La Cámara de los Comunes del Parlamento británico dio luz verde la semana pasada al nuevo proyecto de Ley de Nacionalidad y Fronteras, que revisa a fondo y endurece el sistema migratorio de las islas. Entre otras cuestiones, el Ejecutivo de Londres puede despojar de la ciudadanía británica sin previo aviso y rechazará de forma automática las solicitudes de asilo de cualquier persona que haya entrado a la isla por «vías no oficiales».

De hecho, esta ley llega en el marco del aumento de flujo migratorio en el Canal de la Mancha y con la ministra de Interior, Priti Patel, elaborando un plan completo sobre migración y dibujando su figura como portavoz del ala dura contra la políticas de asilo.

El Gobierno de Boris Johnson ha descrito esta ley como «una reforma integral para un sistema roto» que «abordará la inmigración ilegal al mismo tiempo que se ocupará de factores de atracción subyacentes al sistema de asilo del Reino Unido», pero el rechazo de organizaciones de derechos humanos, la ONU o el Gobierno escocés no se ha hecho esperar.

A quienes no hayan solicitado el programa oficial de asilo del Reino Unido y hayan entrado por esas «vías no oficiales» se les negará el acceso a reuniones familiares en suelo británico y las solicitudes se considerarán «inadmisibles» si la persona tiene conexiones con un país considerado «inseguro» por el Reino Unido, incluso si la persona nunca ha estado en ese país. «Esto es incompatible con las obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención de Refugiados de 1951», señala el colectivo de abogados Law Society. Acnur, la agencia para refugiados de la ONU, añade que esto creará «refugiados de dos niveles».

De hecho, no solo se les negará el asilo, sino que la pena impuesta por entrada ilegal aumenta de seis meses a cuatro años de cárcel. En esta amenaza punitiva también se ven implicados los colectivos de acogida, que pueden ser acusados de facilitar la llegada. El Gobierno conservador, sin embargo, señala que con ello ayudarán a «salvar vidas» al persuadir a las mafias y traficantes de personas de organizar esas «rutas ilegales».

«No proporciona ninguna ruta segura para solicitar asilo», señala Amnistía Internacional. «Esta ley continuará obligando a las personas, incluidas las que tienen familiares y conexiones, a recurrir a bandas de contrabando y a peligrosos viajes para llegar al país».

Uno de los últimos puntos añadidos a la ley y de los que más titulares ha copado ha sido la posibilidad del Ejecutivo británico de retirar la nacionalidad «sin previo aviso». Según las nuevas reglas, el Gobierno está exento de notificar a las personas si se considera que no es «razonablemente factible» hacerlo, o si es «en interés de la seguridad nacional, las relaciones diplomáticas o el interés público en general». Para ello, han utilizado el ejemplo de una adolescente británica que viajó a Siria para unirse al Estado Islámico. Shamima Begum, nacida en Inglaterra, fue obligada a casarse con 15 años con un ciudadano holandés y, tras ello, viajó a Siria. No puede regresar a la isla.

El requisito de dar aviso ya se había debilitado en 2018, lo que le permitió al Ministerio del Interior enviar un aviso poniendo una copia en el archivo de una persona, pero solo en los casos en que se desconoce su paradero. La nueva cláusula eliminaría por completo la necesidad de notificación.

De esta forma, cualquier ciudadano británico nacido en el extranjero puede ser privado de su ciudadanía, sin previo aviso o notificación. Más de 5,5 millones de personas se encuentran en esta situación.

Bahía británica de Guantánamo

¿Y qué hacer con todas aquellas personas que quedan fuera de esa ley? La primera respuesta que ha dado Londres a esa pregunta ha sido la de utilizar cuarteles del Ejército y centros de asilo en alta mar, así como lugares como Ruanda. Es una práctica que ya ejerce, entre otros, Australia.

Las críticas no llegan tan solo de fuera. También desde el propio Partido Conservador. David Davis, quien fuera ministro para el Brexit entre 2016 y 2018, señaló que los planes de Interior de enviar solicitantes de asilo a otro país mientras se procesan sus solicitudes «pueden crear una instalación como el campo de detención de Guantánamo».

Del mismo modo, quienes sí logren el asilo se verán obligados a una revisión cada 30 meses y durante el periodo de revisión quedarían en un limbo, fuera, por ejemplo, del sistema de la seguridad social.

En peligro de expulsión tras 25 años

El Gobierno escocés también se ha opuesto a estas leyes que segregan a la población. La premier, Nicola Sturgeon, ha calificado de «ofensiva» la norma, para lo que ha aprovechado la publicación realizada por el médico David Chung en redes sociales, que apunta, de forma irónica, que se encuentra «muy satisfecho» de poder «convertirse en apátrida tras 25 años en el NHS (el Servicio Nacional de Salud británico)», al igual que sus hijos, nacidos en las islas. «Es tan escocés como yo», ha añadido Sturgeon. «El hecho de que este proyecto de ley pudiera verlo deportado, junto con tantos otros, es profundamente reprensible».

Ante las críticas, Patel ha salido a defender la nueva ley: «La ciudadanía británica es un privilegio, no un derecho. La privación de la ciudadanía está reservada con razón para aquellos que suponen una amenaza para el Reino Unido o cuya conducta implica un daño muy grave».

Los poderes del Ministerio del Interior para despojar a los ciudadanos británicos de su ciudadanía se introdujeron después de los atentados de Londres de 2005, pero su uso aumentó durante el mandato de Theresa May como secretaria del Interior a partir de 2010, y se ampliaron en 2014. Ahora, el Gobierno de Johnson, en un momento de enfrentamiento con la UE post-Brexit y en el que las personas migrantes se han convertido en arma arrojadiza, le da una nueva vuelta de tuerca.