La abogada de la acusación particular, que ejerce la letrada Cristina Ramos a través de la asociación Clara Campoamor, ha destacado, en el segundo juicio al presunto violador en serie de Gipuzkoa por una agresión sexual el 1 de enero de 2015 en Lasarte-Oria, el «daño sicológico» sufrido por la mujer, que en el momento de la agresión sexual tenía 21 años.

Tras la primera sesión del juicio en la Sección Primera de la Audiencia de Gipuzkoa, en la que han comparecido el acusado, la víctima y, como testigos, los padres de ésta, una vecina y una amiga, Ramos ha señalado a los periodostas que la vista ha comenzado como esperaba ya que el acusado «ha hecho la misma declaración que en el juicio anterior», cuando hace dos semanas fue juzgado por otra agresión a una joven en Beasain en julio de 2019.

«Ha seguido la misma línea diciendo que no recuerda nada porque había consumido» alcohol, medicamentos y drogas, así que «no hay nada reseñable».

«Es la estrategia que tiene que seguir para intentar reducir la pena», ha apuntado.

Respecto a la mujer, ha incidido en el «daño sicológico» que ha sufrido.

La letrada ha explicado que este caso es «calcado» al de Beasain de 2019, pero mientras que el otro ocurrió en un domicilio este se produjo «en plena calle».

Ramos, ha reiterado que, a su juicio, todos los juicios por las agresiones sexuales a las que se acusa a este hombre de 37 años  deberían haberse juzgado «en uno, pero la sala ha entendido que no». 

Declaración de los padres

Los padres de la víctima han recordado en su declaración cómo aquel día de Año Nuevo de 2017, pasadas las 7.00 horas, su hija llamó al portero automático de su vivienda «muy alterada» y, tras llegar a su piso, relató a su madre cómo alguien la había «agarrado» por detrás y le había colocado «algo» en la cara que le impedía respirar, tras lo que «intentó forcejear» pero «no pudo hacer nada» porque se «desvaneció».

La madre ha explicado que la joven estaba «muy nerviosa» porque no sabía lo que le habían hecho. «Tenía la cara y los ojos muy rojos» y estaba «muy aturdida», ha detallado.

La mujer decidió entonces despertar a su marido, que acababa de llegar poco antes del trabajo, quien ha indicado que bajó al portal de su casa para ver si descubría algo en los soportales, pero al no encontrar nada decidió llamar a la Ertzaintza que inició el protocolo de agresiones sexuales, tras lo que la joven fue examinada en el hospital.

Este hombre ha asegurado que su hija ya «no es la misma» de antes.

El padre ha denunciado también que su hija no ha recibido atención psicológica alguna ni ha estado en tratamiento porque «nadie le dijo nada».

El acusado repite su defensa

El acusado, por su parte, ha calcado este lunes la estrategia de su último juicio y al igual que entonces ha asegurado que no recuerda haber agredido sexualmente a la joven en Lasarte-Oria el 1 de enero de 2015 porque se encontraba bajo los efectos del alcohol, la medicación y las drogas.

Como ya hizo hace dos semanas, no ha negado haber cometido los hechos, ante el peso de las pruebas de ADN que le incriminan, y también ha pedido disculpas por lo ocurrido.

El hombre, que sólo ha respondido a las cuestiones de su defensa, ha dicho sentirse «culpable» cuando su propia abogada le ha preguntado cómo se sentía al saber que todas las pruebas «apuntan» a él y ha anunciado su disposición a «indemnizar» a la chica por los daños causados.

El martes, agentes de la Ertzaintza

Tras estos testimonios, la jornada del juicio de este lunes ha concluido con la declaración de una vecina de la víctima, que la vio llegar a casa «muy afectada», y una de sus amigas que ha comentado que tras pasar la noche juntas de fiesta, en cuadrilla, ambas regresaron solas a sus domicilios.

Está previsto que la vista se reanude el martes con las declaraciones de varios agentes de la Ertzaintza.

La Fiscalía de Gipuzkoa solicita para el acusado 11 años de prisión por un delito de agresión sexual, además de 20.000 euros de indemnización a la víctima por los daños morales causados.

Por su parte, la acusación particular pide una pena de prisión de 12 años, otros diez de libertad vigilada, y 35.000 euros por las secuelas psicológicas provocadas.