La instrucción del caso Erial ha finalizado con el exministro del PP y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, entre los veinte investigados por el cobro de comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos en Valencia.

El juzgado ha dado a las partes un plazo de diez días para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa, según el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado este jueves, que pone fin así a una instrucción que tuvo su momento más destacado con la detención de Zaplana hace ahora cuatro años.

Además de Zaplana, en el caso Erial también figuran como imputados el también expresidente de la Generalitat José Luis Olivas, el exconseller y ex secretario de Estado con el PP Fernando Castelló, la exdiputada del PP Elvira Suanzes y empresarios como Francisco Pérez López, representante de una gasolinera y posible testaferro, Saturnino Suanzes, abogado y posible gestor de fondos B y hermano de la citada ex diputada autonómica, y la secretaria de Zaplana Mitsuko Henríquez.

Sobre Zaplana y la mayor parte de procesados pesan las acusaciones de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, organización criminal y falsedad documental.

Zaplana se convirtió en el segundo expresidente de la Generalitat Valenciana del PP, de los cuatro con los que ha contado este partido, detenido y en el tercero  investigado por la justicia por posibles delitos de corrupción.

El 22 de mayo de 2018 fue detenido Zaplana –y otros investigados en esta causa–, si bien se le puso en libertad el 7 de febrero de 2019. De esos 259 días, 51 los pasó en el Hospital La Fe de Valencia, donde fue asistido para controlar varias dolencias que son consecuencia de la leucemia que padece desde 2015.

Aunque fue hace cuatro años cuando se conoció esta causa, la investigación se inició en 2015 por el Juzgado de instrucción número 8 de Valencia en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, a raíz de unos papeles aportados por el ‘Yonqui del dinero’, Marcos Benavent, con indicios de presuntas actividades delictivas de Zaplana.

El caso Erial

El caso Erial se centra en las adjudicaciones de las ITV de Valencia en 1997 y en el plan eólico en 2011. El caso se abrió para investigar el supuesto cobro de 10,5 millones en comisiones derivadas de esas concesiones.

Se han logrado recuperar cerca de siete millones de euros que habían sido transferidos a una entidad bancaria suiza y cuya propiedad, al 90 %, es de Zaplana, según estimaciones de las fuentes judiciales.

Según consta en el sumario del caso, las adjudicaciones amañadas pudieron reportar a esta organización corrupta un monto total de 10.521.351,3 euros.