El Juzgado de Instrucción número 10 de Bilbo ha abierto una investigación para esclarecer un supuesto caso de brutalidad policial en el que podrían estar implicados ocho agentes de la Ertzaintza.

Según ha informado "El Correo", los hechos tuvieron lugar el pasado verano en el barrio bilbaíno de San Francisco, donde los ertzainas detuvieron a dos jóvenes acusados de un delito de «atentados contra agentes de la autoridad».

Ocurrió, sin embargo, que el juez encargado de investigar los hechos solicitó las grabaciones de una cámara de seguridad cercana y comprobó que en ellas se puede ver cómo dos ertzainas conducen a los jóvenes a una zona no cubierta por las cámaras.

En un momento dado los agentes sí quedaron al alcance de las cámaras, que les captaron agrediendo a los jóvenes, que ya habían sido esposados. Les propinaron patadas, pisotones y puñetazos en la cara.

Tras ver las imágenes y escuchar a los detenidos, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbo cerró las diligencias y trasladó el caso al Juzgado de Instrucción número 10, que ha solicitado tomar declaración a dos ertzainas. En el operativo en total habrían participado ocho.

Al parecer, la unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para analizar unos hechos que pueden ser castigados con penas de hasta cuatro años de prisión.

Conviene recordar que en marzo de 2020 durante el confinamiento, agentes de la Ertzaintza protagonizaron otra actuación polémica en el barrio de San Francisco, donde detuvieron a una madre y a su hijo. La violencia empleada por los agentes derivó en una fuerte respuesta social Estos días se ha denunciado también la agresión a una mujer racializada dentro de una comisaría, de la que también han aparecido imágenes en ‘El Correo’. Y todo ello en vísperas del décimo aniversario de la muerte por un pelotazo de Iñigo Cabacas y en plenas celebraciones oficiales acríticas del 40 aniversario del cuerpo.

Urkullu reivindica la presunción de inocencia

Cuestionado sobre este último caso en una entrevista concedida a Euskadi Irratia a primera hora de este miércoles, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, ha puesto en valor la presunción de inocencia de los agentes, y ha criticado que un medio de comunicación haya tenido acceso a unas imágenes que no están a disposición del Ejecutivo autonómico.

Además, ha anunciado una comparecencia del consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, para dar cuenta de unos hechos que «se están investigando. Y se cumplirá el resultado de la investigación».

Después ha sido efectivamente Erkoreka quien ha intervenido en la misma línea: para quejarse de la actitud del Juzgado por no trasladarle las imágenes y anunciar una investigación interna que en cualquier caso estaría sometida al dictamen judicial y por ahora conlleva medidas preventivas contra los agentes.

Así, el consejero y vicelehendakari se ha quejado de que la investigación judicial «alude a unos hechos vistos en una grabación que se cita y describe, pero que no se adjunta» porque el vídeo que les ha sido remitido «estaba sin contenido, vacío».

Desde entonces, el Departamento de Seguridad ha solicitado al Juzgado de Instrucción de Bilbo copia de esas imágenes, «hasta en tres ocasiones, sin que por el momento haya podido obtenerlas».

A partir de ahí, Josu Erkoreka ha reiterado que el Departamento de Seguridad manifiesta «su respeto al principio básico de presunción de inocencia para los agentes de la Ertzaintza así como a los tiempos de una investigación judicial que acaba de abrirse para esclarecer los hechos y, en su caso, depurar responsabilidades».

En este sentido, ha alegado que para que Asuntos Internos pueda activar cualquier procedimiento interno y adoptarse las medidas pertinentes, «lógicamente, es preciso conocer qué es lo que ocurrió, y eso es lo que está recogido en ese video que conoció el juez que dictó el auto, pero que de momento no está al alcance del Departamento de Seguridad».

Se trata de una grabación que procede de una cámara instalada en una vía pública pero que no es de titularidad del Departamento sino que pertenece a otra entidad y está protegida, por lo que es necesario «conocer exactamente el contenido de las imágenes para, en su caso, los Servicios de Asuntos Internos puedan emprender la correspondiente y oportuna investigación sobre estos hechos».

Ha añadido a ello que su Departamento no puede tramitar expediente disciplinario alguno ni dictar una resolución hasta que el procedimiento judicial concluya con una sentencia firme y definitiva, las actuaciones internas necesariamente deberán suspenderse hasta ese momento. Cabe recordar que en caso Cabacas pese a que hubo una condena muy menor no se tomaron medidas disciplinarias contra los agentes.

Hasta entonces, el consejero ha confirmado que, de manera cautelar, a los dos agentes objeto de la investigación judicial se les ha apartado del servicio en el área en el que se han desarrollado los hechos investigados, «de manera que no se produzca contacto alguno en esa zona y los agentes objeto de la investigación».