En su reunión del Consejo de Gobierno de este martes, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha mostrado su criterio desfavorable a la proposición de ley presentada por EH Bildu para modificar el código de conducta de los cargos públicos y regular las llamadas puertas giratorias. Asegura que la propuesta «regula el comportamiento de las entidades privadas y excede del haber competencial que el bloque de constitucionalidad y el Derecho Europeo atribuyen a la Comunidad Autónoma de Euskadi». Por tanto, es contrario a que se debata en el Parlamento y la mayoría absoluta de PNV y PSE evitará su tramitación.

A esta decisión del Consejo de Gobierno, EH Bildu ha respondido que «es preocupante que Lakua se oponga siempre a todas las iniciativas que persiguen acabar con la corrupción y las prácticas irregulares». Y en contra de lo que sostiene el Ejecutivo, el parlamentario independentista Josu Estarrona asegura que «en la CAV tenemos competencias» para regular lo que se pide en su proposición de ley.

En esta ocasión ha sido sobre la ley que regula las puertas giratorias, pero EH Bildu recuerda que «en anteriores ocasiones ha pasado lo mismo: una vez tras otra se ha opuesto a crear la oficina anticorrupción, a investigar el cártel de las consultoras, a impedir que en el Tribunal de Cuentas se repitan casos como el de José Luis Bilbao y a impulsar una ley para proteger a las personas que denuncian prácticas irregulares».

«Supeditación de la política a la economía»

Cuando el 9 de noviembre la portavoz del grupo, Maddalen Iriarte, y el parlamentario Josu Estarrona presentaron la proposición de ley de EH Bildu aseguraron que «no nos oponemos al legítimo salto profesional a la empresa privada de personas con experiencia en el ámbito público y viceversa. Simplemente, creemos que ese trasvase debe estar regulado y limitado por ley por higiene democrática y responsabilidad política».

Recordaron que las puertas giratorias son «multidireccionales». Por un lado están las grandes empresas que «pretenden aprovechar los contactos y la experiencia de responsables políticos a cambio de una jugosa retribución económica». Pero también hay otras puertas, a modo de agencia de colocación, que en la CAV son «entendidas como una pieza más de la red clientelar que el PNV ha construido en este país durante años». Ambas fórmulas suponen, al entender de EH Bildu, «un modelo de relación que entraña un grave peligro: el de supeditar el poder político al económico».

Universidades con ánimo de lucro

El Consejo de Gobierno también ha manifestado otro «criterio desfavorable» a la proposición de ley de EH Bildu para modificar el Sistema Universitario Vasco. Lo ha hecho con el argumento de que «considera que la normativa básica de aplicación al ámbito universitario manifiesta el interés público del servicio a la sociedad y a las personas prestado por toda universidad, sin distinción de su naturaleza pública o privada e independientemente de su finalidad».

EH Bildu responde que con su propuesta lo que pretende es que las universidades privadas con ánimo de lucro no puedan integrarse en dicho sistema y, en consecuencia, no tengan posibilidad de recibir financiación pública.
Según ha explicado el parlamentario Ikoitz Arrese, «sin negar la función social de ese tipo de universidades, la clave está en su ánimo de lucro; las universidades privadas que tienen como objetivo el rédito económico no deben financiarse con dinero público y la respuesta que nos ha dado el Gobierno no justifica lo contrario de ninguna manera».