![Enrique Maya, durante un acto del Ayuntamiento.](/media/asset_publics/resources/000/869/768/article_main_landscape/PASEO_FERNANDO_REDO%CC%81N_EE5A1594.jpg)
Ante «las reiteradas negativas del equipo de gobierno de Enrique Maya a entregar en tiempo y forma» la documentación que EH Bildu le ha requerido en el ejercicio de sus funciones, este grupo municipal ha recurrido al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo para reclamar un expediente que no se le ha entregado.
Junto a ello, EH Bildu busca que los tribunales se posiciones sobre si la actitud del equipo de gobierno de Maya vulnera el derecho fundamental a la participación. «Entendemos que es hora de dar un paso más puesto que son ya ocho veces las que el Tribunal Administrativo de Navarra ha llamado la atención al alcalde y a su equipo por estos retrasos injustificados sin que ello parezca importarles lo más mínimo dada la reiteración constante en esta conducta», explican desde el grupo abertzale.
«Lo que buscamos es que, de una vez por todas, Navarra Suma deje de saltarse la ley y respete el derecho de la ciudadanía a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes», resumen.
Documentación sobre vivienda
El recurso presentado por EH Bildu el lunes se centra en la reclamación de una documentación sobre el número de solicitudes no atendidas de vivienda de emergencia habitacional reclamada al titular de Urbanismo. Esta solicitud fue cursada el pasado mes de noviembre por la edil Eva Aranguren y a fecha de interposición del recurso, no se había entregado (casi tres meses después). En concreto se pedía información desglosada de los solicitantes por «sexo, edad, personas menores a su cargo, personas receptoras de RGI, personas con pensiones mínimas y personas con personas adultas a su cargo». El objetivo de esta información era «evaluar la situación de la vivienda de emergencia en Pamplona y hacer un perfil de quienes la necesitan para priorizar que el Ayuntamiento les ayude», explica EH Bildu.
El recurso constata que al no responder el equipo de gobierno en el plazo estipulado (cinco días naturales) ha de entenderse que la solicitud de información «está ganada por silencio» y, al no entregarla «sin haber acreditado razones que pudieran justificar este incumplimiento», el equipo de Maya «ha vulnerado el derecho constitucional de la demandante, como concejal, a la participación política».
El escrito atestigua además que ésta no es la primera vez y relata casos anteriores en los que el Tribunal Administrativo de Nafarroa ya ha llamado la atención a Maya y a su equipo.
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