El presidente de Túnez, Kais Said, ha anunciado que el Parlamento seguirá suspendido hasta las elecciones legislativas anticipadas del 17 de diciembre de 2022, lo que significa su disolución de facto. La Constitución tunecina de 2014 solo permite suspender el Parlamento durante 30 días, un plazo ampliamente superado, y solo por razones de «seguridad nacional».

El presidente populista devenido autócrata decretó el estado de excepción el pasado 25 de julio, destituyendo al primer ministro y suspendiendo el Parlamento, a la postre indefinidamente.

Desde entonces ha dejado sin efecto la Constitución de 2014 y se ha hecho con plenos poderes con el fin de «recuperar la paz social».

La asunción de todos los poderes por parte de Kais Said, y las dos prórrogas de estas medidas, han sido condenadas por la mayoría de los partidos políticos como un «golpe de Estado», mientras los nostálgicos del viejo régimen consideran que se trata de una «rectificación» de la revolución de 2011 que puso fin a las dos décadas del régimen autócrata de Zine El Abidine Ben Ali.

«Referéndum constitucional»

En su alocución televisada, el presidente tunecino anunció el lunes que el 25 de julio de 2022, primer aniversario de su autogolpe palaciego, se llevará a cabo un referéndum de reforma constitucional.

Said ha prometido que se lanzarán a partir de enero una serie de consultas populares de manera «telemática con preguntas precisas y sin complicaciones técnicas» para «recoger las demandas políticas y sociales» de la ciudadanía antes del 20 de marzo, día de la independencia de Túnez.

Una comisión de expertos nombrada por el propio presidente redactará un proyecto de reformas constitucionales que será votado en referendum el 25 de julio.

La nuevas elecciones tendrán lugar el 17 de diciembre, fecha que el presidente ha declarado como día de la «verdadera» revolución, a través de una nueva ley electoral que también será votada en plebiscito.

Golpes de efecto

En una decisión que no es más que un golpe de efecto, el presidente nombró en setiembre pasado a una mujer, Najla Bouden Romdhane, primera ministra. Alta funcionaria del Departamento de Educación Superior, su escasa experiencia política junto con sus limitadas prerrogativas aseguran al presidente el mando efectivo del Gobierno.

Finalmente, el jefe del Estado ha anunciado que promulgará un decreto de conciliación judicial que permitirá clasificar a las regiones que necesitan más inversiones y la inminente aprobación de una amnistía fiscal para luchar contra la corrupción y «recuperar el dinero expoliado».

Con los islamistas de Ennahda, todavía el primer partido del país, en el punto de mira, el autócrata ha advertido que los parlamentarios que «han recibido dinero del extranjero no tendrán lugar en el futuro legislativo». «Los que hayan cometido crímenes contra el Estado tunecino y contra su pueblo» serán juzgados con la mayor independencia y neutralidad», ha añadido.

Kais Said ha utilizado el malestar de la población por la corrupción y por la discriminación de las regiones del interior del país para dar un golpe de mano contra los partidos políticos que protagonizaron la revolución de 2011.

Paradójicamente, se ha montado a la ola de la desilusión popular por los resultados de la «primavera tunecina» para enterrarla definitivamente y convertirse en una versión antipolítica y populista del autócrata Ben Ali, muerto en su exilio en los Emiratos tras ser destronado hace ya casi 11 años.