Cientos de mujeres se aglomeran desde hace días frente a una prisión en El Salvador a la espera de saber si sus familiares se encuentran recluidos en ese lugar. Desde que la Policía se los llevó presos en el marco del régimen de excepción, que entró en vigor el 27 de marzo y que se ha vuelto a prorrogar por segunda vez otros 30 días más, no han vuelto a tener noticias. En los últimos dos meses, cerca de 35.000 personas, entre ellas 3.400 mujeres, han corrido la misma suerte en el país centroamericano tras ser arrestadas.

La denominada «guerra contra las pandillas» ha servido para que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, gobierne con puño de hierro este pequeño país de 6,5 millones de habitantes asediado desde hace más de 30 años por la violencia de las también denominadas maras, que cuentan con 70.000 integrantes.

Desde que finalizara la guerra civil en 1992, la población salvadoreña sufre diariamente asesinatos y extorsiones provocados por la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18, que pelean metro a metro barrios enteros por el dinero de la «renta» que cobran bajo amenaza de muerte a comerciantes, taxistas y conductores de autobús. Esta violencia cotidiana que causa miles de muertos cada año dio un vuelco cuando entre el 25 y 27 de marzo fueron acribilladas al azar 87 personas que ni siquiera estaban, en un principio, en la mira de las pandillas.

Sin que nadie explicara qué es lo que había sucedido para que en un solo día se registraran 62 muertes violentas, la cifra más alta del siglo, Bukele encontró la excusa perfecta para restringir derechos constitucionales y comenzar una cacería que dura hasta hoy, encarcelando a miles de personas, muchas de las cuales no tienen ninguna relación con las pandillas. El Congreso, donde el partido de Bukele cuenta con una amplia mayoría, se ha encargado de obedecerle y, tras decretar el régimen de excepción el 27 de marzo por un periodo de 30 días, lo volvió a prorrogar un mes más el 25 de abril. Eso se tradujo en dos meses de detenciones sin orden judicial y en la suspensión de la libertad de asociación y reunión y el derecho de defensa.

El miércoles, la Asamblea Legislativa aprobó, con 67 votos a favor y 16 en contra, extenderlo por otros 30 días, contraviniendo la propia Constitución y a pesar de que entidades como Human Rights Watch y Cristosal han denunciado que se están cometiendo graves violaciones de derechos humanos que califican de «tortura». Además, cifran en 16 las personas fallecidas mientras estaban detenidas a consecuencia de palizas o de la negativa de los carceleros a suministrarles medicamentos.

La guerra acaba de comenzar y las pandillas, fuertemente armadas y organizadas, y con unos 70.000 integrantes, aún no han dicho su última palabra.

Mientras Bukele alardea en las redes sociales de que, gracias a esta represión policial ha habido jornadas con «cero homicidios», el diario digital salvadoreño “El Faro” ha desvelado que la ola de homicidios sin precedentes en el país se debió al fracaso de las negociaciones del mandatario con la Mara Salvatrucha (MS-13). Todo se desencadenó después de que el Ejecutivo traicionara a varios líderes de esta pandilla al arrestarlos la Policía cuando se dirigían en un vehículo gubernamental a proseguir las negociaciones que mantienen desde el 2019 para lograr un pacto que se tradujera en beneficios penitenciarios a cambio de no cometer homicidios.

En una serie de audios, se escucha a Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Ejecutivo de Bukele, hablar con pandilleros de la MS-13 a quienes confirma haber sacado personalmente del país a uno de sus 14 líderes cuya extradición pide EEUU para ser juzgados por «terrorismo». En las conversaciones revela que él está trasladando personalmente los mensajes de la Mara Salvatrucha al presidente Bukele, a quien identifica con el nombre de superhéroe Batman.

En cualquier país, el jefe del Estado hubiera salido de inmediato a desmentir estas informaciones que lo vinculan a negociaciones con los que él tacha de «terroristas», si bien Bukele cuenta con un gran respaldo popular para hacer lo que quiera, tal como reflejan las encuestas. Quien se atreva a cuestionarle, es inmediatamente desacreditado y corre el riesgo incluso de ser detenido, como ha ocurrido con cuatro sindicalistas arrestados en los últimos días. La única reacción que ha tenido el mandatario ha sido asegurar, a través de Twitter, que «aunque traten de detenernos, seguimos» y ha resaltado que «llevamos siete días consecutivos sin homicidios», mientras que «en todos los cinco años del Gobierno anterior no hubo tan solo un día con cero homicidios».

Este discurso populista de Bukele ha calado en la población que siempre respaldó su fracasado y millonario Plan de Control Territorial con el que pretende derrotar a las pandillas «en tres o cuatro años» a través de la presión policial y militar. Al no evitar este plan la ola de crímenes de marzo, optó por el régimen de excepción. Pero ningún Ejecutivo ha logrado hasta ahora acabar con el fenómeno de las maras surgido en los años 90, y toda negociación con ellas ha acabado en fracaso.

Se desconoce aún los efectos que puede tener en estos grupos la detención de casi 35.000 personas en los últimos dos meses que se suman a los 40.000 presos que había hasta ahora y agravan el problema del hacinamiento en las prisiones del país, donde la vida empieza a ser insostenible al superar con creces su capacidad. Bukele se jacta, incluso, de haber reducido la comida en las cárceles a dos tiempos, al tiempo que llama «idiotas» a los pandilleros que se enfrentan con la Policía para evitar ser detenidos y acaban muertos.

La guerra acaba de comenzar y las pandillas, fuertemente armadas y organizadas, aún no han dicho su última palabra.