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El Parlamento navarro pide un protocolo para retirar el amianto de las vías públicas

La comisión parlamentaria de Salud del Legislativo navarro ha aprobado este martes por unanimidad una moción que insta al Gobierno a elaborar en un mes un protocolo de retirada de amianto para los casos de abandono de dicho material en la vía pública.

Imagen de una concentración para denunciar la muerte de un trabajador por el amianto en Nafarroa. (Iñigo URIZ/FOKU)
Imagen de una concentración para denunciar la muerte de un trabajador por el amianto en Nafarroa. (Iñigo URIZ/FOKU)

El Parlamento navarro ha pedido al Gobierno del herrialde que elabore un protocolo para retirar el amianto de las vías publicas. Junto a este protocolo, para el que se colaborará con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, la resolución emplaza al Ejecutivo a promover campañas informativas para concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos que para la salud pública y el medioambiente genera el amianto si se manipula y deposita sin garantías, así como la ilegalidad que supone abandonar estos residuos en la vía pública, espacios naturales o en cualquier lugar no autorizado.

En un tercer apartado, la moción pide al Gobierno y al departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos que activen también en un mes las ayudas necesarias para retirar el amianto del parque residencial y en dos meses el Programa de Atención al Amianto en las Empresas, elaborado dentro del Plan de Salud Laboral.

Por último, se reclama al Ejecutivo de Chivite la elaboración de un plan operativo de retirada de amianto en Nafarroa, con definición de acciones concretas, cronograma y compromisos presupuestarios.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el PSN alude a los «graves peligros» que para la salud entraña la «manipulación e inhalación» de las fibras de amianto y aboga por la elaboración de un protocolo específico para su retirada y traslado, dado que a menudo es abandonado en la vía pública o en espacios naturales.

A tal objeto, para evitar la exposición y el almacenamiento no autorizado, hace suya la demanda de las asociaciones de víctimas, que reclaman un protocolo entre administraciones para proceder a la urgente retirada de este material tóxico de una manera coordinada y sujeta a las correspondientes medidas preventivas.