EH Bildu ha reclamado abrir expediente disciplinario por los contratos ‘a dedo’ al despacho del hermano de Caballero. Según ha señalado la formación soberanista a través de una nota, el objetivo de esa iniciativa es «evitar que vuelvan a producirse contrataciones a dedo y sin justificación como las dadas al despacho del hermano de María Caballero, depurar las responsabilidades de tal comportamiento y exigir la aplicación de la instrucción interna que obliga a pedir tres ofertas».

EH Bildu personifica la responsabilidad de estas acciones en el director de la asesoría jurídica, Gonzalo Remondegui, un cargo de libre designación nombrado por Enrique Maya que es quien informó sobre la legalidad de los contratos y quien justificó, a posteriori, la supuesta excepcionalidad que los haría viables.

«Sostener que el despacho ALCAN y el abogado Andérez son los únicos en esta ciudad capaces de desarrollar con solvencia la defensa jurídica en los tres casos de contratación, es absolutamente insostenible», denuncia el escrito.

La solicitud de incoación de expediente disciplinario la remite formalmente EH Bildu a Alcaldía, por ser Maya el responsable orgánico directo de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento. «En caso de que no atienda a los argumentos expresados en esta solicitud o simplemente obvie la demanda que aquí planteamos, entendemos que el alcalde se estará haciendo directa y explícitamente responsable de las consecuencias de todo carácter que pudieran tener un comportamiento como el que hemos denunciado en este caso».

Una solicitud acorde con la ley

En la solicitud, la formación soberanista recuerda la existencia de la Instrucción de Contratación Pública Estratégica y Socialmente Responsable, actualmente vigente en el Ayuntamiento tras ser aprobada por la JOB con fecha 16 de abril de 2019. Es esta instrucción, de obligado cumplimiento por los diferentes órganos de contratación del Consistorio, la que determina que en todos los contratos mayores a 3.000 euros (como son los tres casos detectados) tienen que contar, al menos, con tres ofertas diferentes.

«El mandato a los órganos de contratación es muy claro y solamente establece algunas excepciones cuando justifique la urgencia del contrato, o por motivos técnicos, artísticos o relacionados con la protección de derechos exclusivos, el contrato solo puede ser ejecutado por la persona contratista», recuerda el escrito.

Sin embargo, en los expedientes de contratación de estos tres casos «no aparece ninguna justificación real sobre la urgencia ni sobre esos posibles motivos técnicos», detalla. «Ese era el momento de hacerlo y no cabe una justificación a posteriori», remacha.

Se recuerda asimismo que, tal y como lo establecen tanto el artículo 21 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 6 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, los efectos del incumplimiento de las instrucciones internas de contratación suponen «responsabilidad disciplinaria». Es esa responsabilidad la que ahora se reclama.

Tres argumentos

Tres son los motivos que se argumentan desde la formación soberanista para justificar este expediente disciplinario. «El primero, muy llamativo, es la completa omisión a la existencia y alcance de esta Instrucción que los letrados municipales conocen perfectamente y está en vigor», sostiene el escrito.

El segundo es la referencia al criterio de especialización como excusa para no respetar ese mandato de pedir tres ofertas. Señala que «la normativa es muy clara al respecto y es relativamente reciente la Resolución del TAN en la que se declara ilegal la contratación del Colegio de Ingenieros en el caso del análisis de la pasarela del Labrit por haberlo hecho con esta misma justificación, que decae en el caso de que exista más de un licitante. Sostener ahora que el despacho ALCAN y el abogado Andérez eran los únicos en esta ciudad capaces de desarrollar con solvencia la defensa jurídica en los tres casos, es absolutamente insostenible», argumenta EH Bildu.

En tercer lugar, «se menciona como excusa para no acudir a la solicitud de las tres ofertas el argumento de que todas serían de igual precio, el de las tarifas del Colegio (de Abogados, se entiende) en materia de costas, pero esta afirmación es radicalmente falsa».

El escrito de la formación soberanista recuerda que «actualmente los profesionales de la abogacía establecen libremente sus honorarios», como se puede comprobar en la propia página web del Colegio de Abogados de Iruñea, que explica que «en materia de honorarios, las relaciones entre abogado y cliente se rigen por los principios del libre mercado y libre competencia».