Activistas y grupos de derechos humanos israelíes intentan desde hace años poner límites al programa de espionaje Pegasus, frenar su exportación y conocer la lista de clientes de su empresa productora, NSO Group, pero todos sus intentos en Israel han sido en vano.

El abogado israelí Eitay Mack es una de las caras más visibles de esa lucha que busca vetar el uso de Pegasus y que reclama el derecho a conocer cómo el Estado judío y NSO gestionan su venta.

NSO dice que solo vende Pegasus a gobiernos y agencias estatales para luchar contra el terrorismo o el crimen organizado. Sin embargo, «la tentación de abusar del sistema para obtener ganancias políticas o violar derechos de opositores y voces críticas es demasiado grande», advierte Mack, quien aboga por su «prohibición total».

Este abogado ha presentado numerosas peticiones al Estado y a los tribunales israelíes para obtener detalles de las exportaciones del software o pedir la cancelación de sus licencias, pero todas han sido rechazadas o siguen pendientes de respuesta, según explica en una entrevista a Efe.

Según denuncia, ese «secretismo» y «falta de transparencia» son propios de la vía libre que Israel da a su potente industria armamentística y de inteligencia militar, con tecnologías punteras que tienen mucha demanda. Entre estas, Pegasus fue su producto estrella.

De acuerdo con Mack, la política del Estado judío se ha basado tradicionalmente en dejar que sus empresas firmen pactos bajo el radar con regímenes de todo tipo, ya sea dictaduras, autocracias, países que vulneran derechos humanos o involucrados en conflictos armados, todo ello sin desclasificar documentos ni rendir cuentas públicas.

Con Pegasus, Israel siguió este patrón: alimentó su exportación por interés propio e hizo la vista gorda a las violaciones cometidas por muchos gobiernos que lo adquirieron, asegura Mack.

Entre ellos estarían el Estado español y EEUU, democracias en retroceso como India, Polonia o Hungría, y monarquías autocráticas como Arabia Saudí o Marruecos.

El Gobierno israelí da el visto bueno a las exportaciones

Los recientes escándalos de espionaje «nunca afectan a Israel», sino a NSO, pero la empresa «opera con licencia del Gobierno» y ha sido clave «en los juegos diplomáticos y económicos» del Gobierno isarelí, asegura el abogado, quien apunta a que muchos países de la comunidad internacional evitan señalar directamente a las autoridades israelíes porque ellos mismos se han servido del software espía.

De hecho, es el Ejecutivo israelí quien tienen la última palabra para decidir a quién vender o no el programa: un organismo del Ministerio de Defensa supervisa y debe dar el visto bueno a todas sus exportaciones, ya que Pegasus es considerado un tipo de armamento.

Pero ni Israel ni NSO han hecho nunca pública la lista de países clientes, alegando confidencialidad y razones de seguridad, lo que ha sembrado aún más sospecha entre sectores críticos.

Pegasus también habría sido usado por Israel como moneda de cambio para moldear a su favor los lazos con otros países y lograr ciertos objetivos diplomáticos, según el diario ‘The New York Times’.

Así, México y Panamá cambiaron su postura hacia Israel en votos clave de la ONU tras obtener acceso a Pegasus, y este también influyó en las negociaciones de los Acuerdos de Abraham, con los que Israel normalizó relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos en 2020. Los tres países árabes ya disponían del software espía.

Israel y Arabia Saudí estrecharon también vínculos a través de Pegasus, que Ryad habría comprado en 2017 y cuyo acceso habría perdido tras la muerte del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en 2018.

Aún así, el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, logró recuperar el servicio tras llamar al entonces primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que intervino para que se retornara el software a los saudíes, según el citado diario estadounidense.

También se usa en Israel

A ello se suman las primeras evidencias este año de que la Policía israelí usó Pegasus para espiar a ciudadanos del país. La Autoridad Nacional Palestina acusó a Israel de usarlo contra sus funcionarios y también contra activistas palestinos.

Esto hizo que la Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI) presentara demandas en los tribunales pidiendo aclaraciones, aún sin respuesta. En 2021, EEUU también impuso sanciones a NSO tras el escándalo sobre el uso indebido del sistema contra activistas, reporteros o políticos, que reveló una investigación periodística global.

La empresa empezaba a ser tratada como una bestia negra e Israel se veía forzado a anunciar un endurecimiento del control de sus exportaciones. Sin embargo, Mack lo vio más bien como una medida cosmética para que el Estado judío cubriera sus espaldas.

«No hay presión sobre el Gobierno israelí», que «no paga ningún precio» por las violaciones cometidas, concluye Mack.