La defensa de Iratxe Sorzabal ha pedido la libre absolución de la irundarra recordando el contexto en el que se consiguen las pruebas contra ella por dos explosiones sucedidas en Xixón en 1996. «La detención de Iratxe llega tras las declaraciones policiales que se dan ‘en aquellas circunstancias’, tras la detención de Aitor Olaizola», que inculpó a la juzgada durante su incomunicación, ha recordado la defensa.

La acusación presentada en sede judicial se basa en la declaración realizada por Sorzabal en los calabozos de la Guardia Civil durante aquel arresto, así como una carta en la que relató a ETA lo declarado en sede policial, bajo régimen de incomunicación y evidencias de haber sido torturada. «Estas declaraciones no fueron ratificadas, lo ha dicho el Ministerio Fiscal», ha recordado la defensa.

La Audiencia Nacional ha juzgado este lunes y martes a Sorzabal por la única causa por la que ha sido entregada temporalmente por el Estado francés, donde cumple condena.

Durante la segunda y última sesión del juicio, que ha quedado visto para sentencia, han testificado varios agentes de la Policía española y la Guardia Civil, así como los peritos forenses.

La única prueba presentada por la acusación contra Sorzabal, además de la declaración en sede policial, es una carta obtenida durante una redada en el Estado francés contra varios miembros de ETA. En la misiva, la irundarra relata las autoinculpaciones e inculpaciones realizadas durante el periodo de incomunicación. «Esto es lo que le dije a la Policía», comienza. La Guardia Civil recibió una traducción de la misma. La acusación considera que lo relatado ahí es «una relación de los actos realizados por la acusada».

En esta carta traducida, tal y como ha destacado la defensa, se omiten varias frases. Los guardias civiles que participaron en la elaboración del informe han achacado a su desconocimiento del euskara el no haberse percatado de la ausencia de estas frases. Sin embargo, tampoco lo compararon con la declaración de Sorzabal en sede judicial.

La tortura, en el centro del juicio

En la primera sesión del juicio, celebrada ayer en la sede de la Audiencia Nacional de la calle Génova, Sorzabal ya negó los hechos que se le imputaban y recordó que su autoinculpación se debió «al infierno» al que fue sometida mediante torturas durante los días de incomunicación. «Les dije que si quería firmaba que había matado a Carrero Blanco. Me dijeron que eso no podían hacerlo creíble, pero que estuviese tranquila, que me iban a meter otros muchos».

La acusación, sin embargo, ha tratado hoy de restar credibilidad a la denuncia de torturas, a pesar de haber sido corroborada por el Protocolo de Estambul durante otro procedimiento judicial en el Estado francés. «ETA desde sus inicios tiene una orden de denunciar de forma sistemática malos tratos», han señalado dos peritos de la Guardia Civil que presentaron un informe sobre la supuesta estrategia de ETA de denunciar los malos tratos. Ante ello, la defensa ha puesto sobre la mesa el informe con el que la justicia del Estado español rechazó la denuncia de torturas de Igor Portu y Mattin Sarasola que repite palabra por palabra lo presentado en este juicio. La justicia europea, después, daría la razón a los dos ciudadanos vascos, condenando al Estado español. «Son muchas más las absoluciones», se han defendido los agentes.

El perito forense citado por la acusación, médico forense de la Audiencia Nacional, sin embargo, ha reconocido que le entregaron unas fotocopias en blanco y negro de las fotografías realizadas a Sorzabal al ser trasladada al hospital. «No se podía observar nada sobre lo que se me requería», se ha limitado a apuntar en relación a las marcas dejadas por los electrodos en la piel de la irundarra.

En sus conclusiones, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la AVT han retirado de sus acusaciones contra Sorzabal el delito por «pertenencia a organización terrorista» al considerar que ya ha sido condenada en estos términos por tribunales franceses. Por contra, han mantenido su acusación sobre la participación de la irundarra en los ataques realizados en Xixón en 1996, extremo que Sorzabal ya negó en la jornada de ayer.