El Govern de la Generalitat ha aprobado este lunes un decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza como respuesta a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a impartir un 25% de clases en castellano.

Lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa después de que el Ejecutivo catalán se haya reunido de forma extraordinaria para aprobar este decreto el día antes de que finalice el plazo del TSJC para aplicar la sentencia.

El decreto también atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir «la responsabilidad sobre la legalidad» de los proyectos lingüísticos de los centros educativos para proteger a las escuelas y a los docentes.

Plaja ha destacado que este decreto permite salir del «callejón sin salida» que considera que supone la sentencia del 25% de castellano, y al ser preguntada por si cree que deja sin efecto esta sentencia, ha contestado que esta nueva norma da respuesta a esta decisión judicial y protege el modelo de escuela catalana.

«Habrá que ver si esta judicialización no tiene fin y esto va a otras instancias», ha añadido, al tiempo que ha recalcado que el decreto tiene toda la validez jurídica y da cobertura a los centros educativos.

La portavoz ha argumentado que con este decreto ahora hay un nuevo marco normativo que «fija cuáles son los criterios y los límites de la escuela catalana», y considera que se garantizará que las decisiones judiciales no afecten al funcionamiento de la enseñanza en Catalunya.

Sobre qué apoyos prevén en el Parlament para convalidar el decreto, la portavoz del Ejecutivo ha afirmado que ya están trabajando para lograr estos votos y ha defendido que es un buen decreto, por lo que cree que se podrá validar «sin problemas».

Catalán, lengua vehicular

El decreto ley, firmado por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, consta de cuatro artículos y en el primero expone que el objetivo de esta iniciativa es fijar los «criterios aplicables en la elaboración, la aprobación, la validación y la revisión» de los proyectos lingüísticos de las escuelas.
De esta manera, en el segundo artículo establece que el primero de estos criterios es que el catalán debe ser la «lengua propia, lengua normalmente utilizada, lengua vehicular y de aprendizaje, y lengua de uso normal en la acogida del alumnado».

También plantea que se debe garantizar que los alumnos alcancen el dominio oral y escrito del catalán y el castellano al finalizar la enseñanza obligatoria, y subraya la necesidad de que se analice el entorno sociolingüístico de los centros, del entorno general y de los objetivos de normalización lingüística «para garantizar la eficacia de los proyectos educativos y lingüísticos».

Además, el último de estos criterios es «la inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas».

Validación de proyectos lingüísticos

El decreto dicta que los centros educativos deben elaborar un proyecto lingüístico que se adecue a los criterios anteriores a través de las estrategias educativas y los recursos didácticos necesarios para alcanzar las competencias lingüísticas, y teniendo en cuenta «las necesidades educativas y la diversidad cultural y lingüística del alumnado».

Asimismo, señala que estos proyectos lingüísticos deben revisarse y modificarse «en función del conocimiento oral y escrito y del uso de las lenguas que el alumnado acredite en las diferentes etapas educativas» a través de pruebas y evaluaciones tanto internas como externas en periodos no superiores a los dos años.

Una vez elaborado por parte de las escuelas, la Conselleria de Educación deberá validar en el plazo de 30 días que el proyecto lingüístico se adecua a la normativa vigente y asume su responsabilidad legal.

En caso de que el departamento considere que el proyecto lingüístico no se ajusta a los criterios fijados por este decreto ley, deben revisarse lo antes posible en un plazo de seis meses desde el inicio del curso, y la Conselleria deberá asesorar a los centros en el proceso de elaboración de estos proyectos, «así como en la toma de decisiones que puedan afectarles de forma relevante».

Asimismo, la disposición transitoria del decreto indica que esta validación de los proyectos lingüísticos de los centros se deben aplicar a partir del inicio del curso 2022-2023.

Junts: «No frenará la justicia española»

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha avisado de que el decreto ley del Govern «no frenará la justicia española, decidida a acabar con el modelo de inmersión». «Estamos ante operación de estado para acabar con el modelo de escuela catalana. Los tribunales volverán a atacar la escuela catalana, pero se encontrarán con un gobierno independentista dispuesto a plantar cara», ha destacado en rueda de prensa, donde ha añadido que el modelo de escuela catalana no estará del todo protegido hasta que Catalunya sea independiente.

Tras apuntar que «la justicia, con la complicidad del PP y PSOE, intentará imponer el castellano a golpe de ley», ha reivindicado la vía del decreto ley para buscar una solución a la sentencia del TSJC y los cambios en su contenido.

Según Rius, el decreto ley será una herramienta útil, y ha confiado en que los tribunales aplicarán la ley: «Sabemos que los tribunales, muchas veces, actúan con intereses que no deberían pasar. Confiamos en que tribunales aplicarán las leyes que aprueban las cámaras legislativas».

El PSC avisa de que no apoyará el decreto

La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, ha avisado de que su formación no apoyará el decreto del Govern sobre el catalán en la escuela «si tiene la voluntad de esquivar o de incumplir sentencias».

Preguntada en rueda de prensa, Moret ha asegurado que en el PSC no han conocido el contenido del decreto hasta su presentación a los medios, y ha sostenido que «esta propuesta de decreto es una improvisación del Govern para esquivar la sentencia del TSJC».

Considera que el decreto que impulsa el Ejecutivo catalán es «fruto del nerviosismo», porque el plazo para cumplir con la sentencia termina este martes, y ha insistido en las sentencias se deben cumplir, gusten o no gusten.

Ha asegurado que han cerrado el acuerdo con ERC, Junts y En Comú Podem para impulsar la nueva ley sobre el catalán en la escuela precisamente «con la voluntad de cumplir mejor y con mejores condiciones las sentencias».

Preguntada por los periodistas, Moret ha apostado por que esta nueva ley sobre el catalán se lleve al Parlament «lo antes posible» una vez el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) emita el dictamen solicitado por Vox, Cs y el PP sobre el texto.