El Proyecto de Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión aprobado este martes por el Gobierno de Lakua ha iniciado también el trámite parlamentario, y la vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, ha mostrado su deseo de que su debate sea rápido y pueda estar aprobada para Navidades con el mayor consenso posible. Ha asegurado haber aceptado unas doscientas alegaciones presentadas durante anteriores procesos de debate.
Mendia, que ha calificado el proyecto como una «ley troncal» del Gobierno, ha subrayado que pretende «proteger mejor a menores y pensionistas y ofrecer mayor eficacia en la inclusión social y laboral». Ha incidido en que «es una propuesta más moderna y clara con la que se pretende ampliar coberturas y mejorar cuantías, simplificar y agilizar la gestión».
Cuantías
En cuanto a las cuantías de las ayudas, el nuevo proyecto de ley especifica que la base se fijará en los Presupuestos Generales de la CAV, «atendiendo al índice general de precios al consumo de Euskadi» y «sin que la cantidad resultante pueda ser inferior» al Ingreso Mínimo Vital de implantación general en el Estado y que para 2022 está fijada en 491,63 euros. A preguntas de los periodistas, Idoia Mendia ha precisado que la frase «atendiendo» al IPC no significa que obligación de subirla tanto como ese índice.
Sobre esa base del IMV, los complementos individuales cuantifican el reparto de los gastos de la unidad de convivencia en función del número de personas que la integran y que ya no tienen un límite como con anterioridad. Se aplicarán de acuerdo con las siguientes reglas: Titular y segunda persona adulta: 50% de la cuantía base. Resto de personas beneficiarias: 30% de la cuantía base.
El Gobierno ha ofrecido un cuadro con algunas de las variables de cobro de la RGI que contempla y que acompaña a estas línea.
Otras medidas
Aunque con excepciones, para tender acceso a la ley hay que ser mayor de 23 años y llevar empadronado en algún municipio de la CAV durante al menos tres años. Este requisito temporal se reduce en el caso de familias con menores y «de mujeres maltratadas o explotadas, personas con discapacidad, personas refugiadas y víctimas de terrorismo que se vieron forzadas a partir y quieran regresar.
La vicelehendakari y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia, ha destacado que el nuevo proyecto de ley «mejora en todas las situaciones vulnerables. En el caso de familias con menores hasta un 40% y en el caso de pensionistas hasta un 17%».
También ha incidido en que se crea una unidad de inspección, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos y las obligaciones, así como de asesorar para asegurar su cumplimiento. Esta unidad podrá realizar las comprobaciones, revisiones y requerimientos que considere necesarios.
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