El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) se creó en 2010. Para su primera visita escogió a Mexico, donde una delegación estuvo entre el 15 y el 26 de noviembre de 2021. En esos días desaparecieron en el país 112 personas. Durante los cuatro meses transcurridos desde entonces hasta el martes, día en que el Comité dio a conocer su informe, desaparecieron otras 3.000 personas, a 28 por día. México está a punto de sobrepasar la cifra de los 100.000 desparecidos, tiene en sus morgues 52.000 cuerpos sin identificar y registra un total de 36 sentencias condenatorias por desapariciones. Con estos mimbres, quizá no sea exagerado llamar «paradigma del crimen perfecto» a estos delitos, como lo hizo el Comité el martes.

El informe presentado en Ginebra por el CED resulta abrumador. Por las cifras, pero también por la denuncia de las condiciones que hacen de las desapariciones el pan de cada día. Y porque subraya la responsabilidad del Estado mexicano, que a menudo se limita a decir que es cosa de la delincuencia organizada. El Comité le recuerda que en muchas desapariciones están implicados servidores públicos y que, en cualquier caso, suya es la responsabilidad de investigar cada caso y buscar a las personas desaparecidas.

De hecho, el informe incluye varios ejemplos, como el de una madre que explica que su hija desapareció en un centro de detención, al que entró para visitar a su pareja: «La acompañó hasta la entrada del centro y la esperó hasta la finalización de la visita, pero de allí nunca salió. Al consultar a las autoridades carcelarias sobre el paradero de su hija, afirmaron que no tenían información sobre ella».

El Comité pidió realizar la visita en 2013, pero no fue hasta 2021, con López Obrador, que se pudo llevar a cabo. El Gobierno dijo el martes que implementaría las recomendaciones, pero ayer el presidente criticó puntos del informe como la desmilitarización: «Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información, no están actuando con apego a la verdad».

El problema, o uno de ellos, es que «las leyes en México están muy bien hechas, pero no se implementan», señaló el mismo martes Hermelinda Luis, que lleva una década buscando a su hija. El Comité, que «saluda los importantes avances normativos» realizados en México los últimos años, lo corrobora, al señalar que le «preocupan las graves deficiencias encontradas en su implementación». La Ley General en Materia de Desaparición Forzada entró en vigor hace cuatro años, pero el reglamento necesario para su aplicación todavía no ha sido ni siquiera publicado. «Es urgente cerrar la brecha entre lo que dice la ley y lo que se hace; el problema no es normativo, sino de práctica», resumió el martes Humberto Guerrero, miembro del colectivo Fundar, que acompaña a los familiares de desaparecidos.

¿Quién desaparece?

La pregunta es doble, porque para que alguien desaparezca, es necesario que alguien lo desaparezca. Los perfiles y las casuísticas en México son tan variadas, que es imposible hablar de un solo patrón. Nada que ver con las desapariciones por motivación política que durante la segunda mitad del siglo XX causaron los regímenes autoritarios en toda Latinoamérica, incluido México.

El informe señala al crimen organizado como «principal perpetrador», pero subraya que actúa «con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos», quienes a veces también son responsables directos de las desapariciones.

El problema aquí se disparó a partir de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón –tras unas elecciones amañadas que impidieron la victoria del ahora presidente, Andrés Manuel López Obrador– lanzó al Ejército a la calle e inauguró la guerra contra el narco. Según recoge el Comité, el 98% de las desapariciones ha tenido lugar entre los años 2006 y 2021, y los responsables principales son dos: la delincuencia organizada, «con diversas formas de connivencia y diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos», o directamente los servidores públicos.

Sobre las víctimas, siguen siendo mayoritariamente hombres de entre 15 y 40 años, pero el Comité apunta «un incremento notable de desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de los adolescentes y mujeres». El informe detalla diversos perfiles afectados, como son las víctimas de violencia sexual y feminicidio, el colectivo LGTBI, los defensores de derechos humanos, periodistas –30 desaparecidos en tres lustros–, los migrantes centroamericanos, las comunidades indígenas –en casos de conflictos «vinculados con el desarrollo de megaproyectos de índole minera o energética»– y las personas presas o sus familiares. La casuística es tan diversa, que la respuesta al por qué no hay que centrarla en la víctima, sino en el contexto.

¿Qué es lo que falla?

El remedio es complejo, pero el diagnóstico, no tanto. En México apenas pasa nada por desaparecer a alguien, solo se judicializan entre el 2% y 6% de los casos. «La inacción de las autoridades es parte de la corrupción, y construye la impunidad, que nos hace caer en la impotencia», resume Hermelinda Luis.

El Comité apunta las principales fallas y realiza una serie de recomendaciones a México para poner fin a la impunidad, desde la asunción de la responsabilidad del Estado y el diseño de una política nacional e integral para abordar y prevenir las desapariciones, a la clarificación de las competencias de cada institución, ya que el conflicto entre las comisiones de búsqueda y las fiscalías lleva a menudo a la paralisis. También recomienda aumentar los recursos destinados a la búsqueda, el fin de la militarización (ver más abajo), el fin de los obstáculos que impiden la judicialización de los casos, atender la crisis forense –cabe insistir: 52.000 cuerpos sin identificar se amontonan en las morgues–, reconocer el papel de las víctimas y sensibilizar e informar a la sociedad civil.

«Nada pueden hacer para nosotras, si es sin nosotras», resumió el martes, en la comparecencia del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, Grace Fernández, quien pidió a López Obrador que asuma todas y cada una de las recomendaciones del Comité. A su lado, Hermelinda Luis lamentó que «muchos mexicanos siguen sin saber de las desapariciones», mientras Adela Alvarado marcaba la hoja de ruta de los familiares: «Ustedes no saben por lo que hemos pasado, tengo 17 años de buscar a mi hija y no me quiero morir sin encontrarla, solo me queda seguir luchando».

El Comité insta a la retirada «inmediata» de los militares

«Llevamos muchos años advirtiendo de los peligros de la militarización, ojalá este informe sirva para que se vea que no es una cosa que solo decimos las víctimas». Grace Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos contestaba así el martes pasado a la cuestión de la militarización de la seguridad pública en México, que el Comité contra la Desaparición Forzada denuncia con contundencia en el informe sobre el país norteamericano.

«La política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y debe garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad», se lee en el informe del CED, en el cual se requiere a México «establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública». Todo ello después de constatar, diplomáticamente, que el combate militarizado de la delincuencia «ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos».

Fue Felipe Calderón (2006-2012) quien sacó al Ejército a la calle para luchar contra el narcotráfico, desencadenando una escalada violenta que sigue hoy en día. Ni Enrique Peña Nieto (2012-2018) ni ahora Andrés Manuel López Obrador han frenado esta creciente militarización. De hecho, el Comité recoge tres recientes decisiones del Gobierno actual que amplían las atribuciones de los militares, como la «amplia intervención» del Ejército y la Marina en la Guardia Nacional creada en 2019, cuya ley «permite la utilización extensiva de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública».