LAB ha presentado hoy ante el Gobierno navarro una campaña a favor del derecho a la vivienda coincidiendo con que la norma para la promoción de vivienda protegida se está debatiendo en el Parlamento. A juicio de este sindicato, esta iniciativa «se queda corta y no responde a la pretensión de cambiar radicalmente la problemática que vive la clase trabajadora con la vivienda».

Esta campaña se desarrollará a través de Abiatu, la herramienta que LAB ha creado para organizar su comunidad de acción social, «para pelear las condiciones de vida de las trabajadoras en los pueblos y en los barrios, más allá de los centros de trabajo.

«Garantizar el derecho a la vivienda es imprescindible para dignificar las condiciones básicas de vida de las personas trabajadoras. Sin embargo, hoy en día la vivienda está siendo mercantilizada y utilizada para la especulación y la acumulación de riqueza, con graves consecuencias sociales. Por tanto, es imprescindible que la gente trabajadora tenga garantizado el acceso universal a una vivienda digna y de calidad. Sin una vivienda digna difícilmente se puede acceder a otros derechos sociales. Negando el derecho a la vivienda, se cronifica la precarización de la vida», ha señalado Imanol Karrera, portavoz de LAB Nafarroa.

Tras avanzar que LAB analizará la proposición de ley que se debate en el Parlamento y que realizará aportaciones a la misma, Karrera ha señalado que «a día de hoy, sobre esta proposición de ley podemos decir que se queda corta. No responde a la pretensión de cambiar radicalmente la problemática que vivimos con la vivienda. Aunque el Gobierno de Navarra tiene reconocido el derecho a la vivienda, no puede garantizarlo y así no le queda otra opción que desarrollar políticas asistencialistas».

Limitación de las política actuales

«En la actualidad no hay suficiente parque público de vivienda. Con esta proposición de ley se quiere cambiar esta situación. Para ello, se quiere fomentar el alquiler. El último informe elaborado por el propio Gobierno de Navarra señala claramente que la demanda de vivienda pública supera las 11.000 personas. De ellas, más de 7.500 son solicitudes de alquiler (67%). Sin embargo, todo el parque público de viviendas está destinado principalmente a la compra de viviendas de protección oficial (VPO y VPT). Es decir, tienen un precio de venta limitado, pero su objetivo es dejar la vivienda en manos privadas. La mayoría de las personas que solicitan alquiler protegido (74%) viven en alquiler libre. La creación del medidor ISA o del registro de alquileres pueden ser pasos, pero en absoluto son suficientes. Entre otras razones porque los criterios que se establecen en el ISA siguen sin tener en cuenta el medidor de ingresos máximo del 30% establecido por Europa y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria», ha añadido.

«En cuanto a las viviendas a construir y adecuar, no se tiene en cuenta que un gran número de demandantes son personas que viven solas o familias monoparentales (72,3%). El 62% de la demanda total de VPO de compra son personas que viven solas; el 9,6% familias monoparentales. En el caso de la demanda de alquiler, el 66,5% (43% personas que viven solas; 23,5% familias monoparentales). Además del enfoque ecológico, hay que tener en cuenta las necesidades de cuidados para el desarrollo de las políticas públicas, que no aparecen en ninguna parte», ha destacado.


Frente a esta situación, las reivindicaciones de LAB se centran en la transformación de la vivienda en un derecho subjetivo real, priorizar el alquiler social regulado, garantizar que el porcentaje de los ingresos que se destinan a vivienda no supere el 30%, la ampliación del parque público de vivienda y la paralización de todos los desahucios.