El Tren Maya, la obra faraónica del presidente mexicano López Obrador abre grietas en el país entre sus partidarios y detractores.

«¡Ya no va a pasar el tren!», celebra Guadalupe. «¡Perdimos, no habrá modernidad!», responde Rubén. Este careo entre vecinos expone las dicotomías sobre el Tren Maya, la megaobra turística que busca redimir a una de las regiones más empobrecidas de México.

Guadalupe Cáceres, de 64 años y quien demandó legalmente la obra, aplaude que la ruta fuera modificada y no tenga que desalojar su casa, levantada al borde de una vía férrea en desuso en Campeche (sureste).

Sobre esa línea se construirá el 40% del tren eléctrico, que debe extenderse por 1.554 kilómetros en la Península de Yucatán.

En cambio, el desvío frustra a Rubén Angulo, de 49 años, quien aspiraba a ser reubicado en una vivienda nueva y beneficiarse del medio millón de empleos que promete la obra.

«Sí va a haber modernidad, pero no a costa de mi casa», le dice Guadalupe a Rubén desde los rieles del viejo ferrocarril, cuya construcción implicó demoler la casa de sus abuelos hace ocho décadas.

Sin embargo, este modesto cerrajero se lamenta señalando que «da tristeza que todos los proyectos se brinquen Campeche».

El presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió la construcción del tren apenas asumió el cargo en 2018, convencido de que disparará el turismo en los estados que cruzará: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

La pobreza en la región, de 13 millones de habitantes, llega al 50% de la población, aunque en Chiapas alcanza el 75%. La zona posee atractivos como milenarios pueblos y pirámides mayas, pero están lejos de las ciudades o el transporte es deficiente.

«Es un acto de justicia», ha señalado el mandatario, que invierte unos 10.000 millones de dólares en su obra insignia, de las más importantes en desarrollo en Latinoamérica.

Batalla legal

Sin embargo, el proyecto es rechazado por ambientalistas, indígenas, opositores al Gobierno e incluso la exguerrilla EZLN, aunque el tren no pasará por las comunidades de Chiapas, donde más influencia tiene este movimiento social.

La obra se enfrenta a 25 demandas legales que denuncian violaciones de derechos ambientales y de vivienda. Dos fueron interpuestas por Guadalupe y otros habitantes de Campeche.

Bajo esa presión, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), responsable de la obra, cambió el trazado, de tal manera que el tren ya no pasará por el centro de esta ciudad colonial, patrimonio de la humanidad, sino por la periferia. «Le torcimos la mano al Gobierno», proclama Guadalupe en su patio de árboles frutales.

Frente a los obstáculos legales, en noviembre, López Obrador declaró sus megaobras de «seguridad nacional» para que sus «adversarios no puedan detenerlas». Eso implicaría que los jueces denieguen en adelante las suspensiones parciales logradas por demandantes, advierte el jurista José Roldán.

Además de divisiones y abandonos, el tren ha puesto de relieve varias incertidumbres. En Candelaria, a 200 kilómetros de Campeche, transitando del Golfo de México a tierras ganaderas, Nínive Suchite, de 54 años, teme perder ‘La Granja del Tío Jorch’, su farmacia veterinaria situada sobre la antigua vía férrea.

Suchite contempla con amargura las locomotoras. «Cuando tenía seis años, temblaba del miedo de subirme y ahora estoy temblando porque me van a quitar de aquí».

Espera conseguir una indemnización justa, ya que, con lo que pagó por 330 metros cuadrados hace 15 años, hoy apenas compraría un metro en la zona comercial.

Cerca de allí, entre viviendas desalojadas, el taxista Cutberto García, de 49 años, espera la compensación por su casa rústica, de la que no tiene escrituras. «Ya era tiempo de que nos metieran un proyecto bueno», asegura.

El plan para «rescatar» el sureste mexicano incluye un corredor interoceánico, una refinería y un programa de reforestación, además del impulso turístico de esta región de selvas, playas y montañas.

Sería la ampliación del desarrollo de Quintana Roo (Cancún y la Riviera Maya), que este año recibirá 12 millones de visitas, pero donde grandes hoteles controlan el negocio.

«Cancún se planeó bien hasta la clase media. Las clases populares no tuvieron que ver con esa planificación. Esos errores no se pueden repetir», señala Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur, que asegura que el proyecto tiene apoyo mayoritario. Con 31 millones de visitas estimadas para 2021, el turismo aporta casi el 8% del PIB de México.

«No daremos paso»

El tren promete vincular a la población a las dinámicas comerciales y un turismo de naturaleza. Va a «reconfigurar la Península de Yucatán y sus repercusiones serán de largo plazo (...). Puede ir bastante bien o ser desastroso», advierte Étienne von Bertrab, profesor de Ecología Política en University College London, estudioso del proyecto.

En Paraíso Nuevo, una zona pobre y sin agua potable de Candelaria, unos 500 campesinos retienen desde septiembre una excavadora de un contratista. Exigen que los indemnicen porque el tren, que correrá a 160 km/h, partirá el pueblo en dos.

«¡Mientras no nos resuelvan el problema, no daremos paso a las obras!», advierte Eréndira Ocaña, de 30 años, bajo un gigantesco caobo.

Por ese punto pasará el primero de los siete tramos, de 227 kilómetros, que debe operar desde 2023.
 El Ejército participará en la construcción de tres de ellos, mientras la fabricación de 42 trenes fue adjudicada al consorcio franco-canadiense Alston-Bombardier.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que impulsa una demanda, denuncia la tala de árboles en zonas protegidas y la fragmentación de ecosistemas que podría convertirlos en áreas «biológicamente degradadas e inhóspitas».

Advierte además sobre afecciones en cuerpos de agua, especies animales en peligro de extinción y en manglares al interrumpirse su conectividad con el acuífero.

Los demandantes también refieren anomalías en las valoraciones catastrales y en una consulta ciudadana de 2019 que, según Naciones Unidas, incumplió estándares internacionales. Pero el Gobierno insiste en que la obra será construida sobre área previamente impactada.

Durante una visita organizada por Fonatur, se ha podido apreciar cómo fueron levantados los antiguos rieles para colocar nuevos. Según la entidad, allí no había selva virgen, sino «vegetación secundaria» que creció ante el desuso. A los costados aparecen ganado y cultivos, mientras la espesa mancha verde, que esconde jaguares, monos y cocodrilos, se pierde en el horizonte.

Para mitigar el impacto, Fonatur proyecta ampliar de 730.000 a 1,2 millones de hectáreas la extensión de Calakmul (Campeche), la mayor reserva mexicana de bosque tropical. Asimismo, prevé un plan de salvamento y adecuación del patrimonio arqueológico para protegerlo ante un mayor flujo turístico, ya que durante las obras se descubrieron miles de vestigios.

En Pixoyal (Campeche), Guadalupe Pérez, de 32 años, siente que ganó la lotería. Será reubicada en una de las cientos de casas que entrega el Gobierno. La mujer, que vende almuerzos a obreros que construyen las viviendas, sueña con el tren. «Quisiera poner un negocio, vender comida. Nunca me he dejado. Siempre he luchado», suspira en la que será su nueva cocina.