarrollo», en una forma de actuar que calificó de «colonialismo de carbono».

Endeudarse para combatir la crisis

Por su parte, la diplomática francesa Laurence Tubiana, considerada la «arquitecta» del Acuerdo de París, lamentó que «cada vez hay más países que se tienen que endeudar para combatir el cambio climático».

Por ese motivo, otro de los puntos clave de la cumbre de Glasgow, ha sido el de la financiación a cargo de los más poderosos de los esfuerzos de transición y adaptación climática de los países en desarrollo. Se parte de la base de que los Estados más ricos son los principales causantes del cambio climático, tras décadas de basar su crecimiento en los combustibles fósiles y, por tanto, haber emitido la mayoría de los gases que permanecerán en la atmósfera durante mucho tiempo.

En 2009, en Copenhage, se acordó una aportación anual de cien mil millones de dólares a tal objetivo, compromiso que sigue incumplido a fecha de hoy, y aunque la COP26 concluyó con llamamiento a los estados ricos a hacerse cargo de esa promesa y a duplicar los fondos que destinan a la adaptación en 2025, lo que supondría llegar a una cantidad cercana a los 40.000 millones de dólares, esto no deja de ser un desiderátum.

Otro de los principales motivos de crítica a los mercados de carbono es que, dado que a una empresa le está permitido guardarse sus bonos y usarlos en el futuro o venderlos más adelante, se genera un movimiento especulativo en el que los gases de efecto invernadero se compran o venden en función del precio que adquieran en cada momento.

De hecho, se estima que el 95% de los bonos de carbono son objeto de especulación, y varias voces advierten de que se va a generar una burbuja a partir de estos créditos que terminará por provocar una gran crisis.

Otro punto controvertido es el de la contabilidad de las emisiones y de las compensaciones de lo ya emitido, pues estas compensaciones pueden ser utilizadas de forma fraudulenta si no se contabiliza correctamente cuánto CO2 se captura. Hace poco se conoció, por ejemplo, que las compensaciones de las empresas en California estaban mal calculadas, y que habían generado entre 20 y 39 millones de créditos que no habían conseguido ninguna captura de carbono. Y es que, antes de que se hablara siquiera de crisis climática, ya era cosa sabida en todo el mundo que hecha la ley, hecha la trampa.