«Se nos obliga a realizar cobros y pagos a través de las entidades bancarias sin empleados, en cajeros automáticos o por medios digitales y tarjetas. Todo esto expone a una mayor y grave precarización a la ciudadanía más vulnerable que ni tiene recursos para afrontar estos nuevos costes ni tampoco dispone de las habilidades digitales para los nuevos instrumentos financieros», ha explicado Fernando Viedma, en la comparecencia de la coordinadora de pensionistas Mayores frente a la crisis en el Palacio Condestable de Iruñea.

Ante ello, la coordinadora, formada por Amona, Anapen, Anapp, Asociación de Mayores Lacarra, Federación de Pensionistas de CCOO, Sasoia, Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, ha convocado una manifestación para este viernes bajo el lema ‘Mayores frente a la banca’. La marcha saldrá a las 12.00 de la plaza del Castillo y terminará en la plaza Merindades, frente a la Delegación del Gobierno español. Por el camino, realizarán cuatro paradas ante distintas sedes bancarias.

«Una de las mayores lacras que padecemos es la exclusión financiera», ha apuntado Viedma. Por ello, reclaman que se garantice «un acceso adecuado» a los sevicios bancarios para toda la población.

Asimismo, han criticado que «se ha liquidado un modelo en el que el Estado regulaba y sostenía entidades específicas para sectores clave como el agrario, el industrial y el de la construcción». En el caso de Nafarroa, han recordado que «los intereses de la gran banca» llevaron a la desaparición de la CAN. «El sistema financiero español es un oligopolio privado que debería hacer actuar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia».

Han subrayado que con la fusión de CaixaBank y Bankia, cuatro grandes grupos manejarán el 80% del activo bancario, lo que relacionan con el cierre del 50% de las oficinas bancarias del Estado español en los últimos 14 años.

Ante ello, apuestan por «frenar en seco el proceso de exclusión» y piden «recomponer servicios de una banca minorista, de depósitos y de desarrollo local». Y han señalado directamente a los gobiernos de Madrid e Iruñea, reclamando «una legislación adecuada» para facilitar el acceso a personas mayores.