El juicio por el que está imputado al excardenal Angelo Becciu por las irregularidades en la gestión de fondos vaticanos proseguirá el 17 de marzo, después de que el Tribunal haya rechazado todas las objeciones presentadas por los abogados desde la apertura del proceso hace siete meses.

En la próxima audiencia del proceso se interrogará a Becciu, ex sustituto de la Secretaría de Estado para los Asuntos Generales, es decir, el hombre de confianza del Papa en la administración vaticana, y a quien Francisco retiró todos sus derechos como cardenal tras el inicio de las investigaciones.

En este primer interrogatorio se abordarán los hechos relativos a los envíos desde los fondos de la Secretaria de Estado a la diócesis de Ozieri, en Cerdeña, región natal de Becciu y a la cooperativa Spes, que pertenece a los hermanos del expurpurado.

«Finalmente ha llegado la hora de la verdad. Inicial el juicio oral. Eran siete meses que esperaba. Ahora podré hablar. Estoy contento y preparado para responder», dijo Becciu a los periodistas.

«Teme por su vida»

Durante la audiencia de este martes, el abogado de la exasesora del cardenal también imputada, Cecilia Marogna, explicó que se ha escrito al Estado Italiano, a la Secretaria de Estado vaticana y a la OTAN para que se consideren sus declaraciones «secreto de Estado» y no tenga que ser interrogada.

Asimismo, el abogado aseguró que Marogna «teme por su vida».

Los abogados se reservaron la posibilidad de impugnar la decisión de hoy del Tribunal vaticano, ya que desde que inició el juicio piden su nulidad debido a que denuncian que no se han incluido todos los documentos e interrogaciones de los investigados e imputados en el sumario.

El juicio busca aclarar algunas irregularidades en la gestión de los fondos de la secretaria de Estado como el caso de la compraventa, terminada en estafa para el Vaticano, de un edificio en el centro de Londres y que inicialmente costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros y que acabó creando perdidas por 227 de euros.

Además de Becciu y Marogna están imputados el bróker Gianluigi Torzi; Enrico Crasso, financiero de referencia de la Secretaría de Estado, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente.

También monseñor Mauro Carlino, exsecretario de Becciu; el banquero Raffaele Mincione, el abogado Nicola Squillace y el funcionario de la Santa Sede Fabrizio Tirabassi.