![Grupos de izquierda también se manifestaron contra el FMI en Buenos Aires el pasado 27 de enero.](/media/asset_publics/resources/000/872/034/article_main_landscape/Deuda-FMI.jpg)
La nueva movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con final en la Plaza de Mayo, frente a la sede del Gobierno, que se ha celebrado ese martes estaba convocada por políticos como los diputados Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, del Frente de Izquierda, formación opositora al Gobierno del peronista Alberto Fernández.
El Ejecutivo anunció a finales de enero un principio de acuerdo con el FMI para reestructurar el crédito otorgado en 2018, cuando aún gobernaba Mauricio Macri (2015-2019).
«Nos quieren hacer creer que este acuerdo es lo único que se podía hacer y nosotros decimos claramente que no nos van a convencer de que la única opción que nos queda es agachar la cabeza», expresó Bregman al convocar la movilización.
Las negociaciones con el Fondo se extendieron durante meses y tenían como objetivo alargar los plazos, ante la escasez de recursos y con fechas de pago a punto de vencer, ya que en marzo Argentina debería abonar 3.000 millones de dólares.
En medio de un complejo escenario económico, que el país arrastra desde hace cuatro años, el préstamo ascendía a 44.200 millones de dólares.
De ese total, y según el acuerdo original, Argentina tendría que devolver aún, entre capital e intereses, 19.020 millones de dólares en 2022, 19.270 millones en 2023 y 4.856 millones en 2024, condiciones que el Ejecutivo reiteraba que no podía afrontar, y por lo que buscaba llegar a un nuevo programa con el FMI.
Sin mayoría absoluta en el Congreso
«Por eso impulsamos esta movilización en la calle, para denunciar que este Gobierno nos llevó al callejón de pagarle al Fondo y aceptar sus condiciones, convalidando la estafa macrista. Nosotros vamos a continuar denunciando la estafa y a enfrentar este acuerdo», comentó Bregman.
Todavía queda en manos del directorio del FMI y del Congreso argentino confirmar el acuerdo para que entre en vigor. Para ello, Alberto Fernández había pedido el apoyo de todos los legisladores, debido a que ni el oficialismo ni la oposición cuentan con mayoría absoluta.
El mandatario argentino ha asegurado que no se llegará a imponer un «déficit cero» pero tampoco se relegará el gasto social y se respetarán los planes de inversión en ciencia y tecnología.
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