El Gobierno español ha puntualizado este jueves las circunstancias en las que no será obligatorio portar mascarilla en espacios exteriores, concretando las «salvedades» a las que se refirió ayer el presidente Pedro Sánchez tras su encuentro con los líderes autonómicos.

Según la ministra de Sanidad, Carolina Darias, la mascarilla será obligatoria a partir de este viernes para todas las personas mayores de 6 años, una medida de carácter «temporal» –no ha dado fechas, todo quedará a expensas de la evolución de la pandemia– y destinada a «contribuir a la reducción de la transmisión comunitaria del virus». Preguntada al respecto, ha asegurado que hay informes científicos internacionales que avalan la efectividad de esta medida. 

Quedarán exentas las personas que estén practicando «deporte individual» y aquellas que se encuentren en «espacios naturales como el campo o la playa y mantengan la distancia de metro y medio con personas no convivientes».

La medida, pensada para las aglomeraciones que se generan en puntos muy concretos de las ciudades –calles comerciales o turísticas, eventos como desfiles o cabalgatas– se hace expansiva para todo el territorio; y deja además un amplio espacio a la interpretación sobre qué es «hacer deporte» –¿caminar? ¿ir en bici? ¿a qué velocidad?– y qué es «espacio natural», por ejemplo ¿un parque?. A ello cabe sumar los lugares de «quita y pon», como las terrazas de hostelería.

Precisamente, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves por la tarde en su edición digital el decreto ley que recoge esta medida, de modo que entrará en vigor a partir de este viernes, 24 de diciembre.

La norma que, modifica el artículo 6 de la ley de marzo de 2020 sobre la llamada «nueva normalidad», incorpora además una nueva disposición final para habilitar al Gobierno español a modificar posteriormente únicamente mediante un real decreto las condiciones para el uso de mascarilla en función de lo que aconsejen las circunstancias sanitarias, a propuesta del titular del Ministerio de Sanidad.

Ello supone que futuros cambios sobre la actual norma podrán ser acordados por el Ejecutivo sin necesidad de que después sean convalidados por el Congreso, como sí ocurre con este real decreto ley, que precisará de aval de la Cámara Baja en un plazo máximo de treinta días.

Respecto a las excepciones, esto es lo que dice, textualmente, el apartado d: señala que no será preciso llevar tapabocas «en el exterior, durante la práctica de deporte individual, así como durante la realización de actividades de carácter no deportivo que se realicen en espacios naturales y manteniendo, en todo caso, la distancia mínima de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes».

En su preámbulo, el Ejecutivo justifica la necesidad de recurrir a esa fórmula, que no precisa de convalidación, por la necesaria «flexibilidad y adaptación que requiere la lucha efectiva contra la pandemia».

Y aclara que el Tribunal Constitucional español «ya ha establecido que el principio de reserva de ley no excluye la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a normas reglamentarias» siempre y cuando la ley determine el sentido del reglamento.

«La concreción por real decreto prevista en la nueva redacción es perfectamente viable y no implica una degradación del principio de reserva de ley porque contiene el marco sistemático de remisión», concluye sobre este mismo asunto. 

Acelerar la vacunación

Otro de los puntos avanzados ayer por Pedro Sánchez fue el de la aceleración de la vacunación. Al respecto, la ministra Darias ha puesto sobre la mesa cifras y fechas.  Así, el primer objetivo es contar con un 80% de población mayor de 60 años con una dosis de refuerzo antes del 31 diciembre.

Para el 24 de enero se quiere tener con esta tercera dosis al 80% del grupo entre 50 y 59 años, y para la primera semana de marzo al 80% de las personas del grupo 40-49.

En cuanto a la vacunación pediátrica, el objetivo es que el 70% de los niños y niñas de entre 5 y 11 años cuenten con la primera dosis en la semana del 7 de febrero, y con la segunda para la semana del 18 de abril.

Darias ha remarcado que no hay problemas de suministro, ya que el Ministerio de Sanidad «cuenta en nevera con 8 millones de vacunas», a las que cabe sumar las que tienen almacenadas los gobiernos autonómicos. «Y para 2022 tenemos contratadas 90 millones de dosis», ha destacado.

La ministra ha detallado que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades hasta 150 equipos móviles de vacunación pertenecientes al Ejército, así como los hospitales militares, para ser empleados como centros de vacunación de apoyo y subir el ritmo.

Jubilados y profesionales de fuera de la UE

El Consejo de Ministros ha aprobado también que los centros sanitarios públicos y privados puedan contratar durante el próximo año a profesionales sanitarios jubilados y prejubilados –sin perder sus derechos como pensionistas– para la realización de actividad asistencial relacionada con el covid-19. De la misma forma, también se posibilita la contratación de profesionales con título de especialista obtenido en estados no miembros de la Unión Europea.

Al principio de la comparecencia, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha remarcado que el Ejecutivo destinará 7.000 millones de euros adicionales para los servicios de salud autonómicos, 300 millones del plan de atención primaria.

Esta última se ve particularmente afectada, ya que, según ha destacado Darias más tarde, la variante ómicron parece por ahora más contagiosa pero menos grave, con lo que son los servicios de los ambulatorios los que más carga de trabajo reciben.