La demanda de la Fiscalía, presentada ante una tribunal federal, busca que los responsables del asalto violento al Capitolio protagonizado por seguidores de Donald Trump el pasado 6 de enero rindan cuentas por los daños «físicos y financieros» al Distrito de Columbia, donde está ubicada la ciudad de Washington.

Este martes, el fiscal general del distrito capitalino, Karl Racine, ha calificado aquel ataque como «descarado, violento y mortal» en una conferencia de prensa en la que ha estado acompañado, entre otros, por la única representante del D.C. en la Cámara de Representantes, la también afroamericana Eleanor Holmes Norton.

Incluso, ha comparado lo ocurrido ese día con los ataques del 11 de setiembre de 2001. «Pero esta vez –ha lamentado–, nuestros propios ciudadanos estaban empeñados en destruir las libertades y los ideales sobre los que se fundó nuestro país».

El fiscal ha explicado que la demanda va dirigida tanto contra las agrupaciones ultraderechistas Proud Boys y Oath Keepers como contra más de 30 líderes de esas organizaciones «por conspirar para aterrorizar» al Distrito de Columbia, interferir «ilegalmente» en la transición pacífica de poder en el país y agredir a los oficiales que defendieron el Capitolio.

La Ley Ku Klux Klan de 1871

Racine ha indicado que la demanda se basa en diferentes leyes locales y federales, en particular en la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos de 1871, conocida como la Ley Ku Klux Klan.

Esa ley se aprobó 15 años después del fin de la guerra civil de Estados Unidos (1861-1865) para proteger tanto a las  personas afroamericanas liberadas de la esclavitud como a los legisladores del Congreso de la violencia de grupos supremacistas blancos como el Ku Klux Klan (KKK).

En concreto, ha precisado Racine, los demandados han sido señalados por conspirar contra el Distrito de Columbia y sus agentes al planear, promover y participar en el «ataque violento contra el Capitolio», y de causar «daños sustanciales y demostrables» en la ciudad y a los oficiales que «arriesgaron la vida».

La iniciativa de la Fiscalía se ha conocido un día después de que el comité de la Cámara Baja de EEUU que investiga el asalto al Capitolio acusara el lunes de desacato al que era jefe de gabinete de la Casa Blanca en el momento del ataque, Mark Meadows, por no cooperar con esta institución.