El 28 de mayo de 2013, el Gobierno de Urkullu aprobó un código ético y de conducta para los altos cargos y el personal eventual de la Administración. Su objetivo declarado era el de «recuperar la confianza de la ciudadanía vasca en sus instituciones públicas y, particularmente, en el Ejecutivo autonómico, sus responsables políticos y sus cuadros directivos». En octubre de ese mismo año se creó la Comisión de Ética Pública (CEP), encargada de velar por el respeto del código. Desde entonces ha tratado 75 casos, entre denuncias externas y consultas de altos cargos. Solo en dos han visto actuaciones contrarias a la ética. Son pocas. Bien por el buen comportamiento institucional o bien por la forma de actuar de la propia comisión.

La primera consulta recibida por la CEP en 2021 fue la relativa a que el consejero de Salud, Jon Darpón –que dimitió por el fraude en la OPE de Osakidetza– la viceconsejera de Administración Fátima Ansotegi y la subdirectora de Calidad Mayte Bacigalupe, pasaron del Gobierno a una empresa privada sanitaria en mes y medio el primero, y en 48 horas las otras dos. Según la ley deberían esperar dos años, pero todos lograron el permiso gubernamental pertinente, algunas de forma express.

La CEP determinó que, por su cargo, la subdirectora no estaba sujeta al Código y Darpón y Ansotegi tampoco porque antes de pasar a la empresa privada ya habían dejado de ser cargos públicos. El CEP no entró a analizar si el resto del engranaje institucional había actuado correctamente en la concesión de esos privilegios.

Otro de los casos tratados por la CEP el año pasado fue una consulta de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, sobre su actuación en el caso de las vacunaciones VIP en Basurto y Santa Marina. La Comisión analizó solo la documentación aportada por la consejera y llegó a afirmar que «no le corresponde, poner en cuestión» explicaciones que también ella misma dio sobre las conversaciones de whatsapp en la que se le decía que se iba a vacunar a «todo el personal» y que la oposición interpretó como una muestra de que había mentido al Parlamento. El resultado fue que «la interesada no ha contravenido los preceptos relativos a los valores, principios y comportamientos recogidos» en el código. Incluso felicitó a la consejera por su actuación.

La oposición restó importancia a esta decisión, criticando que el Gobierno sea «juez y parte» en estos casos. La CEP está compuesta por tres miembros del propio Ejecutivo y dos vocales elegidos por ellos. Lo preside la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi.

Cese y no contratación

Desde octubre de 2013, la CEP solo ha determinado en un caso que la actuación de un alto cargo fuera contraria al Código Ético y ha recomendado su cese. Y lo hizo pidiendo al Gobierno una graduación de las medidas que podía recomendar, porque le parecía excesiva. Fue el caso de Agustín Elizegi, responsable de EJIE, la sociedad pública de Informática, que trabajó los tres años anteriores en la empresa para la que luego firmó  una contrata de 1,4 millones. El CEP no lo vio ilegal pero sí aseguró que se tenía que haber abstenido.

En otro caso, de 2015, la persona que debía firmar un contrato encontró que el proyecto con mejor valoración tenía como «corresponsable» un vocal de la comisión designado como experto. La CEP prohibió a la autora de la consulta consumar la adjudicación, porque existía un conflicto evidente.

En todos los demás casos denunciados o consultados en el que estaban implicados altos cargos del Gobierno, la CEP no ha visto que se contraviniera el Código Ético. Tampoco cuando un consejero no informó ni siquiera al lehendakari de que poco antes de su nombramiento había sido inhabilitado como administrador concursal. Afirmó, eso sí, que no constituía «un paradigma de rectitud y lealtad personal». Siempre ha encontrado una salida técnica para no entrar a juzgar.

Cargos en los juzgados

A lo largo de estos años, han sido más de una decena los cargos nacogidos al código ético que se han visto denunciados ante los tribunales. Para ellos el CEP ha establecido su propia «jurisprudencia». Pedirles que sigan trabajando, colaborando con la justicia, y recomendando que en caso de que se abriera el juicio oral, sean cesados como medida cautelar.

La Comisión de Ética Pública defiende su criterio ofreciendo datos según los cuales la inmensa mayoría de los casos en los que tomó esta decisión fueron finalmente sobreseídos en los juzgados.

Un caso destapado por GARA no precisó del CEP

Son muy pocos los ceses que se han producido en el Gobierno de Lakua por implicaciones en conflictos de intereses. El mencionado del director general del EJIE, Agustín Elizegi, fue desvelado por un diario en 2013, y por eso se llevó al CEP.

Posteriormente, GARA daba a conocer en julio de 2014 que el Departamento de Justicia de Josu Erkoreka contrató de asesor al directivo de Hiriko José Ramón Fernández de Mendiola en cuanto perdió su puesto. Y siendo cargo público creó una empresa con su exjefe Iñigo Antia, que fue, entre otras cosas, concejal del PNV en el Ayuntamiento de Gasteiz y consejero de Batzokia SL. La empresa se llamaba HUB Gasteiz International 2025.

GARA preguntó al Departamento si la actividad privada del asesor era compatible con su condición de cargo público. Desde la Consejería de Erkoreka respondieron que desconocían ese detalle. Al insistir en la pregunta, aseguraron que no les había informado de la constitución de esa empresa y, después, por ello, acabó siendo fulminantemente cesado.

En esa ocasión no hubo intervención del CEP, porque el Gobierno actuó antes como muestra de «contundencia» y ejemplaridad ante la ciudadanía.