Durante los días 26 y 27 de abril, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó en Ocaña, Norte de Santander, los testimonios de diez militares, entre ellos un general y 4 coroneles, y un civil sobre su responsabilidad en el secuestro y muerte de civiles para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate en la región del Catatumbo, en lo que se conoce como el caso de los «falsos positivos». Estas once personas están imputadas por la JEP por los delitos de «homicidio en persona protegida», crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada.

Familiares de las víctimas han reclamado ahora a los miembros de la Fuerza Pública comparecientes que digan quiénes dieron las órdenes.

«Reconozco y resalto el trabajo excelente que ha hecho la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero si quieren un mejor futuro para las próximas generaciones, hablemos con la verdad», dijo Jacqueline Castillo a los comparecientes antes de preguntarles quién dio la orden.

«El Ejército no actuó solo»

Pidió esclarecer la red de complicidades que hicieron posible que los llamados «falsos positivos» se convirtieran en una práctica sistemática. «Catorce años después, hemos logrado que limpien el nombre de nuestras familias. Sabemos que aquí no actuó solo el Ejército, que hay más gente implicada como Medicina Legal. Ellos conocieron detalles que no los describieron».

«¿Cómo es posible que un juez penal militar no se haya dado cuenta de lo que estaba pasando? ¿Son cómplices o son brutos?», se preguntó Castillo, cuyo hermano, Jaime Castillo, fue asesinado el 10 de agosto de 2008.

«¿Quién los acosaba para que dieran resultados?»

Tras nombrar a cada uno de los comparecientes, Blanca Monroy, cuyo hijo fue una de las víctimas, les preguntó: «¿A ustedes quién les dio la orden? ¿Quién los acosaba para que dieran resultados? ¿Por qué si tuvieron pantalones para pararse frente a nosotras, por qué no los tienen para decir que el señor Montoya daba la orden y decía que él quería ríos de sangre?».

“Yo soñaba que los militares que asesinaron a mi hijo dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Hoy los tengo acá. Es un alivio para mí como madre saber de esta ventanita que la JEP empezó a abrir”, dijo Blanca Monroy.
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Flor Hernández les pidió que «entreguen las cabezas principales. Así como fueron capaces de llevarse a mi hijo (…), tengan la misma capacidad de enfrentar la realidad. Ustedes mancillaron a todo el país». Lleva 14 años buscando a su hijo Elkin Gustavo Verano.

El teniente coronel del Ejército durante los hechos denunciados en el sumario Alvaro Diego Tamayo se escudó en las presiones de los altos mandos. «Esa presión permanente de los superiores militares, como el comandante del Ejército, estaba relacionada con bajas. Existía una competencia permanente en las unidades de todo el Ejército a partir de esas estadísticas de los resultados. Bajo esas estadísticas nos calificaban entre los comandantes buenos, los que presentamos bajas, y los malos, los que no presentaban bajas».

«Estos no son errores, estos no son daños colaterales como decíamos en alguna ocasión. Estos no son excesos de fuerza. Claramente son asesinatos», reconoció.

Coronel retirado: «Los ultimaron en estado de indefensión»

El teniente coronel retirado Gabriel de Jesún Rincón señaló que con «estas falsas operaciones se daba una sensación de seguridad en el Catatumbo. ¡Mentiras! Porque la problemática seguía con su plan criminal (…), el Ejército lo único que hizo fue asesinar personas inocentes».

Quien fuera jefe de operaciones de la BRIM15 admitió que las víctimas «fueron llevadas a lugares donde las tropas bajo la BRIM15 los ultimaron en estado de indefensión y les colocaron armas con la finalidad de poder demostrar resultados operacionales que era lo que exigían».

«Por decisión mía propiamente elaboré documentos que daban legalidad a esas falsas operaciones como los informes de situación de tropas, la misión táctica y el radiograma operacional donde se reportaban los eventos maquiavélicos que creamos», añadió.

El magistrado Alejandro Ramelli concluyó que en sus «20 años de servicio jamás había asistido a una audiencia tan poderosa como esta. Ha sido escenario se dieron cita todo tipo de sentimientos: tristeza y rabia. Pero también vivencié actos de reconciliación».

El teniente coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón Amado es el segundo compareciente que este 27 de abril se dirigió a las víctimas. “Acudo a esta audiencia para reconocer mi responsabilidad como máximo responsable de los asesinatos”, dijo.#ReconocerParaNoRepetir pic.twitter.com/vas97ek1YY

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En un comunicado, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia ha avalado «la valentía de las víctimas, sus testimonios y su persistencia en la búsqueda de la verdad», así como la comparecencia de los diez militares y un civil.

Subraya que estas audiencias «son pasos decisivos para garantizar los derechos de las víctimas, la construcción de paz y las garantías de no repetición».