El nuevo informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) advierte de que la mitad de la población del planeta es «muy vulnerable» a los crecientes impactos del cambio climático, y alerta de los daños irreversibles que ya ha provocado y los que están por venir. Sin embargo, más allá de cumbres presentadas con mucha pompa y regadas con alguna lágrima, los mandatarios mundiales apenas se están moviendo para evitar el desastre. No al menos con la decisión que requiere esta tarea.

Y no es solo que China, reacio a adquirir compromisos en esta materia, insista en su apuesta por el carbón, cuyo consumo elevó un 4,9% el año pasado, es que el resto de las grandes economías también mantienen una distancia sideral entre palabras y hechos.

Así lo ha puesto de manifiesto un informe publicado por el TNI (Transnational Institute), donde se explica que entre 2013 y 2018 siete de los países más ricos –Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Canadá, Estado francés y Australia– gastaron en conjunto más del doble de dinero en controles fronterizos y de inmigración que en luchar contra la crisis climática; 33.100 y 14.400 millones de dólares, respectivamente.

Migrantes y refugiados por la crisis

El documento explica que el montante que estos grandes emisores de gases de efecto invernadero destinaron a fortificar las fronteras aumentó un 29% en ese periodo, que además sigue la estela de años anteriores. Y es que en EEUU el gasto en controles fronterizos y de inmigración se triplicó entre 2003 y 2021, mientras que el presupuesto del organismo fronterizo de la Unión Europea, Frontex, creció nada menos que un 2.763% desde su creación, en 2006, hasta 2021.

«Los mayores emisores históricos de gases de efecto invernadero son también los principales responsables de la vigilancia de las fronteras del mundo», expone el documento, que recuerda, asimismo, que además de Estados Unidos, países como Australia, Canadá y el Reino Unido, así como la UE y sus 27 estados miembros, «están construyendo muros, desplegando agentes armados, erigiendo sofisticadas y costosas tecnologías de vigilancia y de control biométrico, y sistemas aéreos no tripulados, a menudo en colaboración con una floreciente industria fronteriza mundial». De esta forma, en los últimos años se han construido 63 muros fronterizos, y se están anunciando más, frente a los seis que se levantaron entre finales de los 80 y primeros 90, cuando además cayó el Muro de Berlín. Esta construcción se ha acelerado tras los ataques del 11 de setiembre de 2001, y sobre todo desde 2010.

Los autores apuntan que esta militarización se debe en parte a las estrategias de seguridad de esos países que, desde principios de siglo, han catalogado de forma generalizada a los migrantes climáticos como amenazas y no víctimas de la crisis. Así, en 2003, un informe encargado por el Pentágono decía que, en el peor de los escenarios climáticos, EEUU tendría que erigir «fortalezas defensivas» para detener a los «migrantes hambrientos no deseados» de países como Guatemala y Haití. Esas «fortalezas» se extienden por todo el mundo y están dirigidas y financiadas por los mayores emisores, es decir, los principales causantes del desastre.

Los movimientos humanos pueden deberse a un evento catastrófico, como un huracán o una inundación, pero también a la acumulación de impactos, como sequías, o la subida del nivel del mar, que gradualmente tornan inhabitable una zona y obligan a poblaciones enteras a reubicarse. Y aunque la mayoría de las personas desplazadas, ya sea a causa del clima o no, se mueve dentro de sus países, hay una parte que traspasa las fronteras, y es probable que esa porción aumente a medida que el cambio climático afecte a regiones y ecosistemas enteros.

En este contexto, una aportación suficiente de fondos ayudaría a mitigar los impactos de la crisis climática y a los países a adaptarse a ella, incluyendo el apoyo a las personas que necesitan desplazarse o migrar. Sin embargo, los países más ricos ni siquiera han cumplido la promesa de destinar cien mil millones de dólares al año a la financiación climática. Según indica el TNI, las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) hablan de un total de 79.600 millones de dólares dedicados a este objetivo en 2019, pero una investigación de Oxfam International señala que si se toman en cuenta el sobrerregistro y los préstamos en lugar de las subvenciones, el volumen real de los fondos aportados es menos de un tercio de ese valor.

«Retóricamente, los líderes de los países que más emiten son conscientes de que los pobres soportan la carga del sufrimiento», expone el informe del TNI, que destaca, por ejemplo, que el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, ha admitido que «las consecuencias están recayendo desproporcionadamente en las poblaciones vulnerables y de bajos ingresos. Y están empeorando las condiciones y el sufrimiento humano en lugares ya afectados por los conflictos, los altos niveles de violencia y la inestabilidad», pero aunque estas declaraciones podrían dar a entender que los presupuestos estadounidenses reflejarían una voluntad de aliviar ese sufrimiento, lo cierto es que EEUU destina cada vez más dinero a la vigilancia de las fronteras y la inmigración.

Ganar dinero con las catástrofes

Con estos planes entre manos, la industria de la seguridad fronteriza, que como se ha dicho se ha estado beneficiando del aumento del gasto destinado al control migratorio, espera ganar mucho más gracias a la inestabilidad prevista con el cambio climático. Un informe de ResearchAndMarkets.com pronosticó en 2019 que el mercado de la seguridad fronteriza crecería de 431.000 millones de dólares en 2018 a 606.000 millones de dólares en 2024, con un crecimiento anual del 5,8%. Según ese estudio, uno de los motivos es el «crecimiento de las catástrofes naturales derivadas del calentamiento global».

Van a ganar más, y lo saben. Según menciona el TNI, las contratistas del control de fronteras alardean del potencial de crecimiento de sus ingresos gracias a la crisis climática. La estadounidense Raytheon, por ejemplo, dice que «la demanda de sus productos militares y servicios como la seguridad puede aumentar como consecuencia de sequías, inundaciones y tormentas como resultado del cambio climático». Por su parte, Cobham, firma británica que comercializa sistemas de vigilancia y que es una de las principales adjudicatarias de la seguridad fronteriza en Australia, ofrece sus servicios señalando que «los cambios en los recursos y de la habitabilidad de los países podrían aumentar la necesidad de vigilancia fronteriza debido a la migración de la población».

«Vivimos en un mundo en el que los muros, las patrullas fronterizas, los helicópteros Black Hawk, los sistemas aéreos no tripulados, los sensores de movimiento y las cámaras de infrarrojos se interponen entre los emisores más altos del mundo y los más bajos, entre lo ambientalmente relativamente seguro y lo ambientalmente expuesto», resume el informe, que apunta que ese sistema de control de la migración está en manos cada vez más del sector privado y «alimenta un lucrativo complejo industrial de seguridad fronteriza». Una amalgama de empresas para las que, cuanto peor, mejor.

Y sabemos lo que implica ese «peor» para nuestro planeta y quienes moramos en él.