EH Bildu ha llevado este jueves al Pleno del Parlamento de Gasteiz una modificación de la Ley del Suelo para intentar obligar a que desde la planificación urbanística se reserve para alquiler social el 50% de las viviendas de protección oficial. Con la propuesta realizada por Unai Fernández de Betoño, pretendía hacer frente a la demanda no satisfecha de viviendas en alquiler de 61.000 unidades familiares.

Los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE, han votado en contra, al igual que PP y Vox. Pero de nuevo, lo llamativo es que lo han hecho sin entrar en debate con la fuerza proponente. La parlamentaria jeltzale, Irune Berasaluze, y la del PSE, María Jesús San José, han intervenido en el turno de explicación de voto, quedándose de esta forma con la última palabra, sin permitir que Unai Fernández de Betoño pudiera replicar sus argumentos.

Esta forma de actuar, en la que los grupos gubernamentales renuncian a debatir con los proponentes de la oposición,  está siendo la habitual en esta legislatura. Lo han hecho ya en nueve ocasiones con proposiciones de ley de EH Bildu (en una de ellas intervino el PSE pero no el PNV) y en las dos presentadas por Elkarrekin Podemos-IU.

Han sido proposiciones de ley contra la corrupción, contra las puertas giratorias y en favor de la transparencia, para garantizar el derecho al euskara, de bienestar energético o para crear un Consejo Audiovisual, además de otras dos propuestas que incidían en el problema de la vivienda.

Y hay que explicar que de lo que se trata en estos plenos no es del contenido concreto de la propia ley, sino de si se admite que sea tramitada. Después durante los meses de tramitación, puede procederse a su cambio a través de enmiendas. Así ocurrió, por ejemplo, con la proposición para reformar la ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Se admitieron conjuntamente las propuestas de EH Bildu y PP+Cs y su contenido se alteró hasta fijar un acuerdo final entre PNV, PSE y PP+Cs.

«El PNV votó contra la ley de 2015»

Según ha explicado EH Bildu, el cambio legal que ya se efectuó en 2015, después de cinco años de vigencia, en 2020, todas las VPO promovidas por la Administración deben dedicarse a alquiler. Sin embargo, Unai Fernández de Betoño ha explicado que los ayuntamientos esquivan esa obligación para obtener beneficios rápidos vendiendo suelo edificable a promotores privados para que sean ellos quienes construyan y vendan los pisos, en vez de ofrecerlos en alquiler.

Fernández de Betoño ha recordado que en 2015 esa reforma legal se aprobó con el voto en contra del PNV, lo que en su opinión puede ayudar a entender que determinados entes locales estén esquivando su aplicación. Para evitar esto, EH Bildu considera que es indispensable impulsar desde la Administración el alquiler social y sostiene que es preciso cambiar la Ley de Suelo, obligando a dedicar a alquiler el 50% de las VPO, incluidas las de promoción privada.

Unai Fernández de Betoño ha apuntado que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos han registrado en el Congreso un proyecto de ley similar, y también lo han hecho PSN y Geroa Bai en Nafarroa. Por eso ha dicho no entender cómo el PSE rechaza en la CAV lo que PSOE apoya en Madrid y PSN en Iruñea. Las cifras de reserva son diferentes, pero eso se podría tratar durante la tramitación parlamentaria.

La proposición de ley de EH Bildu ha contado con el apoyo de Elkarrekin Podemo-IU. Su parlamentario, Iñigo Martínez Zatón, ha señalado que en caso de que se hubiera admitido a trámite, habrían presentado enmiendas, pero en líneas generales ha mostrado el acuerdo de su grupo, recordando que en el Estado ya se está yendo por esa vía.

En cuanto a los argumentos del Gobierno «que, sin establecer ningún porcentaje para sustentar su argumentación, dice que la proposición de ley no está suficientemente motivada, y que no responde a un juicio de razonabilidad», ha respondido que «a mí eso me suenan a mantras de una doctrina neoliberal en la conducción de la economía y de la política pública, que si los contrastamos con la necesidad acreditada que hay de vivienda en Euskadi se caen por su propio peso».

Explicaciones del no

En el turno de explicación de voto, Muriel Larrea, de PP+Cs, ha asegurado que su grupo ha votado en contra porque la propuesta de EH Bildu «atenta contra tres pilares» que defiende su partido, «la libertad de mercado, la propiedad privada y la autonomía municipal».

María Jesús San José, del PSE, se ha limitado en su intervención a reproducir los argumentos del Gobierno en contra de su admisión a trámite: que ya hay regulación legal suficiente (aunque según EH Bildu esto no evita que el parque de alquiler social sea solo el 3%, mientras la media europea es del 9%), que la ejecución de lo propuesto es prácticamente inviable, y que no tiene motivación suficiente para afectar de esta manera a la propiedad privada.

La jeltzale, Irune Berasaluze, ha utilizado argumentos similares al PSE, aunque su discurso lo ha realizado en euskara. Pero además, ha respondido a lo dicho por EH Bildu sobre el truco que utilizan algunos ayuntamientos para saltarse la norma, aduciendo que hablar de que eso puede vulnerar la ley «es mucho decir», porque «habría que ver las razones de esas actuaciones y en qué utilizan los ayuntamientos la rentabilidad que obtienen».

Vox, que también ha votado en contra, ni siquiera ha explicado por qué.