Con las vigilias esta noche de miércoles a jueves en Bilbo, Donostia, Gasteiz, Iruñea, Barakaldo, Irun e Igorre, precedidas de actos como kalejiras o micros abiertos, se ha exigido a los gobiernos de Lakua y Nafarroa «que se garanticen los derechos fundamentales de las personas que viven o están de paso, especialmente para aquellas que no cuentan con una vivienda digna». «Urge disponer de planes dotados de medios y presupuesto suficientes y con recursos accesibles», han destacado los convocantes.

En Donostia han sido unas 50 personas las que han pernoctado junto a la Diputación de Gipuzkoa, un punto que no es la primera vez que concentra iniciativas solidarias de este tipo.

En la capital vizcaina, la vigilia se ha desarrollado en los tinglados del Arenal, sobre cartones, y se ha iniciado tras una marcha que tuvo cuatro paradas en otros cuatro puntos significativos de la situación actual: Abando, donde se ha denunciado el afán de invisibilizar esta cuestión; una oficina bancaria, para subrayar la afección de las trabas burocráticas a personas migrantes; la oficina de Extranjería, a fin de rechazar las leyes vigentes; y la ría del Ibaizabal, en demanda de pasos seguros.

Al llegar al Ayuntamiento, antes de caer la noche, el micrófono ha corrido de mano en mano entre las personas migrantes que han querido aportar su testimonio.

Reivindicaciones

Con estas iniciativas en estos y otros puntos, los participantes han subrayado la «denuncia de la legislación de extranjería», que consideran «la máxima expresión del racismo institucional», porque «impide a miles de personas desarrollar sus proyectos de vida y les condena a la irregularidad».

Recuerdan que, en la actualidad, «hay más de medio millar de personas en la callen que no disponen de acceso a una vivienda y tienen dificultad para empadronarse».

«Sufren el acoso policial para que vayan a dormir a otros lugares menos visibles o son objeto de repetidas identificaciones racistas, que se convierten, para quienes están en situación administrativa irregular, en la antesala de citaciones ante la Brigada de Extranjería, internamientos en CIE o expulsiones», señalan.

Además, apuntan que «tras haber firmado el Pacto Social Vasco por la Migración, o haber llevado a cabo diagnósticos y planes de acogida en Navarra, ningún departamento de las administraciones vascas y forales, ni los ayuntamientos han cumplido con sus planes de acogida e inclusión».

«Tenemos claro que, si no ponen los medios para hacer frente a esta situación, es porque no tienen voluntad política. Cuando hay voluntad y responsabilidad, los medios se activan, y así lo demuestra la acogida que las instituciones están brindando a las personas refugiadas de nacionalidad ucraniana», precisan.