La ministra española de Justicia, Pilar Llop, ha avisado este lunes a la Generalitat de Catalunya de que debe cumplir la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo de Catalunya. «Estamos en un Estado de Derecho y en un Estado de Derecho se respetan la ley, la Constitución y las sentencias», ha sentenciado.

Lo ha dicho en rueda de prensa preguntada por esta cuestión, tras mantener una reunión con la consellera de Justicia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, en el marco de los encuentros que está realizando la ministra con los responsables de justicia de las comunidades autonómicas.

Llop ha explicado que desconoce si la Generalitat hará alegaciones o procederá a la ejecución de la sentencia, y ha asegurado que «el Gobierno está comprometido con las lenguas oficiales», que ha recalcado que nunca pueden entenderse como un instrumento para enfrentar.

Por su parte, Ciuró ha replicado a la ministra que la sentencia del TSJC «no tiene ningún sentido». «La implementación de la inmersión es un modelo de éxito, nunca ha ido sobre porcentajes, siempre sobre competencias de los estudiantes, por lo tanto no tienen ningún sentido que ahora se haga una aplicación de esos porcentajes», ha subrayado.

La consellera ha recalcado que la sentencia dictamina «un hecho que ya se produce, que es la competencia de los alumnos en las dos lenguas oficiales del Estado» y ha insistido en que la inmersión es fruto de un pacto amplísimo en el Parlament, en sus palabras.

Así, Ciuró ha defendido que el modelo de inmersión lingüística en Catalunya es «de éxito» y que garantiza la competencia de los alumnos en catalán y en castellano y en igualdad de condiciones.

«Entrar en la cuestión de la lengua es entrar a politizar una vez más una cuestión que es pacífica, que es una norma de convivencia y que ha representado un progreso para la ciudadanía de Catalunya», ha concluido.