El Tribunal Supremo español ha notificado a la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant la apertura de juicio oral contra ella acusada de desobediencia grave al haberse negado –ella y el exdiputado Antonio Baños– a responder las preguntas de Vox durante el juicio del procés contra los líderes independentistas.

Reguant ha confirmado en una rueda de prensa en el Parlament que ha recibido la notificación del Supremo y ha explicado que la Fiscalía le acusa de desobediencia grave y pide una condena de seis meses de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación.

Los hechos se remontan al 27 de enero de 2019, cuando Reguant –que entonces era concejala– y Baños fueron citados a declarar como testigos en el juicio del procés en el Tribunal Supremo y se negaron a responder las preguntas de los representantes de Vox, constituida esta última formación como acusación popular.

Como consecuencia de este hecho, el Tribunal Supremo inició un proceso sancionador –2.500 euros de multa– contra ambos testigos y remitió al Juzgado de Instrucción número 10 de Madrid la causa que, una vez instruida, fue trasladada de nuevo al Tribunal Supremo.

Según ha explicado Reguant, la negativa a responder las preguntas de Vox fue fruto de «una decisión colectiva» de no aceptar la presencia de una organización de extrema derecha como acusación popular en el juicio.

«Vox evidenció ser un engranaje más de la represión del Estado contra el independentismo, y no puede entenderse como una simple anomalía de la judicatura española», ha afirmado antes de apuntar que «la presencia de la extrema derecha en el poder judicial no es algo nuevo».

Ha explicado que, tanto ella como Baños, que está acusado del mismo delito aunque su causa la tramita un juzgado ordinario al no ser ya diputado, querían «denunciar la deriva autoritaria del Estado» y «la presencia de la extrema derecha» en el proceso.

La defensa de Reguant presentará esta misma semana dos escritos, uno en el que se pide la libre absolución y el otro de nulidad porque considera que ni el juzgado de instrucción número 10 de Madrid ni la Fiscalía provincial eran competentes para instruir la causa, al ser aforada por ser diputada, según ha explicado el diputado de la CUP Xavier Pellicer.

Para la parlamentaria de la CUP, su caso es «un elemento más de la voluntad del Estado, a través de procesos judiciales, de anular la voluntad política del movimiento independentista», y ha vaticinado que habrá más otros.

«Hay que usar esta represión como un boomerang contra el Estado», ha reclamado la representante de la CUP, que se ha reafirmado en su actuación.

«La presencia de los que niegan derechos fundamentales en el marco del juicio era una declaración de intenciones por parte del poder judicial. Mostraba que era imposible obtener justicia en este tribunal, como vimos en la sentencia», ha sostenido.

Para Reguant, Vox es «neocono, neofranqista y representa la defensa de valores morales reaccionarios», por lo que considera que no se puede entender su participación en diferentes espacios del Estado.