La causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Donostia por un vertido en la regata de Arkaitzerreka, que fluye en las inmediaciones de la incineradora de Zubieta, sigue avanzando, aunque sea a un ritmo lento, más de año y medio después de que se produjera el incidente.

La plataforma GuraSOS, personada como acusación particular, ha comparecido este jueves para informar de los últimos movimientos, después de que el pasado 3 de noviembre diese a conocer que un documento de la Guardia Civil certificaba que se derramó amoniaco y luego se trató de ocultar el origen vertiendo 2.302.992 litros de agua «para borrar las huellas».     

Con el informe de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) en la mano, GuraSOS ha planteado en sede judicial la realización de una veintena de diligencias «orientadas a extender y profundizar las lineas de investigación apuntadas por la Guardia Civil», han explicado Joxe Mari Izeta y Joseba Belaustegi.

Entre otras actuaciones, GuraSOS solicita que se investigue «el origen o fuente de emisión del alto nivel de los cloroalcanos y metales aparecidos en el tejido de una anguila muerta recogida en el lugar de los hechos». Subraya que se trata de sustancias extremadamente tóxicas.

Más de 46 millones

Además se reclama que se aclare cuál era «el estado de las obras y de los dispositivos de seguridad en el momento del vertido en particular», si se habían emitido las autorizaciones necesarias y las consecuencias económicas de estas actuaciones. GuraSOS entiende que la incineradora se puso en marcha de forma precipitada y que la concesionaria Ekondakin se ha embolsado «más de 46 millones de Euros, entre pagos indebidos y penalidades por retraso perdonadas».

En la causa están investigadas por ahora once personas, además del propio Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK). Belaustegi ha puntualizado que «son ‘pezqueñines’ y peces exóticos, no los que toman las decisiones», y por tanto GuraSOS solicita que se impute a otras seis personas: Víctor Guindo, gerente-director de Operaciones y Mantenimiento de Ekobal, la empresa operadora de la incineradora, que «impidió el paso a los inspectores de la agencia URA y al guarda forestal de la Diputación cuando trataban de inspeccionar las instalaciones origen del vertido»; Santiago Barba, apoderado y director técnico de Ekondakin, la concesionaria del complejo de Zubieta; Jon Paul Ocio, director facultativo de la obra; Nagore Peñalva, directora de Proyectos de GHK; César Gimeno, director general de GHK; y Gorka Natxiondo, administrador único de Construcciones Moyúa. También pide que se incluya a dos empresas, Ekondakin y su filial Ekobal.

Peces gordos

«Tratarán que termine pagando el eslabón más bajo de la cadena, pero está claro que aquí hay responsabilidades al más alto nivel, desde la Consejería correspondiente del Gobierno Vasco hasta los responsables de las empresas implicadas, pasando por GHK. Nuestros pasos irán encaminados a que se esclarezca la verdad y se depuren las últimas responsabilidades para que no se escapen los ‘peces gordos’», ha indicado Belaustegi.

Ha revelado además hay documentación que desmonta el argumento de GHK de que el conducto que une el cubeto donde se vertió el amoniaco con la regata de Arkaitzerreka se instaló sin su conocimiento, ya que en el proyecto original no existía. Dicho informe, firmado por Nagore Peñalva, tiene un epígrafe titulado «Protocolo de vaciado de cubetos», donde sí que se recoge esta modificación.

Asimismo ha denunciado que Gorka Natxiondo firmó el 10 de febrero de 2020 un documento certificando el fin de la obra, cuando esto no se oficializó hasta diez meses después, en diciembre. Por ello GuraSOS cree que puede haber un delito de falsedad documental.

El próximo 13 de enero están citados a declarar algunos de los investigados.