La mayoría del Parlamento de Gasteiz ha dicho amén este jueves al acuerdo alcanzado sobre inmatriculaciones de la Iglesia Católica entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Conferencia Episcopal que preside Juan José Omella y que plataformas y asociaciones patrimonialistas que han trabajado durante años en esta materia consideran muy alejadas de la realidad y de las necesidades actuales.

EH Bildu ha llevado la cuestión al Parlamento de Gasteiz con una propuesta sobre la que ha alcanzado un acuerdo con Elkarrekin Podemos-IU. El parlamentario Josu Estarrona ha llamado la atención sobre el hecho de que los partidos del gobierno, PNV y PSE, optaron en este caso por no presentar enmiendas, por lo que no ha sido posible buscar un acuerdo con ellos.

La propuesta acordada con la coalición morada, y que Estarrona ha calificado como «muy de mínimos» para tratar de ampliar el pacto, recogía simplemente que «el Parlamento Vasco denuncia las inmatriculaciones irregulares e indebidas realizadas por la Iglesia Católica en el Estado español y, en particular en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y declara completamente insuficiente y parcial el acuerdo sellado entre Sánchez y la Conferencia Episcopal».

PSE y PNV han votado en contra por considerar que esta declaración no aportaba nada nuevo y que ya en noviembre se aprobó otro texto firmado por ambos partidos como enmienda a una propuesta más radical acordada entonces también por EH Bildu y EP-IU.

Por su parte, Vox y PP+Cs han visto en la iniciativa un nuevo ataque de los partidos de izquierdas a la Iglesia Católica y un intento de publificar todos sus bienes.

Tanto los partidos socios de gobierno como los de la derecha española más o menos extrema han llamado la atención sobre el hecho de que Elkarrekin Podemos-IU critique abierta y públicamente una decisión adoptada por el Gobierno de Sánchez, del que forman parte.

EH Bildu: «Abuso de poder»

El promotor de la iniciativa, Josu Estarrona, de EH Bildu, ha denunciado que «a la Iglesia Católica sus estructuras de poder le han llevado a un permanente abuso de la autoridad, de abuso del poder». Y ha recordado que el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Sanchez y la Conferencia Episcopal ha sido considerado «inasumible y escandaloso» por las diferentes plataformas patrimonialistas en contra de las inmatriculaciones.

Ha incidido además en que «no es un acuerdo del cual hayan hecho una valoración negativa o se hayan mostrado más en desacuerdo o menos de acuerdo: lo han calificado directamente de inasumible y escandaloso. Lo han tildado de apaño, de apaño pactado entre el gobierno Sánchez y la Iglesia católica, para legalizar de esta manera la apropiación de casi 100.000 bienes. 100.000 bienes que han sido durante muchas décadas inmatriculados directamente por los obispos».

Por su parte, la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha detallado que en la CAV, «el número de bienes incluidos en el listado del Gobierno de España era de 81, frente a los 530 de los que tenemos conocimiento de la documentaciónque se remitió en su momento por el propio Gobierno Vasco». Y también ha subrayado que la base del acuerdo tenía también el vicio de la parcialidad, puesto que «resulta que se hace depender el estudio de las inmatriculaciones debidas de la buena fe que muestre la Iglesia Católica, que es precisamente la misma que durante años ha llevado a cabo estas inmatriculaciones indebidas. Una buena fe, por lo tanto, bastante cuestionable en este asunto».