El PSOE ha rechazado este martes, con apoyo de PP, Vox y Ciudadanos, abrir un debate en el Congreso de Madrid sobre la comisión de investigación pedida por su socio de Unidas Podemos y otros nueve partidos sobre el espionaje a políticos independentistas.

La solicitud, registrada tras publicarse en ‘The New Yorker’ el informe de Citizen Lab sobre espionaje con el programa Pegasus, llevaba también la firma de ERC, Junts, PDeCAT, EH Bildu y la CUP, partidos directamente afectados, así como otros aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, como el PNV, Más País-Equo y Compromís, y también el BNG.

En la Junta de Portavoces de este martes, los partidos proponentes han intentado que la comisión pudiera debatirse en el Pleno de la próxima semana, pero el PSOE se ha opuesto y se ha salido con la suya al sumar los votos del PP, de Vox y de Ciudadanos.

El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha explicado que la intención del Ejecutivo es esperar primero a las explicaciones sobre este asunto que va a ofrecer este jueves la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban López, en la recién constituida comisión de Gastos Reservados.

En la misma reunión se ha votado la petición de los partidos independentistas, junto con Más País y Compromís, para que el presidente del Gobierno compareciese en el Pleno del Congreso por el caso del espionaje, y aunque en este caso el PSOE y Unidas Podemos han votado juntos en contra, no han podido evitar la citación de Sánchez, que sí ha sido apoyada por el PP. Queda pendiente de poner fecha, pero el PSOE insiste en que es mejor esperar a las explicaciones prometidas del CNI y de Defensa.

«Lamentable y torpe»

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha subrayado que «el PSOE tenía la oportunidad de empezar a aclarar lo ocurrido apoyando la comisión de investigación propuesta», y ha tildado de «lamentable y torpe» su postura.

Aizpurua ha comentado que «los nuevos casos conocidos –al propio presidente Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles– no pueden servir como cortina de humo para restar gravedad, desviar la atención y tapar el espionaje masivo a 65 representantes independentistas. Todos los casos de espionaje son graves y denunciables».

Por ello, se ha preguntado «por qué no actúa con la misma contundencia con el espionaje a 65 independentistas», y ha remarcado que «si detrás del espionaje hay una institución del Estado sin autorización judicial, el Gobierno es responsable, por acción u omisión, por no tener bajo control a las cloacas».

La portavoz defiende la transparencia del Ejecutivo

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha comparecido al término del Consejo de Ministros y se ha referido a este tema asegurando que «la ministra de Defensa cuenta con el apoyo del presidente del Gobierno, igual que la directora del CNI», al tiempo que ha reivindicado que el Ejecutivo ha actuado con total transparencia en este caso.

Respecto al uso de Pegasus contra Sánchez y Robles, ha explicado que «el Gobierno tiene unos hechos constatados, que es de lo que damos cuenta, un ataque externo al margen de los medios del Estado e ilícito, sin autorización judicial».

La Audiencia Nacional abre diligencias

El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama ha incoado diligencias previas por posibles delitos de descubrimiento y revelación de secretos por la denuncia presentada por la Abogacía del Estado por el presunto espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa.

Calama ve «meridianamente claro» que la competencia para investigar este asunto es de la Audiencia Nacional, por cuanto esta sede judicial tiene atribuido el conocimiento de los delitos cometidos contra «altos organismos de la nación».

El instructor ha dado traslado al Ministerio Fiscal para que informe sobre la práctica de las diligencias de investigación que considere convenientes para determinar la naturaleza y circunstancias de los hechos objeto de denuncia, así como de las personas que en ellos hayan participado.

La resolución judicial aporta además detalles sobre la denuncia presentada por la Abogacía del Estado, donde se manifiesta que, tras el análisis de los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa realizados por el CERT el pasado 30 de abril, «se ha tenido conocimiento de que los mismos fueron objeto de varias infecciones por la herramienta Pegasus, ‘software’ espía de dispositivos móviles, entre los meses de mayo y junio de 2021». Concretamente, el móvil de Sánchez  fue infectado en dos ocasiones, el 19 y el 31 de mayo de 2021