Los atentados de 2015 llevaron al entonces presidente francés, François Hollande, a decretar el estado de urgencia y, de manera consiguiente, el cierre de fronteras durante un mes.

Desde entonces, en los pasos fronterizos que gestiona la Policía francesa, incluidos los de Euskal Herria o Catalunya, los controles se han convertido en una constante.

Para denunciar la ilegalidad de la prórroga sistemática de esa medida cada seis meses, cuatro organizaciones francesas han presentado un recurso ante el Consejo de Estado francés.

Son muchas las iniciativas que, particularmente desde que con la pandemia se estrecharan todavía más los cierres y controles en pasos fronterizos, han denunciado los muchos impactos de esa medida securitaria.

Por citar solo algunas de ellas, desde las instituciones que gestionan la eurorregión Euskadi-Nafarroa-Nueva Aquitania se ha dejado constancia mediante declaraciones o misivas a París de las consecuencias de la medida en la vida socioeconómica transfronteriza.

Más recientemente, concretamente el pasado mes de enero, una iniciativa impulsada por eurodiputados vascos y catalanes llevaba a la propia Comisión Europea a anunciar una gestión al respecto con las autoridades de París.

La fosa del Bidasoa

A esas iniciativas hay que sumar la denuncia constante por entidades ciudadanas del trágico balance que ese cierre de muga ha causado en el Bidasoa.

En 2021 hubo tres ahogamientos. El joven marfileño de 28 años de edad Yaya Karamoko falleció cuando intentaba cruzar el río Bidasoa, el 22 de mayo; Abdoulaye Coulibaly, de 18 años de edad y procedente de Guinea Conakry, murió ahogado el 8 de agosto, y un tercer cadáver fue localizado el 20 de noviembre. Otra persona más apareció ahorcada a orillas del río, junto al polideportivo de Azken Portu de Irun. A esos fallecimientos hay que sumar la muerte de tres migrantes arrollados por el tren en la localidad labortana de Ziburu.

A finales de abril de este año se conocía de la desaparición de un joven en el Bidasoa, tras caer desde una ladera al río, a la altura de Endarlatsa. Y como hicieran tras confirmarse la primera muerte en la muga de este 2022, la de Ibrahim Diallo, las asociaciones volvían a demandar la apertura de corredores humanitarios para que los migrantes puedan llegar al centro de acogida de Baiona sin tener que poner en peligro sus vías en el río o las vías del tren.

Recurso de cuatro asociaciones

Han sido precisamente asociaciones que trabajan en el Estado francés en favor de los derechos de las personas migrantes, caso de la Asociación Nacional de Asistencia en Frontera para las Personas Extranjeras (Anafé), el Grupo de Información y Apoyo a Personas migrantes (Gisti), así como la Cimade y la Liga de Derechos Humanos (LDH), las que han puesto en marcha una nueva vía administrativa contra la imposición de controles permanentes en frontera.

Según adelanta en su edición de hoy el diario ‘Le Monde’ se han basado en una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, dada a conocer el 26 de abril, en la que se reitera el criterio que figura en el Tratado de Schengen según el cual la reposición de controles en frontera no puede exceder de un periodo máximo de seis meses.

Hasta quince prórrogas

En respuesta a una demanda austriaca, el TJUE aclara que solo un nuevo tipo de amenaza puede permitir justificar la prolongación de esa medida.

Sin embargo, cabe recordar que el Estado francés ha comunicado a Bruselas hasta 15 prórrogas de la decisión de cierre de fronteras entre 2015 y 2022.

En esas comunicaciones ha aludido de manera reiterada al riesgo de atentado, aunque variando la contextualización, para aludir ya a la migración ya a la pandemia.

En esos términos justificaba París la precedente prórroga, referida al periodo noviembre 2021-abril 2022, y que acaba de prorrogar otra vez París, en su comunicación a Bruselas.

«La amenaza terrorista de inspiración yihadista se mantiene en un nivel elevado en Francia, donde desde principios de 2021 se ha producido un ataque y tres más han sido evitados, por lo que se mantiene «el nivel de seguridad reforzada por riesgo de atentado» de acuerdo al Plan Vigipirate, en vigor desde el 5 de marzo de 2021», señalaba París en esa notificación del mantenimiento del cierre de fronteras.

Queja de un ciudadano austriaco

A la vista de la nueva sentencia emitida por el TJUE, a raíz de que un ciudadano austriaco denunciara ante un tribunal administrativo de su país haber sido objeto de control en la frontera austro-eslovena el 16 de noviembre de 2019, las cuatro asociaciones antes citadas han impulsado un recurso ante el Consejo de Estado francés que se refiere a la última prórroga oficializada por París de acuerdo a la cual la muga seguirá ocupada por los controles policiales de forma permanente desde el 1 de mayo y hasta el 31 de octubre de este año.

De ahí que, amparándose en la sentencia del TJUE, las asociaciones francesas hayan presentado un recurso ante el Consejo de Estado para dejar constancia de la «ilegalidad» de la prórroga de la medida de cierre de fronteras, que deja en suspenso el derecho a la libre circulación de personas.

Una medida que altera el tránsito interno en Euskal Herria o Catalunya y que, pese al discurso europeísta de Emmanuel Macron se aplicaba desde antes, se ha mantenido y seguirá en vigor cuando concluya, a final de junio, el periodo de gobierno francés de la Unión Europea.