Este lunes se cumple el 43 aniversario de la actual Constitución española y para las fuerzas independentistas y soberanistas vascas, catalanas y gallegas reunidas en la Declaración de la Llotja de Mar es evidente su fin de ciclo, que creen asumido incluso por el actual Gobierno español. Pero ante la posibilidad de algún intento de «maquillaje» que deje intactos sus «cimientos», han lanzado este domingo una declaración conjunta que sitúa el derecho a decidir como exigencia básica.

La Declaración de la Llotja de Mar fue suscrita hace dos años en Barcelona por EH Bildu, ERC, PDCat-JxCat, CUP y BNG junto a otras fuerzas independentistas y soberanistas. Desde entonces ha lanzado diversas iniciativas conjuntas tanto en lo puramente político como en lo social (el apagón y cacerolada contra la subida del precio de la luz del pasado 8 de octubre). Y ahora han unido su voz en torno a la cuestión candente de la Constitución de 1978 «que deja atados de pies y manos nuestros derechos».

«Esta Constitución se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos»

La declaración tiene dos puntos finales que resumen la posición de todas estas fuerzas políticas: «Esta Constitución se ha convertido en instrumento para violentar derechos democráticos básicos. En nombre de esa Constitución se impide dar cauce al desarrollo de la voluntad democrática de nuestros pueblos y se criminaliza y reprime cualquier ejercicio democrático que persiga tal objetivo. Es decir, esta Constitucion se sitúa como impedimento estructural de un futuro en democracia para nuestras naciones, siendo indispensable su reforma radical tanto en modelo de Estado como en derechos sociales», expone el primero.

Mirando al futuro, plantean que «seguiremos demandando y luchando por exigir al Estado un modelo que, desde el reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado y del derecho de autodeterminación de los pueblos, permita a la ciudadanía de nuestros respectivos pueblos decidir democráticamente su modelo político y relación con el Estado. Somos naciones y queremos decidir democráticamente nuestro futuro».

Fuente de «enfrentamiento y sufrimiento»

Su análisis comienza así: «Un año más, la Constitución española será objeto de exaltación y defensa fanática por parte de aquellos que se resisten a responder a las demandas nacionales de nuestros pueblos. Han pasado 43 años de un referéndum constitucional, condicionado por la transición impuesta por la estructura fáctica heredada del franquismo, con la Monarquía Borbónica al frente».

«Una Constitución que dejó encerrados los derechos de nuestros pueblos entre las líneas de su propio texto, negando la realidad plurinacional y los consiguientes derechos nacionales de nuestras respectivas naciones. Una Constitución que ha sido fuente de enfrentamiento y sufrimiento en estas décadas», siguen.

Añaden esta consideración: «Hubo un tiempo en el que las constituciones tenían un objetivo fundamental, proteger los derechos civiles y políticos de la ciudadanía. España también ha sido la excepción en esto. El famoso “todo atado y bien atado” lo dice absolutamente todo. Nuestros derechos como naciones están atados de pies y manos».

Mirando a lo ocurrido en 1978 y años posteriores, hasta este 2021, recuerdan que «en el marco de esa Constitución surgió un modelo autonómico de descentralización. Ese modelo no solo está agotado, sin cumplir en muchos aspectos, sino que ha sufrido además, numerosas laminaciones unilaterales por la acción legislativa del Congreso Diputados (LOAPA, acción de leyes orgánicas...) y por la permanente intervención invasora de un Tribunal Constitucional convertido en instrumento de recentralización del Estado».

Suman a ello que «estamos ante una Constitución con un evidente déficit de legitimidad. La mayoría de la población actual de nuestras naciones y del Estado español no ha tenido la oportunidad de opinar sobre cuestiones capitales de su contenidos, como son: la Monarquía, el modelo territorial, los derechos sociales...»

Ni involución ni maquillaje

«Por tanto, estamos ante una Constitución agotada, deslegitimada y convertida en factor condicionante y determinante de nuestras aspiraciones democráticas. Pensamos que ya es hora de afrontar cambios estructurales. Es más, a pesar de discursos y posiciones inmovilistas, el propio Estado español es consciente del fin del ciclo constitucional y de la necesidad de reformas», continúan los grupos de la Llotja.

En este contexto, entienden que «asistimos a una clara confrontación entre dos tendencias contrapuestas. Por una parte, la de quienes pretenden cerrar este ciclo con una nueva operación de maquillaje, de apariencia abierta o progresista, pero sin tocar para nada los cimientos de esa Constitución. Por otra, quienes plantean una involución centralizadora y antidemocrática, a fin de cuentas, quienes pretenden volver a la época anterior al 78, e incluso a la anterior al 75».

«Esas son sus intenciones, pero nuestras naciones también tienen que alzar su voz –remarcan estos partidos independentistas y soberanistas–. El debate sobre la cuestión territorial va a estar presente y debemos estar preparadas para defender conjuntamente nuestra posición. A lo largo de estos más de 40 años, el mundo ha conocido cambios profundos y es previsible que en la próxima década asistamos a transformaciones disruptivas. Estas transformaciones van a mostrar aun más la necesidad de instrumentos y capacidad de decisión para hacer frente a los retos que como naciones y como ciudadanía se nos presentan».