«Es más urgente que nunca que demos pasos decididos hacia la construcción de nuestra soberanía, la reducción de nuestras dependencias y el diseño de un nuevo modelo de crecimiento e inversión», escribió el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en su carta a los mandatarios de los Estados miembros de cara a esta cita.

Un debate que, si ya era pertinente tras el zarpazo de la pandemia de covid, ahora se plantea más urgente si cabe por el conflicto que estalló hace dos semanas en el corazón de Europa.

Una reunión que Michel propuso que se centre, además de en la situación en Ucrania, en tres cuestiones particulares: reforzar las capacidades de defensa; reducir la dependencia energética –en particular del gas, el petróleo y el carbón rusos– y construir una base económica más sólida de la Unión.

En definitiva, los jefes de Estado o de Gobierno debatirán cómo puede la UE estar a la altura de sus responsabilidades en esta nueva realidad de guerra en Europa y cómo proteger el modelo comunitario. Se espera, en principio, una declaración de Versalles y otra separada sobre Ucrania.

Estas son las claves:

Cómo seguir ayudando a Ucrania

Los Veintisiete incidirán en presionar a Rusia política y económicamente para que declare un alto el fuego, ponga fin a su invasión y retire sus tropas de Ucrania.

Ante el cambio tectónico que supone esta agresión al orden internacional, los mandatarios de la UE llegan al Palacio de Versalles con una unidad sin fisuras plasmada en cinco tandas de duras sanciones económicas. Las últimas entraron en vigor este miércoles y afectan ya a 862 personas y 53 entidades de Rusia y Bielorrusia.

Se espera que los líderes pongan el acento más en la necesidad de que estas sanciones, destinadas a ahogar a la economía rusa, se apliquen de forma efectiva, que en adoptar unas nuevas, aunque se puedan debatir otras.

También tendrán ocasión de ponerse al día sobre otras dos de sus recientes decisiones más innovadoras: la activación del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP), para destinar material militar letal y no letal por hasta 500 millones de euros a Ucrania, y de la Directiva de acogida temporal para quienes huyen de la guerra.

La solidaridad ante la llegada, especialmente a Polonia, Rumanía, Hungría y Eslovaquia, del mayor flujo de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial y que ayer ya había alcanzado los 2,2 millones de personas, en su mayoría mujeres y niños, es otro de los grandes desafíos que abordarán los líderes de los Veintisiete.

Esta cumbre es también la ocasión para una primera discusión a este nivel de las solicitudes de entrada en la UE de Ucrania y de otras dos antiguas repúblicas soviéticas: Moldavia y Georgia.

Un punto en el que no hay consenso: ocho socios, con Polonia a la cabeza, piden que se acelere el proceso, frente a otros, con Países Bajos y Dinamarca como abanderados, que se oponen. El Estado español se encuentra entre los que apuestan por profundizar los lazos con Ucrania sobre la base del actual acuerdo de cooperación.

Reforzar capacidades de defensa

El aumento de la capacidad de defensa de la UE, con un mayor gasto militar coordinado en programas conjuntos y dentro de la colaboración con la OTAN, es otro punto clave de la discusión.

Está previsto que se decida reforzar la inversión en capacidades de defensa y tecnologías innovadoras, así como protegerse mejor contra la creciente guerra híbrida y la desinformación, y no se descarta aumentar el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz.

Esos y otros aspectos están incluidos en la llamada ‘Brújula Estratégica de Defensa’, elaborada por el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que será uno de los temas protagonistas de la cumbre europea oficial del 24 y 25 de marzo en Bruselas.

En el proyecto de declaración de la cumbre, además, se hace mención a que «la solidaridad entre los Estados miembros está reflejada en el artículo 42.7» de los tratados, teniendo en cuenta que Suecia y Finlandia, que también se han sentido sido amenazados por el Kremlin, no forman parte de la OTAN y de su defensa colectiva.

El Estado francés invocó por primera vez ese artículo en noviembre de 2015 tras los atentados de París, a fin de recabar apoyos de todos los socios en su acción contra el Isis o en operaciones internacionales.

Formulado en el Tratado de Lisboa, en vigor desde diciembre de 2009, ese artículo dice que si un Estado miembro es «víctima de una agresión en su territorio», los demás «le deberán ayuda y asistencia con todos los medios a su alcance», de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas.

Precisa que ello se hará «sin perjuicio del carácter específico de la política de Seguridad y Defensa de determinados Estados miembros», y añade que los compromisos y la cooperación de los países «seguirán ajustándose a los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN».

Reducir dependencias energéticas

Una de las prioridades de la reunión de Versalles es avanzar en la discusión sobre cómo desengancharse progresivamente del gas, el petróleo y el carbón de Rusia, de quien la UE es dependiente, y combinarlo con el objetivo de neutralidad climática en 2050, lo que exige una reevaluación profunda.

Se espera que los Veintisiete acuerden un aumento de las reservas y de la capacidad de almacenamiento de gas; la diversificación de importaciones de gas licuado de otros países como Estados Unidos, Noruega, Catar o Argelia; la aceleración del despliegue de las renovables, y el ahorro energético.

Construir una base económica más sólida

La pandemia y la guerra han puesto en evidencia la necesidad de reducir dependencias de la UE también en otros sectores sensibles como materias primas, semiconductores, medicamentos, equipos médicos o seguridad alimentaria, potenciando la inversión y la producción en el bloque.

Este punto, considerado de vital importancia estratégica, se verá el viernes y no se descarta que sobre la mesa se ponga como modelo de financiación para ese objetivo instrumentos similares a los fondos Next Generation, para impulsar las economías tras la pandemia, o al SURE, para respaldar el empleo y que se nutre de la emisión de deuda conjunta.