Representantes de las asociaciones de pensionistas Sasoia, Pentxionistak Martxan y Oneka han rechazado este martes en el Parlamento de Nafarroa «la caridad» y reivindicado el derecho a contar con pensiones «dignas y suficientes» a través de un sistema justo.

Desde Sasoia, Patxi Erdozain ha explicado que tener pensiones dignas «requiere evitar gastos como los del TAV y una fiscalidad justa», por lo que ha lamentado que haya pensionistas «viviendo de la beneficencia», ya que «aquí manda el capital por encima de los gobiernos y es difícil obligarle a una fiscalidad justa cuando no hay otra salida».

Ha criticado también que la reforma de las pensiones aprobada recoja un IPC «con triquiñuelas con las que nos han robado el 3%», una edad de jubilación abriendo las puertas a que sea después de los 65 años y unos planes privados de pensiones incentivados desde las instituciones que «relegan a la larga el sistema público a un segundo plano».

Erdozain ha advertido de que «no es cuestión de poner parches de caridad, sino de crear condiciones de justicia» y ha defendido que, en la actualidad, que existan Cáritas, el Banco de Alimentos y otras organizaciones, «por desgracia, es necesario, porque no hay justicia» y para que la haya, «la fiscalidad es fundamental».

Ana Sarobe, de Oneka, ha asegurado que este proyecto no tiene en cuenta a las mujeres y ni siquiera habla en la ley de la pensión mínima cuando hay algunas inferiores a 500 euros. Además, ha aseverado que «la cara de la pobreza en las pensiones es de mujer», que también asume de forma gratuita los cuidados y, por tanto, no tiene cotización.

En este sentido, ha comentado que los cuidados son una aportación a la sociedad que equivale al 30% o más del PIB, por lo que ha reclamado que se den por cotizados. Ha destacado que «todos tenemos derechos, porque todos pagamos impuestos, pero según quién está en el poder, se mete el dinero en diferentes bolsas y quien tiene muchos ingresos no paga lo que le corresponde», algo que «no es demagogia, es una realidad».

Benito Uterga, de Pensionistak Martxan, ha lamentado que el Gobierno haya ignorado por completo las demandas de los pensionistas, mientras las pensiones se han reducido con respeto a la situación anterior a la reforma y que haga oídos sordos también a la realización de una auditoría real a la Seguridad Social «cuando paga miles de millones en prestaciones que le corresponde asumir al Estado, propiciando así su déficit».

Asimismo, ha reivindicado la pensión mínima de 1.080 euros explicando que aumentar un punto no recorta la brecha salarial ni reduce la diferencia entre pensiones mínima y medias: «La reforma laboral profundiza en el deterioro alargando la edad de jubilación y los años de cómputo, lo que puede suponer un 12% en 10 años, igual que la pérdida de poder adquisitivo desde 2011, a lo que también influyen unos salarios de miseria».

«Esta es la reforma más agresiva de los once último años y también la que más va a deteriorar el sistema público de pensiones», ha denunciado Uterga. Esto debido a la pérdida de ingresos que tendrá la Seguridad Social a causa de lo planes privados de empresas, a pesar de que el sistema ya «ni es justo ni es suficiente», «no garantiza el IPC» y «queda por ver si está anulado el factor de sosteniblidad de 2011 que entra en vigor en 2027».

Partidos políticos

En lo que respecta a los representante políticos, Jorge Esparza, de Navarra Suma, ha pedido «honestidad y responsabilidad» a quienes gobiernan y apoyan a los gobiernos, ya que no han cumplido sus compromisos. Ha abogado por un sistema público de pensiones suficientes y sostenibles, «con una fuente de financiación cierta y en un marco de solidaridad y transparencia». Y ha planteado que se podrían evitar «gastos superfluos», como la estructura del Gobierno navarro, y no como el TAV, que «genera puestos de trabajo».

Por el PSN, Nuria Medina ha afirmado que «esta es una reforma ambiciosa y absolutamente necesaria». Ha puesto en valor la revalorización por ley, recordado que «solo votó en contra la parte derecha del Congreso que no cree en el sistema publico de pensiones» y ha sostenido que volver al Pacto de Toledo «da estabilidad y garantiza las pensiones de hoy y de futuro». También ha valorado la subida del SMI, que «igualmente ayuda a terminar con la brecha de género».

Patricia Perales, de EH Bildu, ha compartido la lectura crítica de los pensionistas con la última reforma tachándola de «insuficiente totalmente», ya que permite pensiones inferiores a los 800 euros, cuando es posible contar con pensiones «dignas para todas las personas». Ha subrayado que hay pensionistas sufriendo pobreza y «la mayoría tienen rostro de mujer,» por lo que la solución es «una cuestión de prioridades» y fiscalidad.

Para Geroa Bai, la reforma de las pensiones ha traído algunas mejoras, porque remite el cálculo de la revalorización al IPC aunque no al anual, establece un mecanismo de equidad intergeneracional y elimina gastos impropios. Sin embargo, la parlamentaria Isabel Aranburu ha considerado «preocupante» alargar el cálculo de la pensión de 25 a 35 años, ha criticado los planes privados y denunciado que sigue pendiente la brecha de género.

Marisa de Simón, de I-E, ha afirmado que «efectivamente manda el capital» y así, hay muchas más pensiones por debajo de los 1.000-1.200 euros al mes que por encima, entre ellas las pensiones de viudedad, que de media superan por muy poco los 800. Además, ha advertido del «riesgo» para las pensiones del futuro, cuya garantía pasa por una «fiscalidad justa» y por que tengan como referente el coste de la vida.