Personas migradas y racializadas junto a redes y colectivos de apoyo mutuo dormirán en la calle en varias localidades de Euskal Herria para reclamar el derecho a la no discriminación y a una acogida digna que las administraciones deben garantizar.

La movilización tendrá lugar el miércoles para reclamar a los gobiernos de Lakua y de Nafarroa que se garanticen los derechos fundamentales de las personas que viven o están de paso, especialmente para aquellas que no cuentan con una vivienda digna. En esta línea, urgen a disponer de planes dotados de medios y presupuesto suficientes y con recursos accesibles.

Hasta el momento, hay convocadas acciones en Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Barakaldo, Irun y Artea-Igorre. Antes de dormir en la calle, realizarán distintos como kalejiras con esterillas y cartones y micros abiertos.

Las organizaciones convocantes pretenden denunciar la legislación de extranjería, que consideran la máxima expresión del racismo institucional, que impide a miles de personas desarrollar sus proyectos de vida y les condena a la irregularidad.

En la actualidad, en la calle, hay más de medio millar de personas que no disponen de acceso a una vivienda y tienen dificultad para empadronarse.  «Sufren el acoso policial para que vayan a dormir a otros lugares menos visibles, o son objeto de repetidas identificaciones racistas, que se convierten, para quienes están en situación administrativa irregular, en la antesala de citaciones ante la Brigada de Extranjería, internamientos en CIE o expulsiones», señalan.

«No cumplen con los planes»

Tras haber firmado el Pacto Social Vasco por la Migración, o haber llevado a cabo diagnósticos y planes de acogida en Nafarroa, «ningún departamento de las administraciones vascas y forales, ni los ayuntamientos han cumplido con sus planes de acogida e inclusión», afirman.

«Tenemos claro que si no ponen los medios para hacer frente a esta situación es porque no tienen voluntad política. Cuando hay voluntad y responsabilidad, los medios se activan, y así lo demuestra la acogida que las instituciones están brindando a las personas refugiadas de nacionalidad ucraniana», añaden.

Los colectivos organizadores opinan que las administraciones conocen estas carencias, pero hacen oídos sordos a las demandas de soluciones. “«u argumento estrella es publicitar lo que ya hacen. Ningún argumento para justificar por qué dejan fuera a una parte de las personas».

Echan en falta la existencia de protocolos verificables y claros, una coordinación entre administraciones y unos criterios comunes. «Declaraciones genéricas que pretenden situar a la CAV y Nafarroa a la vanguardia en políticas sociales, abundan. Planes para abordar la acogida digna y el sinhogarismo, no faltan. En cambio, la realidad, por desgracia, desmiente esa retórica», denuncian.