Juliette de Rivero, la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, ha indicado, en una rueda de prensa virtual que se ha celebrado este jueves, que en 2021 recogieron informes sobre 100 casos de posibles masacres, de las cuales han podido verificar 78.

En el informe sobre 2020, la ONU documentó que se habían producido 76 masacres, con 292 fallecidos, el doble de homicidios múltiples que en 2019.

Las 78 masacres de 2021, que dejaron 292 víctimas y ocurrieron principalmente en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, suponen la cifra más alta desde 2014.

Indígenas, afrodescendientes y exguerrileros

En 2021, «la Alta Comisionada (la expresidenta chilena Michelle Bachelet) observó con mucha preocupación el incremento de la violencia», que afectó especialmente a los pueblos indígenas y afrodescendientes, y que provocó el desplazamiento de 72.000 personas, en comparación con las 26.000 de 2020, ha precisado De Rivero.

Además, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, la oficina de la ONU verificó 54 muertes violentas de excombatientes desmovilizados, así como 100 de defensores de derechos humanos de las 202 denuncias que recibieron.

En general, ha comentado De Rivero, Naciones Unidas observó que «la creciente presencia de fuerza pública en los territorios no ha frenado a los grupos armados», responsables de un aumento de las desapariciones, muertes y violencia sexual en las comunidades.

El informe también recoge 54 privaciones arbitrarias de la vida por parte de miembros del Ejército y la Policía Nacional verificadas por la ONU de un total de 100 denuncias recibidas, sobre todo por los hechos ocurridos durante las protestas de mayo y junio.

De estos casos, 29 homicidios, la mayoría de los verificados, se dieron «por el uso innecesario o desproporcionado de la fuerza en el marco de las protestas».

El documento recomienda avanzar en la implementación del acuerdo de paz, cuando se cumple su quinto aniversario, y en la elaboración de una política pública para desmantelar las organizaciones ilegales con el fin de acabar con la violencia en el territorio.

Además, aconseja al Estado reforzar su presencia en todo el territorio, ya que por el momento es limitada. «La presencia integral del Estado permitiría un mayor acceso a la justicia y a los derechos básicos», ha afirmado De Rivero.