Cada 24 de enero se celebra el Día de la Abogacía Amenazada, una iniciativa impulsada en 2009 por Hans Gaasbeek en recuerdo a la matanza de Atocha –en la noche del 24 enero de 1977, un grupo de extrema derecha mató a tres abogados, un estudiante de Derecho y un trabajador  mientras trabajaban en su bufete de la calle Atocha de Madrid–. Esta jornada reivindicativa busca llamar la atención de autoridades gubernamentales, instituciones internacionales, sociedad civil y medios de comunicación sobre las persecuciones que sufren quienes ejercen la abogacía en determinados países. En esta ocasión, vuelve a estar dedicada a Colombia, uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser abogado.

Un informe de la fundación Day of the Endangered Lawyer se hace eco de las principales violaciones de derechos humanos que sufren los letrados en Colombia y los perfiles de estos. Según un estudio de 2014 del Fondo de Solidaridad con los Jueces colombianos (Fasol), más de 700 abogados resultaron muertos de forma violenta en diez años y más de 4.400 sufrieron diversos tipos de agresiones.

Entre 1989 y 2019, 1.340 profesionales del sector judicial fueron víctimas de violencia y de enero de 2019 a abril de 2021, hubo seis homicidios, 26 funcionarios amenazados, 12 ataques, tres procesamientos calificados de «injustificados», seis desplazamientos, un exilio y una denuncia de agresión sexual.

El abogado colombiano y miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado Adil José Meléndez Márquez, quien ha acompañado a comunidades indígenas y campesinas en casos emblemáticos de restitución de tierras, así como a víctimas de grupos paramilitares, Policía o el Ejército ha recibido amenazas de muerte y ha sobrevivido a tres intentos de homicidio. En 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares que en diciembre de 2018 le fueron retiradas parcialmente.

Del despacho al exilio

Reinaldo Villalba representa al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente y senador Álvaro Uribe, acusado de manipulación de testigos y fraude procesal. Según se destaca en el informe, desde que asumió este caso, las amenazas contra su persona «se han multiplicado. Ha sido víctima de una campaña de difamación y se le ha tildado de defensor del terrorismo y de auxiliar a las fuerzas guerrilleras».

Zoraida Hernández Pedraza, ex secretaria general de la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) –la organización de derechos humanos más antigua de Colombia, fundada en 1973 por el escritor Gabriel García Márquez en un contexto marcado por la fuerte represión y las denuncias de tortura a detenidos y otras graves vulneraciones de derechos–, ha atendido demandas de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de dirigir importantes organizaciones de derechos humanos en Colombia y de asesorar a comunidades campesinas y afrodescendientes, por lo que ha sido declarada «objetivo militar» por grupos paramilitares en varias regiones del país. En 2011, su domicilio fue asaltado por desconocidos. A esto le sucedieron seguimientos e interceptaciones de comunicaciones, lo que le llevó a exiliarse temporalmente. En 2014 regresó a Colombia.

Entre 2017 y 2018 actuó, en nombre del CSPP, como asesora jurídica en temas de derechos humanos, derecho internacional y participación de la sociedad civil en las fallidas conversaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN, lo que «aumentó los niveles de riesgo para ella y su familia. Los discos de grabación del sistema de vigilancia y seguridad fueron robados a la fuerza de su vivienda, sufrió seguimientos constantes, le robaron la línea telefónica, su casa estuvo permanentemente vigilada y hubo actos de hostigamiento contra su familia». En 2019 tuvo que exiliarse nuevamente.

Franklin Castañeda, presidente del CSPP y uno de los dos representantes del movimiento de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, organismo creado tras los acuerdos de La Habana para diseñar políticas para desmantelar organizaciones sucesoras del paramilitarismo, ha sufrido «una campaña de desprestigio a través de acusaciones públicas por parte de funcionarios estatales y miembros Centro Democrático». Acusaron al CSPP de «sobornar y manipular» al testigo Juan Guillermo Monsalve en el marco del proceso abierto contra Uribe en la Corte Suprema. El CSPP denunció que en menos de diez días recibió 140 mensajes amenazantes, la mayoría dirigidos contra Franklin Castañeda.

Daniel Prado, abogado independiente asociado a la Comisión de Justicia y Paz (JyP), ha recibido amenazas de muerte, además de ser objeto de seguimientos, campañas de estigmatización e incluso dispararon contra su oficina en Bogotá e intentaron aflojar las ruedas de su coche, que pertenecía al esquema de protección concedido por el Estado. El expresidente Uribe y su entorno más cercano lo tildó de exguerrillero. Desde 2017 tiene medidas de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Johan Sebastián Moreno y Leonardo Jaimes, ambos abogados del Equipo Jurídico Pueblos (EJP), organización no gubernamental fundada en 2007 que ofrece asistencia jurídica a presos políticos, fueron agredidos cuando asistían a manifestantes detenidos en el marco de las protestas sociales que estallaron en abril del año pasado.

En mayo de 2021, Moreno fue detenido mientras documentaba una manifestación y la actuación policial. «A pesar de estar plenamente identificado, con chaleco y credenciales, fue fuertemente golpeado y estaba sangrando cuando los uniformados se lo llevaron esposado en una moto de la Policía Nacional a comisaría. Los agentes le negaron de forma arbitraria e ilegal asistencia jurídica e incluso humanitaria», señala el informe.

Ese mismo mes, Jaimes «fue ridiculizado, acosado y amenazado por el comandante Giovanni Parra en la comisaría de San Pío, donde intentaba hablar con cuatro jóvenes que habían sido detenidos, tres de ellos menores de edad. También fue agredido físicamente por al menos diez miembros de la Fuerza Disponible mientras entrevistaba a una joven que había sido agredida durante la dispersión de una manifestación. Fue arrojado al suelo y arrastrado por agentes que registraron sus pertenencias y las arrojaron a un lado, al tiempo que le ordenaban que se marchara, ignorando su labor como defensor de derechos humanos».

Otra de las organizaciones que ha recibido amenazas tanto a nivel colectivo como individual es el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, fundado en 1980 y con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU. Debido a su asistencia a presos políticos y opositores, estuvo en la mira del ya extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que sometió a un intenso espionaje a varios de sus miembros entre 2003 y 2005, y entre 2019 y 2020.

El 8 de julio de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió el caso a la Corte solicitando que declarara «la responsabilidad internacional del Estado colombiano en los actos de violencia, amenazas y hostigamiento» contra este colectivo.

Entre sus acciones y amplio trabajo con víctimas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura, mutilaciones o comunidades afectadas por el despojo de tierras o por megaproyectos, la Asociación Red de Defensores de Derechos Humanos de Colombia (DhColombia) ha logrado llevar a juicio o promover investigaciones contra más de 15 generales, más de 25 coroneles, ocho directores de la policía secreta y organismos de Inteligencia y más de 60 miembros de estas fuerzas.

Desde 2005, particularmente entre 2008 y 2010, profesionales que forman parte del equipo de trabajo de esta organización de la sociedad civil han sufrido agresiones y estigmatización. Familiares de algunos de los abogados se han visto forzados a exiliarse.
Las abogadas de la Corporación Colectiva de Abogados Luis Carlos Pérez (Ccalpc) que se enfrentan a empresas mineras también se han visto obligadas a implementar medidas de seguridad para preservar su integridad física y labor defensora. Su directora, Julia Figueroa, viaja con dos guardaespaldas y en un coche blindado. Subraya que «con el tema ambiental, defender el agua es ir en contra de los contratos millonarios que se han firmado entre el Estado y las empresas».

Recomendaciones al Estado

La Fundación de Day Of The Endangered Lawyer reclama al Estado que «proteja urgentemente la vida de los abogados y adopte medidas de protección adicionales y efectivas para garantizar su seguridad y libertad, especialmente en las zonas rurales, lleve a cabo investigaciones imparciales, independientes y efectivas» y luchar contra la estigmatización de la abogacía involucrada en asuntos sensibles de derechos humanos.

También insta a la Unión Europea y sus Estados miembros a que «utilicen sus relaciones con Colombia para reforzar la protección de los abogados y defensores de derechos humanos». Considera, además, que los colegios de abogados «están llamados a vigilar de cerca e informar sobre la situación de la abogacía de derechos humanos» y anima a periodistas y medios de comunicación internacionales a que «investiguen e informen» para presionar al Estado colombiano y «centrar la atención de todos el mundo en el papel vital que desempeñan los abogados de derechos humanos y los graves riesgos que enfrentan».