El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de Lakua, que pertenece al PSE, y el Ayuntamiento de Durango han alcanzado un preacuerdo para los terrenos liberados por el soterramiento del tren. Es el primer acuerdo que alcanza el PSE, desde su posición en el Gobierno de Lakua, con EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

Tras varias reuniones celebradas entre ambas partes, las dos instituciones coinciden en que «ha predominado la búsqueda de una solución a un problema que se había enquistado» y en el que han encontrado «un equilibrio» que, a su juicio, «satisface a la ciudadanía».

El preacuerdo alcanzado «reduce la edificabilidad del ámbito alrededor de un tercio», con el compromiso de «definir de manera conjunta la tipología de los edificios a construir (situación de los edificios, alturas, etc)». Ese descenso será compensado por parte de la administración local con la cesión de varias parcelas de Viviendas de Protección Oficial y Viviendas de Protección Tasadas propiedad del Ayuntamiento en las que el Gobierno de Lakua desarrollará un Plan de Vivienda Pública.

El Ejecutivo autonómico, por su parte, renuncia a la construcción de la segunda fase de la galería comercial subterránea, así como al edificio para equipamientos contemplado inicialmente dentro del ámbito del soterramiento, «al cambiar las circunstancias y necesidades respecto al momento en que se diseñó». Este escenario permitirá destinar el máximo espacio verde posible en los terrenos liberados por el ferrocarril. Por su parte, el Ayuntamiento cederá una parcela a Lakua para equipamientos en el futuro desarrollo del polígono industrial de Eguzkitza.

Asimismo, el Consistorio cederá a Lakua el Convento de San Agustín y Pinondo Etxea para su rehabilitación y la posterior construcción de alojamientos dotacionales para distintos colectivos en situación de necesidad.

Por último, Gobierno y Ayuntamiento de Durango acuerdan que el trazado completo de las antiguas vías del tren pase a ser propiedad del Ayuntamiento de Durango, que será el encargado de su urbanización.

Las dos partes coinciden en que el preacuerdo «sirve, por un lado, a las pretensiones municipales de modificar el proyecto de urbanización de los terrenos liberados» y, por otro, «a la defensa del Gobierno Vasco de atender a la voluntad de la ciudadanía sin menoscabar sus derechos patrimoniales tras la inversión desarrollada en Durango con el soterramiento del ferrocarril».

Las dos instituciones trabajan ahora en acordar el sistema de gestión urbanístico a aplicar. Básicamente en si se puede modificar el PERI o necesitan aprobar uno nuevo.

El Ayuntamiento presentará un nuevo proceso participativo

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Durango (EH Bildu y Herriaren Eskubidea – Podemos) se ha mostrado «altamente satisfecho» con el preacuerdo alcanzado «entre diferentes», con «beneficio para todos los durangueses» convirtiendo un «simple proyecto urbanístico en un proyecto social».

La alcaldesa, Ima Garrastatxu, ha añadido que «no se limita a aumentar las zonas verdes o a bajar las alturas de las viviendas previstas en los terrenos liberados por el soterramiento del tren, sino que traerá a Durango varios proyectos sociales que ayudarán a mejorar el bienestar de las y los durangueses, tales como el Plan de Desarrollo de Vivienda Pública, la recuperación del trazado de las antiguas vías del tren o la rehabilitación de dos edificios históricos y abandonados como Pinondo Etxea y el antiguo hospital de San Agustín para reconvertirlos en viviendas dotacionales para colectivos en situación de necesidad».

De hecho, en una primera valoración, califica de «histórica» y «solución digna»  a un problema enquistado durante 15 años. En ese sentido ha agradecido la labor que ha realizado la plataforma ciudadana Erabaki. «Hemos demostrado que cuando la izquierda gobierna y es capaz de llegar a acuerdos, la ciudadanía sale ganando. Hoy estamos más cerca de romper distintas barreras históricas, físicas y políticas que nos separaban como pueblo», han afirmado la alcaldesa Ima Garrastatxu y el teniente de alcalde Julián Ríos.

En los próximos días el Ayuntamiento de Durango presentará un nuevo proceso participativo abierto a la ciudadanía para que las y los durangueses hagan sus aportaciones y, si así lo quieren, validen la nueva propuesta.

Sin valoración del PNV

Tras el soterramiento de las vías hace una década, quedó desierto, en el centro de Durango, un importante espacio. El Gobierno de Lakua y Eusko Trenbide Sarea (ETS) proyectaron la construcción de cinco torres de 18 plantas de altura. El proyecto estuvo paralizado hasta hace tres años, pero el Ayuntamiento de Durango anunció su intención de comenzar a construirlo.

En todo este tiempo el PNV ha defendido que el proyecto era inamovible y se opuso, incluso, a la consulta popular realizada en marzo, llamando a la no participación. Sin embargo, ahora, el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes de Lakua, controlado por su socio de Gobierno, el PSE, es quien ha cerrado el acuerdo.

Por el momento no hay valoración pública del PNV, pero el acuerdo supone un salto cualitativo en la política de la CAV. Hasta la fecha, los acuerdos puntuales entre EH Bildu, PSE y Podemos se habían producido a nivel local, pero el alcanzado en Durango es el primero que el PSE firma desde su posición en el Ejecutivo de Lakua.

Una década

El Ayuntamiento de Durango y el Gobierno de Lakua acordaron a finales de octubre de este año crear una mesa técnica de negociación bilateral de cara a buscar un proyecto consensuado para los terrenos liberados por el soterramiento del tren, PERI 1 Ferrocarril, junto a la suspensión provisional de los litigios judiciales.

Tras la organización vecinal durante estos últimos años, finalmente en octubre se anunció la creación de la citada mesa de negociación, que se presentó con las demandas de no construir las cinco torres de 18 pisos, priorizar las zonas verdes y «si se alcanza un consenso y la ciudadanía de Durango lo aprueba, que los trabajos de urbanización comiencen lo antes posible».

La consulta popular realizada en marzo sobre el proyecto de Lakua y ETS arrojó que un 94% de quienes participaron se oponía al mismo, a pesar de que la participación fue del 28%.