Los servicios de atención a la transexualidad integrados en los centros de salud de Osakidetza abrirán este año, al menos en Bizkaia y en Gipuzkoa, con el objetivo de prestar acompañamiento sicológico afectivo a este colectivo.

Así lo ha anunciado este lunes el viceconsejero de Salud, José Luis Quintas, que ha comparecido en una comisión parlamentaria para dar su opinión sobre los aspectos médicos de la modificación de la 'Ley vasca de no Discriminación por Motivos de Identidad de Género y de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Transexuales' que tramita la Cámara.

Esta reforma legal, que parte de PNV, PSE y Elkarrekin Podemos-IU, tiene como principales novedades la garantía por ley de una cartera de prestaciones sanitarias para asegurar el derecho de las personas transexuales a recibir una atención integral y adecuada, y la puesta en marcha de al menos tres servicios de atención a la transexualidad, uno por herrialde, dentro de la red de Atención Primaria.

Quintas ha adelantado que estas unidades verán la luz este año, al menos las que echarán a andar en Bilbo y en Donostia, ya que ante la escasez de profesionales por el momento Osakidetza cuenta con solo dos sicólogos clínicos para prestar el servicio en ambos territorios.

Tras señalar que estas unidades ya estaban bastante avanzadas antes de la pandemia, ha precisado que se encargarán de dar acompañamiento sicológico y afectivo a través de estos sicólogos clínicos especialistas en sexología y en atención a la identidad de género. Comenzarán dando servicio a los menores, con la idea de ir extendiéndolo a todas las edades.

Con esta novedad, la Unidad de Atención a la Sexualidad que opera en el Hospital de Cruces desde 2010 dejará de prestar el acompañamiento sicológico, una vez que este se ofrezca desde los centros de salud. No obstante, continuará ofertando el resto de prestaciones, como la endocrina, la cirugía plástica, la urología y la ginecológica entre otras.

Por esta unidad pasaron en 2020 un total de 676 personas, de las que 232 eran menores de edad, 130 de menos de 16 años.

Quintas ha explicado también que Osakidetza está actualizando la guía de atención a personas transexuales para incoporar las novedades previstas en la ley, entre otros aspectos.

Acreditar la identidad de género

Por su parte, la directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad del Ejecutivo autonómico, Monika Hernando, ha incidido en que un total de 331 personas transexuales residentes en la CAV, el 54,3% (180) menores de edad, solicitaron entre 2016 y 2022 la documentación que facilita el Gobierno de Lakua para que acrediten su identidad de género de manera transitoria hasta que hagan el cambio en el Registro Civil.

Ha reconocido que la sociedad vasca se muestra mayoritariamente favorable a la diversidad sexual y de género, pero ha precisado que se advierten tendencias que reflejan que esta aceptación es «más comedida» cuando se habla de realidades intersexuales y transexuales que cuando hace referencia a ciudadanos homosexuales y bisexuales.

Y ha aportado algunas pinceladas de un estudio de Ikuspegi que se hará público a finales del mes de junio, en el que alerta de que el 50% de la población dice haber escuchado o presenciado comentarios negativos o rumores por la orientación sexual; el 42,5% ha oído insultos; el 17,9% ha conocido amenazas; y el 13, 5%, agresiones físicas.

«Vivimos un momento en el que la promoción de los derechos humanos pisa un suelo muy resbaladizo», ha lamentado Hernando, quien ha considerado importante generar discursos positivos sobre la diversidad y ha echado en falta «mayor y mejor» coordinación institucional en la atención a las víctimas de estos comportamientos, tras poner en valor el trabajo a pie de calle de Berdindu, el servicio de atención al personas LGTBI.

La transexualidad y el mundo laboral

En el Parlamento de Gasteiz también ha comparecido una delegación de LAB, que ha advertido de que «la diversidad de identidades de género que la ley pretende reflejar, reconocer y proteger no llegará al mundo laboral».

«El cumplimiento de la ley queda en manos de la buena voluntad de las empresas. La ley no genera obligación alguna, y la administración no se dota de ningún mecanismo para hacer efectiva la ley. Establece la misma estrategia que la ley de igualdad, y el resultado será el mismo: igual que no se avanza en la igualdad entre hombres y mujeres, esta ley no transformará la realidad de discriminación laboral de las personas trans. Cuando sean excluidas tendrán que demostrar que ha sido un caso de discriminación por motivos de identidad de género. La empresa y el empresario evitarán toda responsabilidad. La administración no hará prácticamente nada. Y quienes estamos luchando contra la discriminación en los centros de trabajo seguiremos sin instrumentos efectivos para conseguirlo», ha apuntado el sindicato.

Además, ha insistido en que, «si se quiere garantizar que la decisión de transitar sea libre se debe garantizar que no va a ser obstáculo ni problema para vivir en condiciones dignas. En estos momentos lo es, y si se aprueba la ley tal y como está, seguirá siendolo».