La noche del 18 de octubre de 2019 Barcelona fue escenario de varios incidentes en protesta por la sentencia contra los líderes del Procés. Durante la conocida como ‘Batalla de Urquinaona’, 22 jóvenes fueron arrestados y, tras su paso por la comisaría de la policía española en Barcelona, situada en la calle Via Laietana, uno explicó: «Corrió la voz de que un agente había muerto en los disturbios, y en ese momento varios de ellos nos agredieron, hecho que provocó que las paredes empezaran a llenarse de sangre».

Entre los detenidos estaba Guillem Padilla, de 16 años, que según la querella que presentaron sus abogados, padeció torturas en estas dependencias. En un relato estremecedor, Padilla asegura que fue víctima de insultos, amenazas y varias vejaciones que incluyeron la obligación de desnudarse o que un policía le metiera un dedo en el ano. A raíz de su declaración, el Tribunal Constitucional ordenó que se investigase si el joven vio vulnerada su integridad física y sus derechos más elementales.

Cerebro de la represión

El número 43 de Via Laietana es un espacio de la memoria más turbia, cuya imagen arrastra una enorme carga simbólica. No sólo porque allí han acabado históricamente la mayoría de detenidos en la capital catalana. Desde su apertura como sede de la Jefatura Superior de Policía en 1929, en plena dictadura de Primo de Rivera, ha sido un centro de torturas y violaciones a centenares de activistas sociales y de izquierdas.

Mientras que en las plantas superiores se han expedientado documentos de identidad y gestionado otros trámites, sus sótanos han albergado un macabro serial de interrogatorios contra personas que, en la inmediata posguerra y el tardofranquismo, lucharon por los derechos y las libertades públicas.

Intelectuales como los dirigentes del PSUC Miguel Núñez o Gregorio López Raimundo, los independentistas Blanca Serra, Jordi Carbonell, Agustí Alcoberro o Carles Castellanos, el escritor Manuel Vázquez Montalbán, su mujer y líder estudiantil Anna Sallés, o el activista del MIL Salvador Puig Antich, ejecutado por el régimen en 1974, sufrieron un verdadero calvario durante su estancia en los calabozos de Vía Laietana. De manera que el testimonio de los estudiantes derivados allí tras la ‘Batalla de Urquinaona’ sólo corrobora que, aún hoy, esta práctica continúa arraigada en este agujero negro de la impunidad.

«Via Laietana es el cerebro para estructurar la persecución contra el antifranquismo y otros movimientos políticos», indica Manuel Risques. Según el catedrático de historia de la Universitat de Barcelona, esto explica el intento del Estado por ocultar los abusos que han acontecido en el edificio, sobre todo durante la dictadura. Un silencio que, en opinión de Risques, se sustenta en la Ley de Amnistía de 1977, uno de cuyos objetivo fue evitar que se investiguen las torturas ocurridas en estas dependencias. «Hay otros espacios de represión significativos, como es el Campo de la Bota, La Modelo o la comisaría de la Verneda, pero Via Laietana es el epicentro de la represión, pues de allí salían los atestados que permitían las posteriores condenas o ejecuciones a los detenidos».

Estos atestados, denuncia Risques, siguen bajo llave por expresa decisión del Estado. Entre los pocos que se han obtenido, la mayoría contienen el eufemismo «hábilmente interrogado» para referirse a la tortura o, a través de adjetivos, insultos y otras descripciones, la «denigración de los detenidos».

Hasta hoy, todas las peticiones para acceder a esta documentación han sido desestimadas por la administración, bajo el argumento de que había que garantizar la concordia y la convivencia durante la Transición. Un hecho que, según Risques, contrasta con la situación que se produjo en Alemania, donde el primer director de los archivos de seguridad de la República Democrática Alemania (RDA) decidió abrir estas crónicas negras a los investigadores «para garantizar una vida saludable en una sociedad democrática».

Resignificar para no olvidar

A parte de reclamar el acceso a los archivos, varias entidades de la sociedad civil reclaman que Via Laietana se clausure para transformarse en un espacio dedicado a difundir el conocimiento sobre la tortura policial. Una demanda a la que el Ayuntamiento de Barcelona ha contribuido con un informe sobre los posibles usos del inmueble y que el gobierno español ha rechazado de lleno: en una reciente comparecencia, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, aseguró que el edificio propiedad del ministerio del Interior «es un símbolo de servicio público desde el cual varias generaciones de policías han contribuido y continúan contribuyendo a fortalecer la democracia».

También Fernando Grande-Marlaska manifestó hace poco su negativa a resignificar Via Laietana, lo cual contradice varios preceptos en materia de preservación de la memoria. Así lo ha advertido la plataforma Ateneu Memòria Popular, impulsora de la iniciativa, al recordar que en 2017 el Congreso aprobó una proposición no de ley que habla de clausurar el edificio para que se convierta en un espacio de memoria. «Sin olvidar la obligación que tiene el Estado, en virtud de los tratados internacionales, de llevar a cabo políticas públicas en ese terreno», señala el manifiesto de la plataforma.

Ateneu Memòria Popular, que tiene el apoyo de varias instituciones y entidades tan importantes como Amical de Mauthausen, Associació Catalana d’Expresos Polítics, European Observatory on Memories o el colectivo de abogados Irídia, cita en particular los informes del Relator Especial sobre la promoción de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición de las Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que en reiteradas ocasiones ha instado al Estado español a «promover la contextualización y la resignificación de símbolos y monumentos franquistas». Así lo han hecho Portugal con la antigua prisión de Aljube, en Lisboa, reconvertida en un museo de la memoria; Chile, que rebautizó las instalaciones de Villa Grimaldi, centro de detención y tortura de la policía secreta de Augusto Pinochet, en el denominado Parque por la paz; o Alemania, que en la sede central de la Gestapo en Colonia ha ubicado el Centro de Documentación sobre el Nacionalsocialismo (NS-DOK).

Con Via Laietana, cuya presencia sigue generando una atmósfera de miedo e impunidad en el centro de Barcelona, se abre finalmente el debate en torno de este símbolo de la tortura en Catalunya. Pero también, como nos recuerda Carlos Vallejo, sindicalista torturado en sus dependencias, «la existencia de un espacio que nos retrotrae a la resistencia de aquella generación que, con su compromiso y sufrimiento, contribuyó a debilitar la dictadura».

«Solo deseábamos que nos llevasen a prisión para acabar con ello»

Los hermanos Maribel y Josep Ferrandis, antiguos militantes de la organización marxista Joven Guardia Roja, fueron detenidos en abril de 1971 durante el Estado de excepción declarado por el Proceso de Burgos. Cuatro agentes de la Brigada Política-Social se presentaron en su domicilio de Barcelona y, después de registrar la vivienda, se los llevaron a Via Laietana. «Tras ficharnos, nos metieron en el calabozo, donde permanecimos 32 días durmiendo sobre unos colchones putrefactos y sin podernos duchar», comenta Isabel.

En esas semanas, vieron pasar desde activistas sociales hasta prostitutas e indigentes a los cuales los policías degradaban continuamente. En su caso, las torturas consistían en golpes por todo el cuerpo y en permanecer horas y horas de pie. «Nos hacían andar y si caías en el suelo, te ponían de rodillas o te volvían a apalizar. Sólo deseábamos que nos llevasen a prisión para acabar con ello», relata Josep.

Para los Ferrandis, lo peor fueron los abusos psicológicos y el día que, estando en ese agujero negro, supieron que un compañero de militancia había muerto por disparos de la policía. «Este episodio nos dejó aturdidos pero también nos reafirmó en nuestras convicciones», explica Isabel, que pese a todo, sentencia: «solo somos el reflejo de lo que sufrió mucha gente en Via Laietana».