![Unos vehículos calcinados, fotografiados el pasado 25 de diciembre en Hpruso, en el estado birmano de Kayah.](/media/asset_publics/resources/000/860/648/article_main_landscape/myanmar.jpg)
«Es con profunda tristeza que confirmamos hoy que dos miembros del personal de Save the Children se encontraban entre las al menos 35 personas, incluyendo mujeres y niños, que murieron el viernes 24 de diciembre en un ataque del Ejército de Myanmar en el estado de Kayah», ha explicado la ONG en un comunicado.
«Ambos eran padres recientes que trabajaban a favor de la educación. El Consejo de Seguridad de la ONU debe reunirse y tomar acciones para que los responsables respondan ante la justicia», ha agregado Save the Children.
Los 35 cadáveres calcinados fueron encontrados el pasado 24 de diciembre en Kayah (este), uno de los estados en conflicto por los combates entre los militares y las milicias opuestas al golpe de Estado.
El coordinador de Naciones Unidas para la ayuda de emergencia de Naciones Unidas, Martin Griffiths, condenó el domingo la masacre y pidió una investigación.
«Informes creíbles aseguran que al menos 35 personas, incluido al menos un niño, fueron obligadas a abandonar sus vehículos, asesinadas y quemadas», aseguró Griffiths en un comunicado en el que se mostró «horrorizado» por lo ocurrido.
Save The Children indicó también el fin de semana que «según los informes, los militares obligaron a las personas a salir de sus automóviles, arrestaron a algunas, mataron a otras y quemaron sus cuerpos».
Myanmar ha entrado en una espiral de crisis y violencia desde que los militares liderados por Min Aung Hlaing tomaron el poder en un golpe de Estado que derrocó al Gobierno de Aung San Suu Kyi, actualmente bajo arresto.
Además de protestas pacíficas y un movimiento de desobediencia civil, se han formado milicias que han tomado las armas junto a las guerrillas que llevan en conflicto con el Ejército birmano desde hace décadas.
Tras casi once meses después de la asonada, la junta militar sigue sin tener el control completo del país a pesar de la brutal violencia utilizada contra la disidencia y que ha causado hasta la fecha al menos 1.377 muertos y más de 8.200 detenidos, según la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP) birmana.
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